Tras el ataque en la escuela de San Cristóbal, donde un adolescente asesinó a otro el pasado 30 de marzo, durante todo abril se sucedieron amenazas de atentados en instituciones educativas de toda la provincia. A raíz de este episodio, y para intentar atenuar y frenar las amenazas, a finales de abril el Ministerio de Seguridad informó que iba a identificar a quienes realizaran las amenazas para que los adultos responsables pagaran los gastos de los operativos de seguridad. Fueron notificadas 53 personas por distintos montos, aunque únicamente pagaron seis.
Las notificaciones datan de la última semana de abril (cuando se implementó la medida por primera vez) y todo mayo. El total de gastos en estos operativos estimado por Seguridad fue de $139.429.864. Diez notificaciones se reportaron en la Unidad Regional XVII correspondiente a San Lorenzo, siete en la URII de Rosario, seis en la URI de La Capital y seis en la URXI de Las Colonias. El resto se hicieron en los departamentos Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.
A pesar de la cantidad de notificaciones, sólo se abonaron seis sanciones por un total de $9.824.430. Este monto equivale al 7,2 % de lo calculado por el Ministerio en gastos de Seguridad para resguardar a las instituciones educativas en los casos de amenazas.
En la Regional II de Rosario únicamente se efectuó un pago el 26 de mayo de $2.838.352. El total de gastos según lo calculado por el Ministerio de Seguridad en la jurisdicción de esta unidad fue de $17.137.679. Además, hubo dos pagos concretados el 12 de mayo en San Lorenzo por $805.443 cada uno y un tercero por el mismo monto, realizado el 5 de mayo. En Santa Fe sólo se recibió un pago de $1.009.442 el 7 de mayo y en Iriondo se efectuó un pago de $3.560.307.
Desde el gobierno aclararon que en los casos en los que no se efectuaron los pagos, se inicia el proceso judicial a cargo del fiscal de Estado, Domingo Rondina. Este proceso puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales.
>> Leer más: Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas
El protocolo de cobro por las amenazas
Durante la semana en la que se anunció el envío de las sanciones económicas a los adultos responsables, los hechos mermaron en toda la provincia. Pasaron de reportarse 80 en el día, a 15 amenazas diarias. Y rápidamente fueron disminuyendo hasta llegar a cero.
La medida se implementó con dos objetivos: desalentar las amenazas, pero también recuperar lo invertido en los operativos de seguridad. El primero se cumplió, el segundo todavía no.
El procedimiento de cobro tenía un mecanismo de recupero y resarcimiento de gastos de manera inmediata. Para que el Estado pudiera reclamar el dinero debía existir una causa penal iniciada, con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y una notificación formal al Ministerio de Justicia y Seguridad. A partir de ese momento, se habilitaba el procedimiento administrativo.
El monto variaba de acuerdo a la ubicación del hecho, la magnitud del operativo, la participación de bomberos y la intervención de los agentes locales. Una vez identificado el responsable y calculado el costo, se notificaba de manera presencial a los adultos responsables de los alumnos, ya que en la mayoría de los casos eran menores de edad. En la misma notificación se indicaban además las cuentas bancarias oficiales.
>> Leer más: Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera
Impugnaciones al mecanismo
Si bien esta medida desalentó las amenazas porque se enviaban móviles policiales a las casas de los tutores de los alumnos, no se efectivizaron los pagos. Esto tiene que ver con los montos altos que pretendían que las familias pagaran, los mecanismos de investigación y cobro.
La primera semana de abril comenzaron a realizarse impugnaciones formales en la Justicia, ya que abogados representantes de las familias sostenían que los hechos no cuadraban con los delitos de amenazas. Entendían que la figura requiere condiciones específicas como la existencia de un daño concreto, una persona determinada y un contexto de coerción real.
Por otro lado, hubo quienes remarcaron que el Estado no podía cobrar esta especie de multa sin recurrir previamente a una investigación judicial y una orden de un juez.
