El fiscal aplicó un "criterio de economía procesal" para evitar un desfile de 600 testigos. Herrera y dos hijos seguirán presos a la espera del debate oral
El financista Luis Herrera, al momento de su captura por las estafas.
El juicio oral y público en el caso de las estafas cometidas por el financista Luis Herrera, sus hijos Ignacio y Diego, y su esposa Marta aún no tiene fecha de inicio. Sin embargo la Justicia determinó que Herrera y sus dos hijos seguirán en prisión preventiva hasta el inicio de esta instancia. De los 462 casos sólo van a juicio 129 por un perjuicio de 9.870.478 dólares. Si se tomaran las 462 causas el dinero total por las estafas treparía a los 34.850.235 dólares.
El fiscal Sebastián Narvaja pidió 13 años de prisión para Luis, 9 para sus hijos Ignacio y Diego, y 5 para su esposa. En noviembre de 2022, el financista Luis Herrera fue imputado junto a su familia por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. Aunque los tres hombres estuvieron cerca de recuperar la libertad, finalmente continuarán bajo prisión preventiva. Los perjudicados por estos hechos son 85.
La investigación había sido iniciada por Miguel Moreno, entonces fiscal de la Unidad Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y hoy camarista, quien calculó un perjuicio económico cercano a los 30 millones de dólares, pero con el avance de la causa trepó a 38. Tras varios vaivenes a lo largo de estos cuatro años, la causa había encaminado una salida a través de un juicio abreviado para Herrera y sus hijos, con el objetivo de fijar condenas y avanzar en resarcimientos económicos. Sin embargo ese acuerdo cayó.
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A lo largo de la investigación la Fiscalía concluyó que desde la firma Fernández Soljan S.A., habilitada como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), se montó una estructura destinada a captar ahorros de antiguos y nuevos inversores. Según la maniobra atribuida, se ofrecía sacar el dinero del país con la promesa de colocarlo en operaciones del Chicago Board of Trade.
Sin embargo, para los fiscales los fondos no eran destinados a esas inversiones, sino desviados hacia otros fines o integrados a un esquema con características piramidales. De acuerdo con la acusación, para sostener esa operatoria se entregaban resúmenes de cuenta falsos, liquidaciones periódicas apócrifas enviadas desde correos institucionales y documentación que simulaba operaciones reales en mercados internacionales.
Los jueces Paula Álvarez; Gonzalo Fernández Bussy y Ramiro López Quintana resolvieron tratar solo las 129 causas asignadas. El fiscal que lleva la causa, Sebastián Narvaja, admitió que los hechos investigados sean los de esa selección argumentando “criterios de economía procesal, razonabilidad y adecuada administración del caso”.
Narvaja sostuvo que es potestad del MPA direccionar la investigación y que el recorte se hizo a los efectos de garantizarle a los acusados un juicio en plazos razonables. El juicio por 129 casos ameritará la presentación de unos 300 testigos, por lo que si se pusieran sobre la mesa los 462 casos, el desfile de testigos superaría los 600.
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En tanto la defensa a cargo de Lucio Pérez Castelli y Juan Manuel Cayón Roulet se opuso a esa “acusación parcial” planteando que se estaría afectando la garantía de la defensa en juicio y podría suponer la violación futura del derecho a que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Entienden que está el riesgo de que hoy le hagan el juicio a Herrera por 129 hechos y en el futuro por el resto de los casos, por lo que plantearon que la acusación sea total y no parcial.
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Por Florencia O’Keeffe
