La firma biotecnólogica califica de "extorsiva" la medida del empresario local. En el mercado financiero entienden atípico el volumen de inversión que ahora reclama. Pasado en los Panamá Papers
Directores y exfundadores de Bioceres denuncian maniobras de extorsión de Sergio Airoldi.
El empresario rosarino Sergio Airoldi inició una acción penal contra la compañía biotecnológica Bioceres SA por una deuda impaga de 1.75 millones de dólares en pagarés bursátiles. La denuncia, presentada ante la Procelac, acusa a la empresa de lavado de activos, lo que ha trasladado el conflicto comercial al fuero federal.
La denuncia penal que sacudió al directorio de Bioceres SA tiene como protagonista al CEO de Air Computers, empresario rosarino con más de 50 años de trayectoria en el rubro informático.
El 12 de junio de 2026, su empresa Air SRL presentó la demanda ante la Delegación Rosario de la Procelac, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, por un saldo impago de 1,75 millones de dólares en pagarés bursátiles.
Bioceres califica esta medida como una maniobra extorsiva diseñada para forzar un acuerdo económico fuera del proceso judicial ordinario.
Airoldi había invertido entre abril y julio de 2024 un total de 2.000.000 de dólares en pagarés bursátiles emitidos por Bioceres SA, colocados en el segmento no garantizado del Mercado Argentino de Valores (MAV). La operación contrasta con el perfil histórico de su empresa y abre interrogantes en el mercado local.
Sobre todo respecto a la vida financiera del empresario, que se desprenden de la información pública. La misma reafirma al entorno del directorio y grupo de fundadores de la empresa denunciada en que “la denuncia por lavado de dinero que presentó Airoldi” en los tribunales federales "es la coronación de una serie de maniobras extorsivas que venimos padeciendo desde hace meses”.
El denominador común que ven es “la búsqueda de un arreglo económico por fuera del proceso que lleva la justicia provincial de Santa Fe". De hecho, desde el grupo de ex fundadores de Bioceres señalan que previo a la denuncia existieron conversaciones con representantes de Airoldi para explorar alternativas fuera del proceso concursal.
Air Computers / Air SRL es una compañía rosarina dedicada a la venta, distribución y ensamble de equipos tecnológicos con marcas propias CX, Performance y Mobox. Tiene plantas en el Parque Industrial de Alvear y operaciones en Tierra del Fuego.
Airoldi fue referente de la Confederación General Económica CGE en Rosario y en los últimos años diversificó el grupo hacia movilidad eléctrica, energía solar, exportación de alimentos y la adquisición de la bodega Titarelli en Mendoza.
El dato que llamó la atención del mercado y en entorno más cercano del directorio de Bioceres es que, según información pública, Air SRL no registra actividad financiera ni de inversión bursátil como objeto social. Sin embargo, entre abril y julio de 2024 invirtió USD 2 millones en pagarés emitidos por Bioceres SA. Solo cobró el primer vencimiento por USD 250.000. El volumen operado es atípico para una pyme del sector tecnológico.
La información que trasciende deja saber que integrantes de la familia Airoldi aparecen mencionados en la base de datos de “Panama Papers”, que expuso estructuras offshore del estudio Mossack Fonseca vinculadas a Air Computers e Intgomex. Los especialistas aclaran que figurar en esa base no implica ilegalidad, pero sí expone una arquitectura financiera que excede el rubro informático.
La denuncia fue patrocinada por los abogados penalistas Froilán Ravena y Renzo Biga, especialistas en fuero federal de Rosario. El estudio ejerce actualmente la defensa de Fernando Whpei, imputado en una causa que también tramita en el fuero federal. Procelac, donde se presentó la denuncia, es el mismo organismo que investiga esa causa.
Paralelamente, la familia Airoldi impulsa el proyecto inmobiliario “Quon”: torres de usos mixtos proyectadas en el predio del histórico local de Air Computers, en pleno microcentro rosarino. El desarrollo está en tratamiento en el Concejo Deliberante, lo que vincula al grupo con la agenda urbanística municipal.
La quiebra de Bioceres SA y esta nueva denuncia penal abren un nuevo capítulo en la disputa por los activos y pasivos del grupo biotecnológico, mientras el mercado rosarino sigue de cerca los próximos movimientos judiciales.
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Por Thamina Habichayn