El Tribunal Federal de Rosario reconoció los daños a la salud por agroquímicos pero no encontró pruebas suficientes para condenar a la mayoría de los imputados
El Tribunal Federal N° 2 de Rosario dio a conocer el veredicto tras meses de audiencias y testimonios.
Sabrina Ortiz y otros vecinos anticiparon que continuarán con el reclamo tras el fallo que exculpó a los productores del periurbano de Pergamino.
El Tribunal Federal Nº 2 de Rosario, integrado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Cruz y Helena Beatriz Hilario, condenó este jueves por unanimidad a dos funcionarios municipales de Pergamino y absolvió al resto de los imputados en el juicio por fumigaciones con agroquímicos en zonas periurbanas.
La sentencia alcanzó a Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, quienes se desempeñaban como responsables de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, área encargada de controlar y fiscalizar las aplicaciones de agroquímicos en el partido. Ambos fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En cambio, fueron absueltos productores rurales, aplicadores y técnicos —entre ellos Fernando Cortese, Mario Reinero Roses, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Gratone y los hermanos Sabatini—, al considerar el tribunal que no se acreditó su responsabilidad penal en los términos exigidos por la ley.
En su fundamentación oral, el tribunal estableció un doble plano que atravesó todo el fallo: por un lado, dio por probado el daño ambiental y sanitario; por otro, consideró insuficiente la prueba penal para imputar responsabilidades individuales.
“No tenemos dudas de que la exposición a agroquímicos le provocó daños en la salud” de vecinos de Pergamino, señalaron los jueces, al tiempo que remarcaron que existe respaldo científico para vincular esas prácticas con enfermedades en zonas cercanas a fumigaciones.
Sin embargo, sostuvieron que la acusación no logró demostrar “más allá de toda duda razonable” que los imputados hayan fumigado en forma ilegal o con intención de contaminar, ni establecer con precisión el nexo causal entre conductas concretas y el resultado contaminante.
“El tribunal no está para resolver debates políticos o ambientales, sino para determinar si hubo un delito penal”, advirtió Lanzón al delimitar el alcance de la decisión, en un tramo clave de la lectura.
Respecto de los funcionarios condenados, el fallo fue contundente al describir un esquema de controles deficiente. Los jueces consideraron acreditado que desde la Dirección de Ambiente Rural se desplegó una actividad “disuasiva” frente a los reclamos vecinales, con ausencia de controles eficaces y una gestión que terminó siendo “aparente” en la fiscalización de las fumigaciones.
Para el tribunal, esas omisiones no fueron meras negligencias, sino un incumplimiento sostenido de sus funciones en un área clave para la prevención del daño ambiental y sanitario.
En ese marco, la sentencia dispuso además remitir copias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que se investigue la eventual responsabilidad del intendente de Pergamino (Javier Martínez) y otros funcionarios políticos durante el período analizado.
El fallo también resolvió mantener las medidas cautelares vigentes sobre restricciones a las fumigaciones hasta que la sentencia quede firme, aunque aclaró que su eventual ampliación deberá resolverse en otro ámbito.
La causa investigó aplicaciones de agroquímicos entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde vecinos denunciaron afectaciones a la salud por la proximidad con campos fumigados.
Tras conocerse el veredicto, la querella cuestionó con dureza la decisión y anticipó que recurrirá a instancias superiores.
“El veredicto no contempla absolutamente ninguna arista de las que se desarrollaron durante el juicio”, afirmó el abogado Carlos González Quintana. Y agregó: “Tiene que haber existido una falta de comprensión de todo lo que se reunió, un análisis bastante vago de lo que se discutió”.
El letrado sostuvo que apelarán el fallo y manifestó su expectativa de que “en una segunda instancia se tenga en cuenta todo lo que se probó y se alcance la justicia que venimos sosteniendo desde hace años”.
También se pronunció Sabrina Ortiz, una de las denunciantes centrales del caso, cuyo testimonio fue clave durante el proceso. En la puerta de los tribunales, tras la lectura del veredicto, planteó la continuidad del reclamo. “Esto es solo una instancia. No vamos a parar hasta que dejen de fumigar y hasta que paguen todo lo que hicieron”, afirmó.
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“Sabemos que la verdad está en la ciencia. Hay pruebas contundentes y nuestros cuerpos tienen veneno. Vamos a seguir luchando hasta que haya condena”, remarcó.
La lectura del fallo dejó un escenario complejo: un reconocimiento judicial explícito del daño producido por los agroquímicos y su impacto en la salud, pero sin traducción en condenas penales para quienes llevaron adelante las fumigaciones.
Desde el tribunal insistieron en que el derecho penal “es la última herramienta” y que no puede suplir definiciones que corresponden a políticas públicas o regulaciones estatales.
El juicio, considerado uno de los más relevantes en materia ambiental en el país, quedará ahora abierto a revisión en instancias superiores. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 10 de agosto.
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