Una denuncia por amenazas con arma a una vecina derivó en 2022 en el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína en la casa del puestero de un campo de Puerto Gaboto. La investigación sobre esos 28 panes con droga condujo a la otra costa del río: a unos 150 kilómetros aguas arriba, el productor y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante Leonardo Roberto Airaldi terminó acusado como jefe de una organización de tráfico de drogas por vía aérea y fluvial. Por ese delito fue sometido a un juicio oral en la ciudad de Paraná donde los fiscales pidieron que sea condenado a 14 años de prisión y el decomiso de su estancia por financiar maniobras de narcotráfico.
En su alegato de cierre en el debate, los fiscales pidieron además penas de entre 3 y 7 años para otros ocho acusados de integrar la red de tráfico. Según la investigación, la banda conectada a Rosario operaba desde los campos de Airaldi, donde funcionaba una pista clandestina para el aterrizaje de avionetas con cocaína y desde los que partían lanchas destinadas a la distribución. El ruralista es además investigado por el presunto plan para cometer atentados contra un fiscal federal, un juez y un ministro provincial.
En el debate declararon más de treinta testigos y se reanudará el 1° de julio con los alegatos de las defensas. Tras las últimas palabras de los acusados, el tribunal integrado por los jueces Noemí Marta Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello dará a conocer su veredicto el próximo 13 de agosto.
De Ludueña a Puerto Gaboto
El caso tiene un nexo fundacional con Rosario, donde Airaldi fue detenido por primera vez en la madrugada del 23 de julio de 2022 en barrio Ludueña. A las 3.20, efectivos de Gendarmería Nacional frenaron el paso de una camioneta Volkswagen Amarok en la que iban dos hombres y dos mujeres por Gorriti y Teniente Agneta. En la requisa encontraron dos pistolas 9 milímetros —una Browning y una Glock— once cargadores y 196 municiones de tres calibres distintos. Además hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Uno de los detenidos era Airaldi.
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El exdirigente de la Sociedad Rural entrerriana volvería a quedar en el centro de una pesquisa judicial, por azar, un mes más tarde. El 10 de agosto de ese año una mujer denunció por amenazas y violencia de género a un puestero de Puerto Gaboto. Cuando los policías fueron a detenerlo a su casa de Solís al 600, frente a un campo en las islas que regenteaba su patrón Airaldi, se encontraron con un embalaje de 29,5 kilos de cocaína de alta pureza debajo de una cama.
La droga contaba con etiquetas como Qatar —sede del Mundial 2022 que se comenzaría a jugar meses después— y Emiratos Árabes. También con la foto de un avión Boeing 737, aunque al menos la primera etapa del transporte de la droga, sospechaban los investigadores, se iba a hacer a través de la vía navegable troncal del río Paraná. Un fiscal federal de Santa Fe inició una causa, hubo allanamientos y detenciones, pero con el tiempo la causa se acumularía al otro lado del río, con una pesquisa federal entrerriana que también tenía a Airaldi como figura central de un esquema de narcotráfico.
Por agua y por aire
Las causas confluyeron en el juicio contra el productor rural —detenido por última vez mediados en 2024— y otras ocho personas iniciado el 3 de marzo pasado en Paraná. Los fiscales José Ignacio Candioti, Martín Uriona —coadyuvante de la Procunar—y Juan Podhainy pidieron 14 años de prisión para Airaldi, acusado de haber haber organizado y financiado maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, con base de operación en sus propios campos.
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El acusado escuchó el alegato fiscal conectado por medios remotos desde la cárcel de Ezeiza. Allí está alojado desde febrero de 2026 bajo un régimen de alto riesgo, debido a que es investigado en otra causa por planificar atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el propio fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos y exjefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia.
Los fiscales ubicaron a Airaldi como organizador y financista y señalaron como agravantes la “cantidad, variedad y calidad de estupefacientes involucrados en las maniobras investigadas”, el uso de aeronaves para el tráfico trasnacional y los “medios violentos” desplegados para sostener la organización, además de la “posibilidad cierta” que tenía el acusado de ganarse la vida por vías lícitas, dada su actividad agropecuaria.
Los acusadores solicitaron el decomiso de su estancia, llamada El Mirador, al considerar que fue utilizada para las maniobras ante las ventajas de su extensión, su ubicación estratégica sobre la costa del río —que permitía enlazar distintos centros poblacionales— y las dificultades de acceso al lugar.
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“Luego de este extenso debate de casi cuatro meses se ha probado sin lugar a dudas que Leonardo Airaldi dirigía una organización dedicada al comercio de estupefacientes e integrada por una pluralidad de personas”, afirmó el fiscal Candioti.
Una pista de 200 metros
La pesquisa entrerriana se inició en 2019, cuando el juzgado federal de Paraná encomendó a la Prefectura Naval Argentina tareas de inteligencia a partir de denuncias de vecinos que vinculaban a Airaldi con actividades de narcotráfico en un campo del acusado. “Los vecinos fueron concretos diciendo que había una pista de aterrizaje clandestina y ahí llegaba el estupefaciente”, indicó. Esto fue corroborado mediante registros obtenidos con drones que permitieron identificar un camino aplanado de entre 200 y 250 metros dentro del predio, y por fotografías que documentaron movimientos de aeronaves en el lugar.
En paralelo, la policía de Entre Ríos dio cuenta de testimonios sobre “movimientos raros por la noche” y la salida de embarcaciones. El fiscal general también hizo referencia a la presunta “cobertura policial” con la que contaba el acusado, referida incluso por autoridades de la policía provincial que aludieron a “una protección dentro de la misma fuerza”.
En ese punto, el fiscal consideró que el hallazgo de los 20 kilos en Puerto Gaboto reflejan “una cobertura de ciertas áreas de fuerzas policiales en la zona de Diamante que le permitían desplazarse a lo largo de muchos tramos ruteros, sin riesgo de ser detenido”. Y ponderó ese episodio como una muestra del funcionamiento de una estructura criminal que se mantuvo activa durante varios años.
“Hubo dos sólidas investigaciones, una realizada por la justicia federal de Paraná y otra por la justicia federal de Santa Fe, con la intervención de distintas fuerzas de seguridad. Ambas llegaban a la misma conclusión y vinculaban a Airaldi con una organización dedicada al comercio de estupefacientes”, resaltó.
Maples, lomos y un "novillito lastimado"
Los fiscales destacaron el valor de las intervenciones telefónicas y de mensajes recuperados de celulares, donde los implicados usaban un lenguaje codificado para referirse a las operaciones de narcotráfico con términos propios de la actividad agropecuaria como “lomo”, “carne”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos”.
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“Los maples van a llegar a Gaboto”, decía un mensaje que según los investigadores aludía al traslado de estupefacientes. En otros intercambios hablaban de un “novillito lastimado” para referirse a un ladrillo de cocaína que había llegado dañado y que incluso fue fotografiado. En otra conversación de 2022 uno de los involucrados mencionaba haber cobrado 10 millones de pesos “por salir a pescar”. “Es indudable que están hablando de comercio de tóxicos”, dijo el fiscal, y sostuvo que en las comunicaciones queda claro el rol de Airaldi: “Era el que daba las directivas”.
Los colaboradores
Los demás imputados fueron acusados por distintos grados de participación en maniobras de transporte, distribución y comercialización de estupefacientes. En ese marco, los fiscales solicitaron que sean condenados como coautores Juan Andrés Erbes a 7 años de prisión; Sebastián Agustín Armocida a 6 años y 4 meses y Roberto Fabián Coronel a 6 años.
Para Joel Schonfeld y María Soledad Touzet, considerados partícipes secundarios, requirieron penas de 4 años y 6 meses y de 3 años y 3 meses de prisión, respectivamente. Respecto de Touzet tuvieron en cuenta su situación desde una perspectiva de género a partir de la declaración que brindó durante el debate.
Por último, para Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, a quienes identificaron como los “eslabones más débiles” de la estructura criminal, solicitaron penas de 3 años y 2 meses de prisión para el primero y de 3 años de ejecución condicional para los dos restantes. Otros cinco acusados acordaron penas en instancias previas.
