Los desplazados encarnan la tragedia oculta de la guerra narco mexicana

La secuela de tiroteos y muertes oculta en México un drama más profundo y tanto más lacerante, el éxodo obligado de miles de familias que deben huir al quedar en medio del fuego de las bandas por el control del territorio.

Como si fuera en plena guerra, la mujer comenzó a sentir que una lluvia de balas caía sobre el techo de su casa, en otro cruento choque entre sicarios de los Zetas y La Familia, dos de los cárteles del narcotráfico más sanguinarios de México.

Cuando pudo, y sin dudarlo mucho, salió con su esposo y sus cinco hijos de la casa, corriendo por su vida en la madrugada. Al igual que otras familias de la aldea, ubicada en una sierra que divide los occidentales estados de Guerrero y Michoacán, huyeron del lugar prácticamente con lo puesto.

Poco después se enteraron de que los sicarios incendiaron sus casas y se adueñaron de sus tierras, en parte utilizada para plantar marihuana y amapola.

Por momentos la mujer lloraba, en otros reía y se alisaba el cabello nerviosamente al contar su periplo de hace dos años, que la llevó a vivir junto con su familia en el sobrepoblado municipio de Nezahualcóyotl, en la periferia de la capital mexicana.

"Eran varios pueblitos de gente unida pero fue una corredera, una lloradera... Hubo matazón y tuvimos que dejar solos a los animales y todo. Nos tocó sufrir, ni modo", narra la mujer, que ahora vive casi encerrada en una precaria casa, sin agua corriente. No quiere dar su nombre por miedo.

Según un estudio de la consultora Parametría, sólo entre 2010 y 2011 cerca de 700,000 personas se vieron forzadas a dejar el lugar donde vivían debido a la violencia a lo largo y ancho del país, desde la fronteriza ciudad de Juárez, en el norte, pasando por estados centrales como Zacatecas y hasta en el paradisíaco Cancún, en la costa Caribe.

Otro estudio más preliminar de la misma consultora y con un margen de error más amplio, indicó que un estimado de 1.6 millones se movilizaron por la violencia entre 2005 y 2010.

Las personas huyen tanto de zonas rurales como de grandes ciudades para no quedar en la línea de fuego entre cárteles rivales que luchan por territorio; tras la muerte de uno o varios familiares, para evitar ser la siguiente víctima y ante la falta total de protección por parte de las autoridades.

El estado de Tamaulipas, donde han ocurrido terribles masacres contra inmigrantes locales y centroamericanos por parte de los Zetas, ha visto éxodos de pueblos enteros como en la ciudad de Mier, donde este cártel, que inició con desertores del Ejército, amenazó con matar a todo aquel que se quedara.

El drama del desplazamiento forzado pasa casi desapercibido frente al macabro espectáculo de decenas de cadáveres dejados en plena vía pública, como ocurrió en noviembre en Guadalajara o en septiembre en Veracruz, dos de las ciudades más importantes del país.

Cerca de 47.000 personas han muerto desde diciembre del 2006 cuando el presidente Felipe Calderón lanzó, días después de asumir, operativos contra los cárteles con el Ejército y policías federales en una estrategia poco planificada que sólo ha llevado a una gran espiral de violencia, según críticos.

A menudo, pequeños comerciantes bajan la cortina de sus negocios y se van, hartos de las extorsiones de los cárteles o tras el secuestro o asesinato de algún familiar.

La vida de la familia de Rosario Osuna cambió totalmente tras el secuestro hace cuatro años, en Tijuana, de su sobrino junto con otras siete personas.

A pesar de haber pagado parte del rescate, el joven nunca apareció y su madre, hermana de Rosario, huyó hacia su natal Mazatlán ante señales de amenazas y sospechas de complicidad de la policía en el caso.

"Yo, mi familia, la gente que está esperando que le den noticias no cree que esto vaya a cambiar. Nosotros hemos pagado el precio más caro de este «reto» del presidente" contra la delincuencia, dijo a Reuters en la ciudad de México.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), organismo que podría dar asistencia como lo hizo en el caso de Colombia años atrás, sólo puede intervenir en este problema si el Gobierno mexicano o algún gobierno estatal lo solicita, algo que por ahora no ocurre.

Desinterés estatal. "Hay un desinterés del Estado mexicano por asumir la obligación que le es inherente de asistir, prevenir y resolver el problema, realizando un registro de las personas en esta condición para instrumentar medidas", dijo Fidel López, coordinador del grupo de análisis sobre desplazamiento forzado con sede en el Instituto Mora.

Sólo en la fronteriza ciudad de Juárez, que con un índice de homicidios de 272 por cada 100.000 habitantes es vista como la más violenta del mundo, cerca de 239.000 personas salieron en los últimos cuatro años, la mitad hacia otros estados del país y el resto a Estados Unidos como inmigrantes ilegales.

La ciudad de México y el central Querétaro, uno de los estados más pequeños del país pero con una pujante industria, es uno de los oasis de paz que quedan y está recibiendo a quienes huyen de las extorsiones, balaceras y secuestros.

Abelardo Ledesma, director del servicio estatal de empleo de Querétaro, dijo que en noviembre el 51 por ciento de los que solicitaron trabajo eran de otros estados, de los cuales un 30 por ciento dijo haber llegado allí escapando de la violencia.

Raúl, un joven mesero oriundo de Veracruz, dejó Cancún harto de la presión para vender droga en el bar donde trabajaba y luego de que un amigo muriera frente a él, en un asalto.

"Hasta hace tres o cuatro años Cancún era tranquilo. Ahora en los bares te obligan a vender droga, hay «levantones» (secuestros) casi todos los días", narró.