Uno de los grandes males de la Argentina es el continuo cambio de políticas públicas. El kirchnerismo ha agravado esa patología, con bruscos giros de timón que no tienen otro fundamento que las necesidades partidarias más inmediatas. Durante la presidencia de Menem, Néstor Kirchner fue un decidido defensor de la privatización de YPF. Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia desde 2003, fue entonces miembro informante en la Cámara de Diputados de ese proyecto. Kirchner presionó a Repsol, hace unos años, para que aceptara el ingreso de Enrique Eskenazi, un amigo suyo (“amigo”, en el sentido que esta noble palabra pueda tener en el mundo de los negociados) como socio de la empresa. Lo hizo sin poner un peso, con el compromiso de realizar los aportes correspondientes con las utilidades que le distribuyeran. Ese acuerdo insólito debió ser justificado por Repsol argumentando que el nuevo socio era “experto en mercados regulados”, pese a no tener la menor experiencia en el rubro energético. La traducción del eufemismo podría ser esta: nos conviene asociarnos con Kirchner para que nos facilite los negocios. Todavía en diciembre de 2011 la presidenta de la Nación celebraba el gran desempeño de la empresa. Sin embargo, pocas semanas más tarde, por razones que ignoramos, nos informaron que Repsol era más malo que el Petiso Orejudo y que se expropiarían sus acciones. Así se hizo, mediante un procedimiento vergonzoso, sin la indemnización previa que exige la Constitución y tomando posesión de los inmuebles de la compañía ostentosamente, con el precario respaldo de un decreto. En aquella oportunidad, ominosa para la reputación argentina en el mundo, el ideólogo de la confiscación, Axel Kicillof, sostuvo que no se le pagaría un peso de indemnización a Repsol, porque en todo caso era esta sociedad española la que le debía dinero a la Argentina por pasivos ambientales. Hace pocas horas, se nos informó que el gobierno de nuestro país había alcanzado un preacuerdo con Repsol, por el que se pagaría a ésta una indemnización de alrededor de cinco mil millones de dólares. El mismo funcionario que rechazaba airadamente la idea de cualquier pago dice ahora que sería ilegal no realizarlo. Un auténtico discípulo de Marx, pero no de Karl, sino del histriónico comediante norteamericano Groucho, aquel que supo inmortalizar la célebre frase: “Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros”. La expropiación fue un disparate, al que lamentablemente se sumaron otros partidos mediante el voto a favor en general de la ley respectiva, con discursos nostálgicos de Enrique Mosconi y de una YPF que ya no existe, porque aquella era monopólica y la actual sólo explota un 30% del mercado. Pero, una vez sancionada la ley y ocupada la empresa, la indemnización es imperiosa. Lo dijimos entonces, cuando Kicillof aún no había leído el artículo 17 de la Constitución Nacional. Pero nos llama la atención que este economista, que procura la imposible amalgama de Marx y Keynes (uno, el principal refutador del capitalismo; el otro, su médico de cabecera y quien, por tanto, teorizó sobre la forma de salvarlo en épocas de crisis), señale que el preacuerdo con Repsol es confidencial. ¿Cómo va a serlo, si los ciudadanos debemos conocer si el monto ofrecido es acorde a lo que haya dictaminado el Tribunal de Tasaciones? ¿Habrá aquí también cláusulas secretas, como en el caso de Chevron? Es saludable que el gobierno nacional haya frenado antes de avanzar hacia el abismo, pero no es claro que este primer paso vaya a recrear por sí solo un clima de confianza y seguridad jurídica sin el cual no habrá inversiones serias de largo plazo y no se revertirá la crisis energética. Es un cambio copernicano el que la Argentina necesita. Resulta altamente improbable que los mismos que nos condujeron a esta absurda situación sean idóneos, en el crepúsculo de su administración, para sacarnos del atolladero.
