La Justicia le prohibió a Boudou salir de la Argentina por la causa Ciccone

El magistrado federal Ariel Lijo dispuso ayer que el ex vicepresidente Amado Boudou deberá pedirle autorización para salir del país cada vez que quiera hacerlo. Es en el marco de la causa Ciccone, en la que el otrora funcionario nacional tiene un procesamiento confirmado y transita el camino hacia el juicio oral.

El magistrado tomó la decisión horas después de que Boudou dejó de ser vicepresidente y, de ese modo, perdió sus fueros de inmunidad de arresto. Y notificó la decisión a la Dirección Nacional de Migraciones.

La prohibición de salida del país es una de las pautas de conducta que permite aplicar el Código Procesal Penal a las personas que son encartadas en una causa penal.

El resto de los procesados en la causa Ciccone ya tenían la restricción del país, pero hasta ayer Boudou no contaba con esa limitación porque, en su cargo de vicepresidente de la Nación, poseía inmunidad.

Boudou está en pareja con Mónica García de la Fuente, legisladora de México, país con el que la Argentina no tiene tratado de extradición.

Al respecto, fuentes tribunalicias señalaron que son pocos los países con los que hay firmados tratados de extradición y que eso se subsana con leyes y convenios regionales para requerir a una persona prófuga de la Justicia.

En otras dos causas judiciales, los fiscales Carlos Rívolo y Gerardo Pollicita solicitaron que se le prohibiera a Boudou salir del país.

Rívolo lo hizo ante el juez federal Norberto Oyarbide en el expediente por las presuntas dádivas en vuelos en helicóptero, en la que Boudou está citado a indagatoria para el martes próximo.

Por su parte, Pollicita se lo solicitó a Lijo en la causa por la falsificación del documento nacional de identidad (DNI) de Boudou, en la que también se pidió la indagatoria.

En en el marco de la causa Ciccone, Boudou está procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función publica y cohecho.

Según la acusación, como ministro de Economía, Boudou utilizó el estado de quiebra de la compañía para levantar esa situación a través de beneficios de la Afip y así quedarse, por medio de sus allegados, con el 70 por ciento de las acciones de la empresa que, a partir de ese momento, haría negocios con el Estado.

En la causa también están procesados el amigo y socio de Boudou, José María Núñez Carmona, y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, dueño de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone.

La lista de procesados y a la espera de juicio son el dueño de la compañía, Nicolás Ciccone, el ex integrante de la Afip Rafael Resnick Brenner y el ex funcionario de Economía Guido Forcieri.

Paralelamente, al yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick, le fue revocado el procesamiento.

Paso a paso. "Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick la cesión del 70 por ciento de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la administración pública", sostuvo el fallo de la Cámara Federal, en febrero de 2015.

A principios de mes, Lijo dispuso el cierre de la investigación y le pidió al fiscal Jorge Di Lello que dictamine si la causa debe ser enviada a juicio oral.

Boudou ya fue enviado a juicio oral en una causa en la que está acusado de falsificar documentos públicos para hacer la transferencia de un auto marca Honda.

Además, el ex vicepresidente está imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito junto a sus padres, hermanos y su ex novia, la periodista Agustina Kampfer.

Investigarán "nichos de corrupción" en el Estado

La designada titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, anunció ayer que su gestión investigará "nichos de corrupción" que están funcionando en la administración pública desde la última dictadura militar. Y dijo que elevará un proyecto de ley al Congreso sobre "el arrepentido con protección" y "recuperación del dinero robado".

"Seremos una suerte de guardianes de la ética pública en la transparencia entre todos los funcionarios y también de los empleados públicos. La corrupción no suele ser sólo de los funcionarios políticos: hay muchos empleados públicos que también son corruptos, que vienen desde hace muchos años y que supera a las administraciones", destacó Alonso.

La actual diputada nacional agregó: "Estaremos investigando y mirando algunos nichos de corrupción que hay enquistados en la administración pública desde hace mucho tiempo para tratar de desarmarlos".

En ese sentido, enfatizó que "hay prácticas de la administración pública de sectores muy opacos que vienen desde la época de la dictadura, y que ningún gobierno se ha atrevido a encarar y a reformar".

Alonso adelantó que, como "objetivos legislativos", se encuentra el "pedido al Congreso de una ley del arrepentido con protección para los que hablen sobre la corrupción y también una ley de recuperación del dinero robado".

Al respecto, la futura funcionaria manifestó que "hay mucho trabajo de reconstrucción y fortalecimiento de la Oficina Anticorrupción".

"Hay un mandato del presidente (Mauricio Macri) que es muy claro de lucha contra la corrupción y de no permitir ningún acto que viole la ley de ética pública del Código Penal en su administración", recalcó.

En esa línea, Alonso recordó: "El presidente fue enfático cuando habló conmigo hace unas semanas y me pidió que investigara para atrás y hacia adelante".

Aunque todavía no asumió formalmente en el cargo, Alonso precisó que en el organismo que conducirá "hay menos de cien empleados, muchos de carrera y muy buenos, profesionales y valiosos".

También, detalló que la "situación edilicia" de la OA "es alarmante" ya que "hay informes de arquitectos que alertan de la incapacidad de las estructuras, que no pueden soportar el peso del papel, como el archivo de las declaraciones juradas".