La Corriente Clasista y Combativa (CCC) levantó ayer el acampe en la plaza Pringles, que había comenzado hace más de dos semanas, por considerar que su reclamo de inclusión en el programa Argentina Trabaja cuenta con el suficiente apoyo de la provincia y otros sectores sociales. Al respecto, el gobernador Hermes Binner insistió en que Santa Fe recibe un trato "discrecional" de la Nación, queja que acompañó con una sorpresiva advertencia sobre posibles operaciones políticas en su contra por encabezar una demanda formal de asistencia laboral a la Casa Rosada.
Pasado el mediodía, la organización liderada por Eduardo Delmonte levantó el acampe, una protesta sazonada con movilizaciones y cortes de calles que cosechó tres denuncias judiciales (del municipio y dos empresas privadas).
La petición por escrito de Binner a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, para que incorpore a la provincia en los Argentina Trabaja, junto a la continuidad de 600 puestos de empleo, el ingreso al mercado laboral de otros militantes y el apoyo de más actores sociales (Colegio de Abogados e Iglesia), destrabaron el conflicto con la CCC. Una organización que, antes de despedirse de la plaza, compartió una masiva marcha multisectorial por el microcentro.
Sin embargo, el jefe de la Casa Gris renovó sus reproches a la Nación. "La discrecionalidad que tienen con Santa Fe es un hecho grave. Lo único que falta es que aparezca una denuncia para parar esto (la demanda), como ocurrió en su momento con Enrique Olivera, Luis Juez y Francisco de Narváez", afirmó Binner a LT8.
El gobernador mencionó a Olivera y a Juez por lo ocurrido en 2005 y en marzo pasado, respectivamente, cuando el gobierno nacional denunció que tenían cuentas en el exterior, y a De Narváez, vinculado en 2009 con la investigación por el tráfico de efedrina.
"No sea cosa que, como respuesta al reclamo, aparezca algún exabrupto de esta naturaleza", reforzó Binner. Y agregó: "No pensemos en una cosa mayor, como pasó en Buenos Aires". Se refirió así a la reciente desautorización pública del ex presidente Néstor Kirchner al gobernador Daniel Scioli por su política de seguridad.
Las palabras de Binner también alertaron a propios, como el intendente Miguel Lifschitz, quien optó por minimizar el cruce con la provincia por el tratamiento de la protesta social: "No hay diferencias con lo planteado por el gobernador (acerca del rol de la Nación)".
Binner se había inclinado por no criminalizar la protesta social, detonando un inédito cruce público en el que parecieron tallar distintas evaluaciones del conflicto y una interna cada vez menos blindada.
