La sociedad civil perdió la confianza en los representantes políticos-partidarios, en los funcionarios públicos circunstanciales, como en el Poder Judicial. Se habla de “corrupción”, de “reforma constitucional”; pues bien, opinamos por lo observado en varias esferas sociales, la profunda necesidad de establecer una refundación del instituto jurídico del “juicio de residencia” para las responsabilidades económico-político-jurídico-social de los que llevan a la República (la cosa de todos, la cosa pública) a la corrupción, ultraje, inseguridad jurídica, pérdida del patrimonio económico nacional incluyendo los valores culturales que nos sustentan más allá de la globalización. Es decir, rendir cuentas desde la Presidencia de la Nación hasta la línea de directores generales nacionales y municipales incluidos. A ello sumémosle que no salgan del país los responsables de tamaña agonía nacional (¿o genocidio encubierto?).
