Claudio “Morocho” Mansilla y tres miembros de una banda cuyo liderazgo se le atribuye serán juzgados desde este martes como integrantes de una organización que comercializaba drogas en barrios del oeste rosarino hasta fines de 2019. La investigación federal surgió de otra provincial por una saga de asesinatos en cuyo marco se secuestraron casi cinco kilos de marihuana y la pista de la droga conducía hasta el hombre entonces detenido en Piñero, penal del que escapó escandalosamente en junio de 2021 para mantenerse prófugo durante un año.
El fiscal federal Federico Reynares Solari se hará cargo de la acusación ante el tribunal oral federal 3 integrado por los jueces Mario Gambacorta, Eugenio Martinez y Osvaldo Facciano. Junto con Mansilla se sentarán al banquillo de los acusados Ezequiel Rodolfo “Colo” Romero, Maximiliano “Menor” González y Nahuel Damián Córdoba, todos actualmente imputados de asociación ilícita en una causa que lleva adelante la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.
Desde el penal
En diciembre de 2020, mientras estaba preso por el doble homicidio de dos adolescentes en Villa Banana, Mansilla fue procesado como organizador de tráfico de estupefacientes por el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario. Aquella investigación había surgido un año antes, cuando fiscales del MPA realizaron una serie de allanamientos vinculados a una serie de ataques a tiros contra una familia —entre agosto y noviembre de 2019— en los cuales resultó herida Catalina Aquino y fueron asesinados su yerno Sergio Birri y su hijo Sergio Rubén Giménez.
En ese marco, un procedimiento realizado el 24 de diciembre de 2019 en una casa de Misiones al 2200 derivó en la detención de Nahuel “Pufli” Córdoba y el secuestro de 4,888 kilos de marihuana, 122 gramos de cocaína, elementos de fraccionamiento, armas de fuego y celulares.
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Las actuaciones del MPA fueron derivadas a la Justicia federal en lo relacionado con el narcomenudeo y así aparecieron en escena Romero y González, además de Mansilla, sindicado por entonces como líder tras las rejas de un polirrubro que combinaba la venta de drogas con otros delitos como balaceras y homicidios, que apuntalaban esa actividad principal.
La investigación estableció que Mansilla se encargaba de abastecer de droga a su gente desde el penal de Piñero y por eso llega a juicio como organizador del delito de tráfico organizado de estupefacientes agravados por la participación de tres o más personas. La pena que afrontará en el juicio es de entre 12 y 26 años de prisión. El mismo delito, con pena posible de seis a veinte años, se les achaca a los otros tres pero sólo como autores. Se espera que en su alegato de apertura, previsto para este miércoles, el fiscal exprese su pedido de penas.
“El análisis del contenido de los celulares permite afirmar que el material estupefaciente secuestrado es la muestra de una actividad que lo sustenta mucho más vasta, prolongada en el tiempo y llevada adelante con una organización con roles definidos”, sostuvo el fiscal Reynares Solari, para resumir: “Se trata de una estructura criminal que se dedicaba a cimentar su organización a partir de la administración de la violencia y el comercio de material estupefaciente. Digitada por Mansilla desde su lugar de detención, a partir del prestigio delictivo, ascendiente que gozaba y medios materiales con los que contaba”.
En tal sentido se recuerda que Mansilla había estado preso 17 años por robo calificado y una causa federal hasta que salió a mediados de 2018. Pero seis meses después volvió tras las rejas acusado del doble homicidio de dos adolescentes en Villa Banana: Kevin Nieri y Leonel Bubacar. Ya tras las rejas sumó imputaciones como miembro de una asociación ilícita liderada por René “Brujo” Ungaro y por instigar un homicidio a cambio de 100 mil pesos.
Pero además organizaba las acciones su banda. Por ejemplo, según la investigación provincial, “Menor” González tenía la orden de copar los barrios Santa Lucía y La Palmera para borrar la competencia que quisiera disputar el control de las calles para la venta de drogas.
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La actividad del Morocho tras las rejas tuvo una pausa de un año cuando, mientras era juzgado por el doble crimen que le valdría una nueva condena a 25 años de cárcel se fugó a los tiros del penal de Piñero junto con otros siete presos. En junio pasado, luego de un año de especulaciones acerca de su destino, fue apresado en un departamento del barrio Fontanarrosa (ex Zona Cero).
Críticas de paradigma
El fiscal federal resaltó que este caso se trabajó en colaboración con los fiscales del MPA que venían investigando a la banda de Mansilla. De hecho los cuatro acusados en este juicio fueron imputados en febrero de este año junto con otros tres presos por haber integrado la organización cuyo liderazgo se atribuye al Morocho.
Romero, por ejemplo, también está acusado junto con Carlos Saúl “Carita” Gómez, del crimen de Birri ocurrido el 19 de noviembre de 2019. González fue imputado del homicidio de Giménez, cinco días después. A “Pufli” Córdoba le sumaron imputaciones por tenencia de armas y encubrimiento agravado.
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“Estos fenómenos delictivos traspasan los límites tradicionales. Las nuevas dinámicas delictivas requieren nuevas estrategias de investigación y de juzgamiento”, señaló Reynares Solari al respecto.
El fiscal federal recordó que la causa tenía fecha de juicio fijada hace mucho tiempo y que con la recaptura de Mansilla “su defensa pretendió dilatar el comienzo de juicio” a pesar de que “ya conocía la causa porque representaba a otros acusados”. Reynares Solari se opuso a ese pedido ya que considera que “esta causa es estratégica, por lo que postulamos que se juzgue con la mayor prontitud posible”.
Respecto de las dilaciones, toda una costumbre en el ámbito de la Justicia Federal, el fiscal fue más allá de este caso en particular: “Como titulares de la acción penal y, por ende, sujetos activos de la política criminal concreta, postulamos la realización del debate en la fecha original en tanto formamos parte de una jurisdicción cuestionada por no haber podido desbaratar en tiempo y forma a bandas criminales que causaban gran zozobra en la ciudadanía y, más aún, que ha llegado en rezago respecto a otros fueros”, sostuvo Reynares Solari en el escrito mediante el cual rechazó el planteo dilatorio de la defensa.
“Estimo —agregó— y esto sí es una opinión personal, que un método de trabajo que ha privilegiado más el orden de las carpetas y biblioratos en las oficinas por sobre los objetivos que debían perseguirse fue una de las razones que generaron los resultados (o la falta de ellos) que se nos cuestiona. Estimamos, en ese sentido, fundamental el mantenimiento de la fecha de juicio, en la misma línea que este Tribunal marcó al realizar en tiempo y forma y sin demoras la causa “Los Patrones”, porque así hacerlo implicaría la superación de un método de trabajo burocrático, que es el cambio de paradigma que nos reclama, de modo urgente, la hora aciaga que nos toca transitar”.
