Siete presos sindicados como integrantes de la banda de Claudio "Morocho" Mansilla fueron imputados este miércoles como integrantes de una asociación ilícita comandada por quien sigue siendo el único prófugo de la bochornosa fuga de ocho presos del penal de Piñero en junio pasado. Para los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra esta asociación ilícita funcionó al menos entre el 24 de septiembre de 2018, cuando mataron Kevin Nieri y Leonel “Ozuna” Bubakar, hasta el 24 de diciembre de 2019, cuando buena parte de esta banda fue detenida.
Entre los acusados está Alfredo Eduardo “Edu” Salva Céliz, de 26 años, quien el pasado viernes cerró una condena en proceso abreviado por una tentativa de homicidio contra una mujer de 60 años perpetrada el 2 de agosto de 2019 en Provincia de Misiones al 2100. Salva Céliz aceptó una pena de siete años de prisión que resultó de unificarla con otra previa dictada en diciembre de 2019 a tres años de cumplimiento condicional por portación de arma de fuego.
Entre los acusados también están Carlos Saúl “Carita” Gómez y Ezequiel Rodolfo “Pecoso” Romero, ya imputados por el homicidio de Sergio Carlos Birri, el 19 de noviembre de 2019 en Estudiante Aguilar al 7700. Los fiscales no pidieron que queden en prisión preventiva porque los siete acusados ya están presos cumpliendo condenas o a la espera de juicios.
Organización
En diciembre de 2018, tres meses después del doble crimen de los adolescentes Nieri y Bubacar en Lima al 2100, el Mansilla fue detenido como principal sospechoso. Seis meses antes el Morocho había salido de prisión tras cumplir una pena a 17 años por intento de robo calificado y una causa federal de 2013. Y el 6 de julio de 2021 fue sentenciado en juicio oral a 25 años de cárcel por el doble homicidio. La condena llegó tarde ya que una semana antes Mansilla se había fugado de Piñero con otros siete presos que fueron recapturados.
Su retorno a la cárcel en diciembre de 2018 reactivó la venta de venta de drogas como actividad para Mansilla, y con ello recrudecieron conflictos con viejos actores del negocio. La investigación reveló que en poco tiempo quedó envuelto en una guerra con dos importantes agrupaciones narco.
Ya tras las rejas, los primeros meses de 2019 Mansilla comisionó a Maximiliano “Maxi” o “Menor” González. para que copase los barrios Santa Lucía y La Palmera, y barriera con todo tipo de competencia en cuanto al control de las calles y el territorio. Entonces, según la acusación, “Menor” formó un grupo de tareas con roles determinados.
Para los fiscales la asociación ilícita puesta bajo la lupa se dedicó a cometer “hechos violentos de diversa naturaleza" como amenazas, usurpaciones, abusos de armas y homicidios; "además de vender lo que aparentan ser drogas prohibidas por la ley". La acusación ubica a como jefe a Mansilla, quien desde la cárcel de Piñero daba "órdenes a los miembros de la organización a través de teléfonos celulares".
Matar y dominar
En ese contexto, indicaron los fiscales, con el fin de “afianzar su predominio territorial y extender los puntos de venta de droga, organizó atentar contra la vida de distintos integrantes de la familia Giménez, poniendo parte de la estructura de la organización a esos fines”.
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En tal sentido los fiscales enumeraron hechos en los cuales están mencionados miembros del grupo impuado ayer. En el homicidio de Sergio Rubén Giménez, el domingo 24 de noviembre de 2019 en una canchita de barrio Hostal del Sol, está sindicado “Menor” González. En la tentativa de homicidio de Catalina Aquino, madre de Giménez, el 2 de agosto de 2019, están imputados Salva Céliz, González y “Carita” Gómez. Y en el homicidio de Sergio Birri, yerno de Aquino y cuñado de Giménez, están sindicados como autores Gómez y “Pecoso” Romero.
La disputa entre los Giménez y una familia que tejió una alianza con Menor González y Mansilla dataría desde mediados de 2014 y se embraveció cuando Mansilla salió de la cárcel. Una de las hipótesis del caso es que el Morocho le bajó el pulgar a los Giménez cuando se enteró de que planeaban atacarlo.
Roles determinados
En una audiencia presidida por la jueza Paula Alvarez los acusados escucharon la imputación en los lugares donde están detenidos. Salva Céliz desde la Unidad 6; Romero en la Unidad 1 de Coronda; Lautaro Agustín Acevedo, Menor González, Iván Norberto Chávez; Damián Nahuel “Pufli” Córdoba y Carita Gómez, desde Piñero.
En general las acusaciones sobre los siete detenidos fueron similares, con las particularidades de los hechos puntuales. Los fiscales le adjudicaron a Menor González, en el marco de esta organización, cumplir las órdenes impartidas por Mansilla “directamente o por interpósita persona”.
Para la acusación González se ocupó de la compra de armas de fuego, “puso a disposición de la organización su capacidad para utilizarlas en amedrentamientos y disparos a personas de grupos antagónicas". Los fiscales recordaron el ataque del que fue blanco Aquino el 2 de agosto del 19.
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Claudio "Morocho" Mansilla, único prófugo de la fuga de Piñero y sindicado líder de la banda.
En el caso de Salva Céliz se lo acusó de poner a disposición de la organización “su capacidad para utilizarla en amedrentamientos y disparos a personas de grupos antagónicas” como en el ataque contra Aquino.
A “Carita” Gómez le achacaron cumplir las órdenes impartidas por Mansilla “directamente o por interpósita persona ocupándose de poner a disposición de la organización su capacidad para utilizarlas en amedrentamientos”, recordando la tentativa de homicidio contra Aquino y el asesinato de Birri por el que fue acusado el 7 de diciembre de 2019.
Para “Pecoso” Romero la imputación fue similar, sólo que se lo imputó por su participación en el crimen de crimen Birri.
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Chávez compraba armas bajo las órdenes de Mansilla y está imputado por un hecho de homicidio y tentativa de homicidio. Junto a González, Salva Céliz y Romero se los sindica como vendedor de drogas en una casa de Provincia de Misiones al 2200. En esa cuadra el pasado 3 de diciembre fue ejecutada Carolina Mariana Godoy, de 42 años y ex pareja de Víctor Fabián Grgicevic, de la banda de Los Lagartos.
Acevedo también fue acusado de comprar armas bajo las órdenes del Morocho y “poniendo a disposición de la organización su capacidad para utilizarlas en amedrentamientos y disparos a personas de grupos antagónicas”. Acevedo está imputado y condenado a 3 años y 8 meses de cárcel delitos como robo calificado y agravado en grado de tentativa, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma de fuego de guerra.
En el mismo sentido se acusó a Córdoba, aunque se le sumó la utilización de vehículos. Pufli está imputado por además por tenencia de armas y encubrimiento agravado, entre otros delitos.
