El gobierno de Mauricio Macri cerrará la semana próxima el capítulo judicial por el memorándum de entendimiento con Irán, cuando presente un escrito ante la Cámara de Casación Penal para notificar que desiste de continuar con el trámite que buscaba revocar la inconstitucionalidad de ese polémico pacto. Con esa decisión, el acuerdo ya no tendrá vigencia para ser aplicado.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, presentará el lunes próximo ante la Cámara de Casación la desestimación del recurso que había impulsado el Estado, cuando el gobierno estaba en manos de Cristina Fernández de Kirchner.
Precisamente, los funcionarios de Cristina buscaban revertir el fallo dictado en mayo pasado por Sala I de la Cámara Federal, que había declarado la inconstitucionalidad del acuerdo ese mes.
Fue luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero, cuatro días después de denunciar a Cristina, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios de haber intentado encubrir el atentado a la Amia con la firma de ese acuerdo.
Casación nunca llegó a tratar el caso: de ese expediente fueron apartados los jueces Juan Carlos Gemignani y Luis María Cabral, quienes, según fuentes judiciales, se iban a inclinar a impugnar la validez del tratado.
En tanto, la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura designó a un conjuez, Marcelo Vázquez, para que resolviera en la cuestión. Pero el abogado fue apartado del cargo por entender que la ley de subrogancias —a través de la cual se lo nombró— era inconstitucional.
Con la decisión del gobierno de Macri que concretará el lunes Garavano, ya no habrá necesidad de dictar un fallo en Casación porque la inconstitucionalidad del pacto quedará firme.
En ese sentido, Macri había dicho durante la campaña electoral que iba a derogar el memorándum en caso que llegase a ser presidente.
El propio ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, también celebró a través de Twitter: “Es un gran paso para el esclarecimiento de la verdad dejar caer el #memorándum con #Irán”. Y añadió que “ahora, a investigar el encubrimiento y la denuncia del fiscal #Nisman”.
Apenas trascendió decisión oficial, el presidente de la Daia, Julio Schlosser, celebró la noticia. “Es algo largamente anhelado por la comunidad judía y la comunidad argentina toda”.
El memorándum fue firmado en enero de 2013 entre la Argentina e Irán como una forma de lograr el avance de la causa por el atentado a la Amia, en la que están acusados y con pedido de captura internacional un grupo de funcionarios de ese país de Medio Oriente.
El acuerdo establecía que el juez de la causa Amia, Rodolfo Canicoba Corral, y Nisman podían viajar a Irán para indagar a los acusados, pero al mismo tiempo fijaba la creación de una comisión de la verdad, integrada por juristas de la Argentina, el país de Medio Oriente y otras naciones invitadas, para analizar el estado de la causa.
Luego Nisman apareció muerto de un disparo en circunstancias que nunca se aclararon. Ni siquiera la fiscal del caso, Viviana Fein, ni la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, parecieron muy interesadas en darle un fuerte impulso a esa pesquisa.
Objeto de reproches. Ese pacto fue criticado por la oposición y las entidades judías Amia y Daia (querellantes en la causa por la voladura de la mutual), por considerar que se trataba de un acuerdo de impunidad con los responsables del atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertes y numerosos heridos.
En la Justicia, Canicoba Corral se negó a opinar sobre la validez constitucional del fallo, pero en mayo la Sala I de la Cámara Federal lo consideró contrario a la Carta Magna y ordenó reiterar la solicitud de extradición de los iraníes sospechosos para que Interpol los localice y detenga.