Domingo 15 de Agosto de 2021
Dos policías y un civil detenidos el miércoles en Rosario por personal de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron imputados por el robo de 27 armas de fuego que estaban almacenadas en la sede de la Policía Científica de la Unidad Regional IV del departamento Caseros con sede en Casilda. En la audiencia, realizada en los tribunales de esa ciudad, la jueza Mariel Minetti les dictó prisión preventiva por 90 días. En tanto, aún permanece prófuga una mujer sospechada de ser parte de la banda.
La acusación corrió por parte de la fiscal Marianela Luna, quien sostuvo que “entre el 17 de diciembre de 2020 y el 15 de abril de 2021” los acusados “formaron parte de una asociación o banda con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos contra la administración pública y contra la propiedad, utilizando como modalidad el apoderamiento o sustracción de elementos secuestrados que se encontraban con sus rótulos, sellos y cadena de custodia en la sede de la División Científico Forense de la AIC Casilda”.
En ese marco le atribuyó al agente Iván Jesús Ferreira los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, robo agravado por ser cometido por funcionario público, malversación de efectos públicos, violación de los deberes de funcionario público y violación de sellos. Al suboficial Cristian A. Peralta lo imputó como miembro de asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público. Carina N., pareja de éste último, es la mujer que tiene pedido de captura por esta organización. Y Brandon G. es el civil imputado como miembro.
Tras una investigación iniciada hace cuatro meses los dos uniformados fueron detenidos el miércoles último tras ser allanados sus domicilios de Juan Pablo Renzi al 3500, en Nuevo Alberdi, y Solís al 300 bis de barrio Ludueña. También se allanó la comisaría 15ª de Sarmiento al 4300 ya que uno de los implicados estaba prestando servicios en esa dependencia.
Todo empezó el 16 de abril cuando desde la Fiscalía se pidió el envío de un lote de armas bajo custodia que habían sido incautadas en una causa en trámite y entonces el jefe de la Policía Científica de Casilda fue a buscar esos elementos. Pero para sorpresa de propios y extraños, varias de esas armas no estaban en el depósito y no había registro de que hubieran sido entregadas. El funcionario puso en conocimiento de la Fiscalía el faltante de 27 armas secuestradas en diversos procedimientos: 3 escopetas, 16 revólveres, 8 pistolas, un importante número de municiones y cartuchería.
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Todos esos elementos se encontraban en un armario que había sido violentado y la primera medida que tomó la fiscal Luna fue secuestrar los teléfonos celulares de todo el personal de esa repartición, el libro de guardias, levantamiento de rastros en el armario forzado y el análisis de cámaras de vigilancia del lugar del hecho además de recabar testimonios.
Las entrevistas a los uniformados que prestaron servicios en esa repartición _pasados a disponibilidad desde el principio por el Ministerio de Seguridad en forma preventiva_ indicaron que el último recuento de las armas en custodia se había llevado a cabo en diciembre de 2020 y no había arrojado irregularidades. Sin embargo, un integrante de la Brigada Operativa sostuvo ante los investigadores: “Las veces que me tocaba cubrir de noche, con frecuencia escuchaba ruidos en sector de cochera y al observar por la ventana, que tiene vista al patio y cocheras, notaba que el suboficial Ferreira salía por la puerta trasera de su dependencia y se dirigía a su auto que dejaba estacionado en la dársena más cercana a su puerta. Pero al notar que se trataba de él, yo seguía con mis labores restándole importancia a la situación”.
Asimismo, un policía que se desempeña en la comisaría 10ª de Rosario contó que, cuando prestaba funciones en la AIC de Casilda había conocido allí al imputado Peralta. “¿Viste eso de Casilda, te enteraste?”, le preguntó el ahora acusado a su compañero agregando que habían robado en un depósito de armas y que él le había comprado a un muchacho que trabajaba ahí, “un tal Ferreira”, que hacía desde octubre del año pasado que “andaba vendiendo armas”. Entonces le confesó que le daba “miedo porque el chico estaba en disponibilidad y si tenían el celular de él, que había hablado por mensajes con Ferreira", lo podían llegar a citar por los mensajes.
Según la pesquisa, el retiro de armas de fuego, municiones y cartuchería, credenciales, celulares y dinero apócrifo se llevaba a cabo los días en que el policía Ferreira estaba de guardia y a cargo de la custodia de los elementos. La fiscal lo mencionó como “el organizador que se encargaba de sustraer los efectos secuestrados los días en que estaba de guardia”, que les eran solicitados por los otros miembros del grupo para comercializarlos.
En ese sentido el policía Peralta era el encargado de recibir las armas de fuego y municiones para su posterior venta. A partir de escuchas recuperadas del teléfono celular de Ferreira la fiscal supo que ambos policías hablaron de la comercialización de tres revólveres calibre 32 y una escopeta 12/70. “¿Después te puedo llevar los cartuchos de la 12?”, dijo Ferreira. “Pasa por la 10ª antes”, respondió Peralta, quien terminó imputado por asociación ilícita en carácter de miembro y violación de los deberes de funcionario público.
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Sobre Carina N., ex pareja de Peralta y con una causa por tenencia de arma de fuego, la Fiscalía la imputó por integrar la asociación ilícita en carácter de miembro al considerar que “recibía el material armamentístico previo acuerdo con Peralta y Ferreira, para su posterior comercialización”.
A Ferreira, quien recibió la calificación penal más gravosa, no sólo le atribuyen haber robado las armas en cuestión. “Surge de lo analizado que al menos desde diciembre de 2020 se encuentra involucrado en la venta de armas de fuego y con el análisis de las conversaciones es posible distinguir que no se trata de un campo único de comercialización, ya que resultan conversaciones en las que se lo oye ofreciendo a la venta tanto teléfonos celulares como dinero apócrifo, elementos que pueden hallarse al alcance en el depósito de secuestro de una entidad policial”, señaló la fiscal.
