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Los agentes Sergio López, Jorge Delgado y Gerardo Ramírez acordaron penas que, por ser colaboradores, se redujeron y serán de cumplimiento condicional
Archivo (Virginia Benedetto)
Fraude con combustibles: condenan a tres policías que admitieron integrar una asociación ilícita.
Tres agentes de la policía de la provincia de Santa Fe fueron condenados en el marco de la causa que investiga el fraude con combustibles que escaló hasta la detención del exjefe de la Unidad Regional II. En este caso fueron tres imputados colaboradores que acordaron un procedimiento abreviado y recibieron penas de cumplimiento condicional. La sentencia confirma la existencia de una asociación ilícita que llegará a juicio oral.
Los policías Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez fueron condenados a penas diferentes por distintos delitos relacionados a la asociación ilícita que los tres admitieron haber integrado. Se trata de la primera sentencia relacionada a la investigación iniciada en 2024 y que implicó desplazamientos en toda la cúpula de la Jefatura de Rosario.
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La Fiscalía considera que la asociación ilícita se armó para generar un fraude millonario con el fin de obtener retornos mediante la carga de combustible en los móviles policiales. A mediados de mes el fiscal José Luis Caterina presentó la acusación y solicitó penas para dos civiles y otros 19 agentes acusados como parte de la organización. El exjefe Daniel Acosta podría ser condenado a 12 años de prisión.
La jueza Silvana Lamas González homologó este martes el procedimiento abreviado presentado por el fiscal Caterina con acuerdo de las defensas de los imputados. La causa llegó a esta instancia con los tres agentes que habían declarado como imputados colaboradores y confirmaron que fueron parte de un circuito ascendente que escaló hasta la Jefatura.
Sergio Darío López, de 56 años, fue condenado como miembro de asociación ilícita, cohecho pasivo, peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar a la administración pública y falsedad ideológica. La pena correspondiente era de 5 años y 4 meses de prisión, pero la colaboración del imputado se redujo a 2 años y 8 meses de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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Gerardo Fabián Ramírez, de 48 años, aceptó los delitos de miembro de asociación ilícita, peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar la administración pública y cohecho pasivo. En su caso el monto de la pena por ser colaborador quedó en 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto para Jorge Santiago Delgado, de 51 años, la pena acordada fue de 2 años y tres meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para cargos pùblicos. Los delitos atribuidos fueron asociación ilícita en carácter de miembro, cohecho pasivo, peculado de caudales públicos, defraudación agravada y falsedad ideológica.
A mediado de mes el fiscal Caterina presentó la acusación para el resto de los imputados. En ese marco pidió 12 años de prisión para el ex jefe de la URII, Daniel Acosta, y 14 años de cárcel para su secretario privado, Rodrigo Domínguez, sindicado organizador del fraude. Para el resto, los montos de pena van de los 3 años y 4 meses a los 8 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, peculado de caudales públicos y defraudación.
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El caso llega a esta instancia tras una revisión en la Cámara Penal que respaldó el encuadre de asociación ilícita. Acosta, a la cabeza del grupo como referente máximo de la Unidad Regional II, fue considerado jefe de la organización. El fiscal planteó que desde antes de asumir “comienza a ver la forma de obtener una ganancia espuria" del dinero destinado a combustibles.
A Domínguez no sólo se lo considera organizador de la banda sino responsable de la OGM —Oficina de Gestión de Multas— como se llamó al régimen interno de sanciones y castigos aplicado a los recaudadores. Si alguno omitía consignar un ticket o cometía un error de cálculo, se le aplicaba una “multa” que consistía en el pago de costillares, whiskys exclusivos, vinos de alta gama o dinero. Lo recolectado se guardaba en un freezer y una caja cerca de la oficina del jefe.
Adrián Bahl, uno de los jefes de la sección Caballería y Perros, fue señalado entre quienes retiraban sobres en persona y el fiscal solicitó 5 años de prisión. La misma pena requirió para quien lo sucedió en el cargo, Darío Fabián Fantín, y para el subinspector Juan Manuel Herrera, encargado de los insumos del escuadrón y cuya firma consta en tickets de cargas. Un poco más abajo aparece el pedido de 4 años y medio de prisión para el subjefe, Mario Rodrigo Brest.
En su rol de jefe del Grupo Táctico Multipropósito —una de las áreas que retiraba sobres pese a contar con pocos móviles y escaso patrullaje— Fabián Becerra afronta un pedido de 5 años de prisión. El encargado de carga a sus órdenes, Fernando Miguel Ceballos, 4 años y 2 meses. Para el jefe de la Sección Logística, Roberto Gabriel Blanco, el pedido es de 6 años y 8 meses no sólo por su rol en el fraude con naftas sino también por la supuesta apropiación de cuatro neumáticos oficiales hallados en la casa de Domínguez. Una pena cercana a 7 años de prisión fue requerida para otro jefe, Diego Alberto Santamaría, del Comando Radioeléctrico (CRE).
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En el caso de Diego Luna, superior jerárquico del Cuerpo Guardia de Infantería, se solicitaron 5 años de condena. Para Javier Norberto Arce, de la misma sección, 4 años y 2 meses. El pedido sube a 7 años para Héctor Daniel Saucedo, titular de la Brigada Motorizada, comprometido en una auditoría contable. Es de 5 años para Juan Alberto Villordo, quien se ocupaba de las cargas de esa sección. Y de 8 años para Juan Pablo Pigozzi, jefe la Brigada de Orden Urbano que “no desconce las maniobras y usa vehículos con cargas fantasma”.
Se fijaron montos de 4 años y medio para Gustavo Adrián Bazán, encargado de cargas de Garaje Oficial que “todos los días les cargaba 30 mil pesos a sus jefes”; el exinspector de Zona Sexta con base en Arroyo Seco Edgardo Roldán y el interventor de Medicina Legal, Roberto Sandoval. Por debajo, el fiscal solicitó 3 años y 4 meses para Franco Fabián Cuesta como empleado de la Policía de Investigaciones sospechado de un arreglo propio con la estación, por fuera la asociación de la Sección Cuerpos.
El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.
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