Freno. La resolución judicial frenó la intención de la empresa de cerrar la venta sobre el cierre del concurso.
La Justicia Federal de Rosario hizo lugar al pedido de una asociación de consumidores que solicitó suspender los contratos entre Vicentin y los tres “interesados estratégicos” para quedarse con la agroexportadora en concurso (ACA, Viterra y Bunge), lo que complejiza la pretensión de la compañía de llegar a un acuerdo con los acreedores concursales esta semana cuando vencía el período de exclusividad.
La resolución fue adoptada por el juzgado federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, quien hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Asociación Red Argentina de Consumidores.
La asociación civil planteó que la liquidación de los activos de Vicentin en beneficio de los interesados estratégicos generaría “un grave impacto sobre el mercado alimentario y para la población en general”, tanto en términos de concentración del primero como suba de precios para la segunda.
La decisión del juez Vera Barros pone freno a la intención de Vicentin de avanzar en la salida de su concurso preventivo de acreedores por casi u$s1.500 millones, cuyo período de exclusividad vencía mañana.
De todos modos, ese camino quedó obstruido el 16 de junio pasado cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto de “avocamiento” al caso y le pidió al juez del concurso, Fabián Lorenzini, que le remita el expediente para su análisis. Ante eso, esta semana Vicentin presentó anteayer un recurso de revocación del decreto.
La medida de Gutiérrez _que además suspende los plazos procesales_fue la respuesta a un planteo de la firma acreedora en el concurso Commodities SA que planteó una serie de presuntas irregularidades cometidas por el juez civil y comercial Lorenzini. Entre ellas, señalaron la presunta venta del 33% de acciones que Vicentin aún conservaba de Renova, la principal molienda de soja y biodiesel del mundo, a Viterra Argentina (ex Glencore), con la que ya es socia en esa empresa.
Por esa operación fue imputado en la Justicia Penal de Rosario por desobediencia de una orden judicial el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, al transgredir dos resoluciones de jueces rosarinos que habían prohibido la venta de empresas satélites de Vicentin o su participación accionaria.
Ahora el juez Vera Barros dictó un fallo en el mismo sentido, al hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Red Argentina de Consumidores que ordena la suspensión de los efectos de los contratos celebrados entre Vicentin y ACA, Viterra y Bunge _el 28 de abril y el 16 de junio pasados_ “y no realizar acto alguno que implique la enajenación por cualquier vía de los activos” de la concursada.
La medida rige, al menos, “hasta que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia levante la suspensión de la instrucción de los expedientes administrativos relacionados al concurso preventivo de Vicentin Saic”, precisa la resolución.
El diputado provincial Carlos del Frade, miembro de la comisión legislativa que sigue el concurso de la agroexportadora, señaló hoy que “hay mucha incertidumbre entre las personas que trabajan en las empresas de Vicentin por la decisión del juez Vera Barros”.
“Puede darle al consorcio la justificación para llevar adelante la extorsión histórica de las patronales de echar gente para presionar a los gobiernos”, dijo el legislador.
Los gremios que nuclean a los trabajadores del sector aceitero, señalaron que “si la empresa utiliza estos argumentos contra los trabajadores y las fuentes de trabajo, sería una extorsión”. Así lo planteó el asesor legal de la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso y Desmotadores de Algodón de la Argentina, Carlos Zamboni.
En cambio, Zamboni aseguró que “de ninguna manera peligran las operaciones de la empresa” con esta decisión de la Justicia ya que “los contratos a fasón tienen vigencia hasta fin de año y se está trabajando a full”, por lo tanto “no habría ningún motivo para que esto corra peligro y la empresa siga funcionando”, dijo el letrado, incluso en el caso extremo de que quiebre, “la ley concursos y quiebras establece la continuidad de las operaciones”, indicó. Tampoco correría peligro la operatoria si se concreta la figura del cram down.
“Tanto el sindicato de San Lorenzo como la Federación estamos juntos en la defensa de los puestos de trabajo”, agregó Zamboni y planteó que esta medida de la Justicia Federal, ratifica algo que ya existía “que era el impedimento de Vicentin de vender sus activos”, agregó.