La crisis del empleo que comenzó a expresarse a través de despidos masivos en el Estado, pero también en el sector privado vía suspensiones y recortes de jornadas laborales, gestó un espacio de debate, no sólo sobre el impacto de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri sobre la clase trabajadora sino además sobre una nueva forma de organización sindical. Frente a eso, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) están impulsando una consulta popular a los estatales (afiliados o no al gremio) para debatir sobre la construcción de otro convenio colectivo "plenamente abierto y democratizado y en el marco de una organización sindical que no se subordine al poder", definió el secretario general del consejo directivo nacional de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy, quien estuvo en Rosario para debatir con los afiliados condiciones de trabajo, paritarias, plan de lucha ante el ajuste y despidos. "Hay un proceso de debate nuevo en el seno de la clase trabajadora en un momento particular del país y hay que ir en esa búsqueda", definió el dirigente, quien consideró que el gobierno de Cambiemos "está utilizando el despido como mecanismo de extorsión sobre los trabajadores" y como una forma de "aplastar la discusión salarial".
—¿Cómo impactan las medidas económicas en el mundo del trabajo?
—Es un cóctel peligrosísimo lo que han generado las medidas económicas del gobierno del presidente (Mauricio) Macri en estos primeros cinco meses. Porque hay una combinación entre recesión e inflación. La recesión la utilizan para bajar la inflación, pero la inflación no baja porque el propio gobierno la alimenta con aumentos de tarifas, liberando los precios, las importaciones, que en general son para consumo de altos ingresos. Y estas medidas no son inocuas porque perjudican a los sectores de menores ingresos y favorecen a los de mayores ingresos, fundamentalmente empresas transnacionales. Los trabajadores estamos afectados por los despidos y por las medidas que apuntan a aplastar el salario, a ponerle límite a la discusión paritaria. Lo que sucedió en la paritaria de los estatales nacionales es un claro ejemplo y este mecanismo para que aceptemos condiciones laborales y salariales indignas, impacta también sobre el sector privado. Hemos tenido en estos meses 35 mil despidos en el sector público (incluyendo nacionales, provinciales y municipales), pero si a esto le sumamos los 120 mil en el sector privado, exceden los 150 mil y sin incorporar suspensiones o reducciones de turnos. El panorama para los trabajadores es muy grave y hay que reclamarle a este gobierno que cambie este rumbo.
—En escenario como estos se prioriza la discusión salarial o mantener los puestos por sobre los reclamos por condiciones de trabajo ¿Cómo se plantan ante eso?
—El gobierno es consciente de esto y por eso es que se alentaron desde un primer momento los despidos masivos. El veto del presidente Macri a la ley que los limitaba es ni más ni menos que una luz verde para que los despidos sigan. El anterior gobierno utilizó la precarización laboral como un mecanismo de ponerle límite a la discusión salarial. Es por eso que llegamos a niveles cercanos al 40% de precariedad en el ámbito privado y estatal. Este gobierno, a ese mecanismo, que también sostiene como política estructural, además le agrega el despido. Frente a eso, decidimos unirnos, organizarnos en el sector del trabajo, construir unidad de los trabajadores entre las distintas organizaciones, cuerpos de delegados. El criterio de gobernabilidad de sectores afines al gobierno se consolidó en el Consejo del Salario donde terminaron aceptando y convalidando un salario mínimo de 6.800 pesos, una verdadera bofetada a la dignidad de los trabajadores. Y en el caso de los estatales provinciales y municipales no tenemos el acceso al derecho al salario mínimo, vital y móvil. Hay más de 300 mil trabajadores que cobramos salarios por debajo de los 6.000 pesos hoy en la Argentina.
—¿Hay posibilidad de una unificación o de un trabajo más cercano entre las dos CTA?; ¿o cada una seguirá con su agenda por separado?
_La discusión de la unidad de los trabajadores no es un corte y pegue, o que se juntan cuatro o cinco dirigentes y lo resuelven. Es parte de un debate más de fondo en Argentina porque lo que sigue discutiéndose es el modelo sindical. O mantenemos el modelo del unicato que es a lo que apunta la CGT, de subsidio del Estado a las obras sociales y manejo a través de éstas y otros mecanismos empresariales, o un sindicalismo que ponga la discusión en la libertad y la democracia sindical, con la posibilidad de que se elijan delegados en los sectores del trabajo, cosa que hoy la ley limita severamente. Una autonomía de las organizaciones para discutir la perspectiva de la sociedad y del país en que vivimos. Creo que la CTA nació para ser la expresión de eso. Si somos capaces de construir un modelo así, la CTA tiene la posibilidad de reinventarse. Tenemos que ir en búsqueda de aquellas organizaciones nuevas de trabajadores que se están animando a producir fenómenos nuevos. Un caso es el de Aceiteros aquí en Rosario, Santa Fe y la Federación nacional, también el caso del nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
—¿La ley antidespidos que se aprobó y vetó el presidente respondía a los reclamos que ustedes vienen haciendo?
_Hubiésemos preferido sacar una ley donde Argentina adhiriera al convenio 158 con la OIT que pone claros límites al despido sin causa. Pero la ley que salió fue esa y era un limitante importante por eso. El gobierno la vetó porque tiene la intención de seguir utilizando el despido como mecanismo de extorsión y seguir alentando la recesión como una política económica activa. El problema es que esto también se produce en el ámbito estatal. Todas las principales actividades productivas del Estado como Fabricaciones Militares, el Astillero Río Santiago, la planta nuclear de Zárate, la de agua pesada en Neuquén, las minas de Río Turbio y la usina eléctrica _para hablar de algunos emprendimientos productivos importantes del Estado_ están paralizadas. Y por ahora no se ven mensajes claros del gobierno en el sentido de una reactivación. Al contrario, los mensajes son en el sentido de aplastar esa actividad económica. Hay un mecanismo claro de destruir, enfriar o reducir a su mínima expresión a las áreas productivas del Estado. Y eso tiene una implicancia muy fuerte sobre el conjunto de la economía.
