Energía. El gobierno y el FMI acordaron reducir los subsidios a la energía. Habrá tope para los aumentos.
El gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un esquema tarifario de los servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 que incluirá la política de segmentación y tendrá como techo la evolución del coeficiente de variación salarial. Los nuevos aumentos, que se sumarán a los ya aprobados, se discutirán nueva audiencia pública a realizarse a fines de abril próximo.
En el comunicado difundido ayer, la cartera económica informó que el acuerdo atiende la “gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía”, por lo que reafirmó que el gobierno está “comprometido en procurar el logro de los objetivos económicos y fiscales más amplios”.
En ese marco, señaló que la administración del presidente Alberto Fernández está determinada a “lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso”.
De esta manera se dispondrán revisiones a los cuadros tarifarios vigentes que abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales, y cuyas actualizaciones a partir de nuevos parámetros serán motivo de una nueva audiencia pública que será convocada para fines de abril próximo.
La redefinición de estrategia en materia tarifaria de servicios energéticos se da en momentos en que desde el 1º de marzo entraron en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios, resultantes de las correspondientes audiencia públicas, de entre el 17% y el 20% promedio. Estos porcentuales serán incluidos para el cálculo de los incrementos totales a aplicar en el actual año calendario.
Las nuevas revisiones contendrán las propuestas de exclusión para los cados en los que correspondan. Los tres parámetros acordados para guiar esa actualización en el bieneio 2022 - 2023 son los siguientes:
Este índice fue de 53,4% en el año 2021, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En base a estos números, los usuarios que mantengan los subsidios sufrirán este año aumentos de alrededor del 42%, mientras que los beneficiarios de la tarifa social deberán pagar 21% más.
Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios que mantengan algún porcentaje de subsidio.
La vinculación del aumento tarifario con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) había sido establecida en la ley 27.443, frustrada por el veto total impuesto por el expresidente Mauricio Macri en junio de 2018.
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI, con potencias mayores a 300 kW), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
Las discusiones sobre los ajustes tarifarios insumieron gran parte del último tramo de las negociaciones con el FMI, debido al peso que tienen los subsidios energéticos en el déficit fiscal.
En la presidencia de Macri se buscó reducir este gasto pero a costa de aumentos tarifarios que en los cuatro años de gestión oscilaron el 3.000%. Ese proceso se frenó en el final de esa administración macrista, cuando se acercaban las elecciones.
En el primer año del presidente Alberto Fernández no hubo incrementos y en 2021 hubo ajustes parciales del 9% para el Amba. La contracara fue el aumento del gasto en subsidios a niveles que llegaron a superar el total del déficit primario. Las subvenciones para el sector energético pasaron de $ 186.294 millones en 2018 a $ 1,046 billón en 2021. Un ncremento en tres años del 461,6%, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).
Pero subsanar ese problema implica un aumento de tarifas que, según el porcentaje aplicado, podría incidir en forma negativa en el poder adquisitivo de la población, en especial los sectores socialmente más vulnerables, tal como ocurrió entre 2016 y 2018.
En el terreno de la energía eléctrica, la discusión tarifaria nacional impacta localmente en la medida que mueva el amperímetro del mercado mayorista. Pero el valor de distribución se fija a nivel provincial. La EPE fue autorizada a incrementar 25% promedio en dos tramos (febrero y abril), con la posibilidad de sumar otro 15% en el segundo semestre, si se disparan los costos. El año pasado, la empresa aumentó 31% en tres tramos.
El aumento ya aprobado a nivel nacional en el gas es del 20%.
Los directivos del Fondo Monetario explicaron que el plan tendrá “un foco en la eliminación de los subsidios, aumentando las tarifas de una manera progresiva, en un nivel segmentado, de manera de que los sectores de más bajos ingresos estén protegidos”. También indicaron que el enfoque no será solamente subir las tarifas sino la reducción de costos en los que insume la Argentina para abastecerse de energía. Aclararon que para estas consideraciones se tomó en cuenta un escenario base que está “sujeto a riesgos que tiene que ver con la crisis energética” actual y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, debido a que la Argentina importa GNL.
El gobierno nacional desarrollará un “plan energético de mediano plazo” que incluirá un conjunto de medidas vinculadas a incentivar la inversión pública y privada en infraestructura, incrementar la oferta de distintas fuentes de generación, mejorar la eficiencia del consumo e iniciar un sendero para que las tarifas reflejen de manera predecible los costos mayoristas de gas y electricidad.
El nuevo plan está contemplado en el acuerdo anunciado ayer por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que también prevé un esquema tarifario de los servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023, que incluirá la política de segmentación y no superará el nivel de los salarios.
Como parte de las nuevas definiciones, el Ministerio de Economía anunció que “se desarrollará un plan energético de mediano plazo” que incluirá en primera instancia acciones tendientes a incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable.
El nuevo plan avanzará también en reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; como así también apuntalará la necesidad de mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso.
También se aseguró que se buscará fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos, para asegurar que “con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad”.
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