La negativa del gobierno a actualizar el IPC, que hoy no refleja el peso real de tarifas y servicios en los hogares, vuelve a poner en duda los datos oficiales sobre inflación, salarios y pobreza
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anticipó que el gobierno no prevé un plan de ayuda para las familias endeudadas.
Empezó febrero y mientras se organizan marchas antifascistas en todo el país y nos preparamos para el debate de la reforma laboral retrógrada que propone el gobierno nacional, Marco Lavagna renunció a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Seguramente, la noticia más importante de la semana. ¿Los motivos? Que el presidente Javier Milei y ministro de Economía, Luis Caputo, le impidieron implementar la nueva metodología para medir la inflación.
Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) hemos expresado nuestra opinión sobre la ponderación de los componentes del actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) que permite la medición de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, diciendo que la misma no refleja la canasta de bienes y servicios ni la actual distribución de gastos en los hogares argentinos.
La actual ponderación de gastos en los hogares que se usa corresponde a un patrón de consumo del año 2004-2005. No hay dudas de que más de 20 años después, esos patrones cambiaron, como cambió nuestra relación con el entorno en que vivimos. Por ejemplo, los gastos en comunicaciones casi no están contemplados siendo que hoy tener acceso a internet o wifi es primordial para desarrollar nuestras actividades cotidianas.
Pero el problema más grande es otro y tiene que ver con el rubro servicios y que los incrementos de tarifas no están reflejados en la actual medición. No solo nuestra relación con los servicios es otra, sino que debe sincerarse la quita de subsidios y el incremento de tarifas que hoy tienen un peso mucho mayor en los bolsillos de cualquier familia. Hablamos de la factura de la luz, del agua, la prepaga, entre otros.
El incremento de precios y la desregulación no sólo recayeron en los hombros de quienes pagamos cada uno de esos servicios, sino que al no estar contemplados de manera correcta en el índice de inflación tampoco fue materia de discusión en las mesas paritarias, ni se reflejó en incrementos del salario mínimo, vital y móvil, ni mucho menos en la actualización de jubilaciones ni prestaciones sociales.
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Entonces, ¿Qué esconde el gobierno nacional al no implementar la nueva metodología de medición de la inflación? Lo que todos sabemos cada vez que vamos al almacén del barrio, cuando nos llega una nueva factura de servicio o cuando se nos actualiza el precio del alquiler: que todo el “esfuerzo para estar mejor” que Milei le pide al pueblo argentino es una mentira; que la inflación es mucho mayor que lo que se muestra mes a mes y que están construyendo un país para pocos.
Los datos deben estar al servicio de las políticas públicas, no ser un instrumento de manipulación de la realidad.
Un IPC bien medido brinda datos reales sobre pobreza e indigencia y elimina el relato del gobierno libertario sobre los frutos nobles de su política económica. No compremos el discurso de que estamos mejor cuando vemos más personas y niños comiendo de la basura.
Una inflación real permite equilibrar los ingresos con los gastos, para vivir dignamente. El proyecto de Milei nos ubica en peores condiciones, diciéndonos que es la normalidad, que merecemos menos, que tenemos que conformarnos con trabajar más horas para cobrar menos, que nuestro tiempo de ocio y disfrute no vale. Es hora de la unidad frente a la opresión y las mentiras.
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Por Lucas Ameriso
