El oficialismo apuró la marcha, acordó con la oposición y el jueves 12 de febrero se tratará en Cámara de Diputados la ley penal juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.
La nueva legislación se tratará el jueves 12 de febrero, un día después de que el Senado aborde la reforma laboral
Foto: Archivo / La Capital.
Diputados tratará la ley penal juvenil el jueves próximo.
El oficialismo apuró la marcha, acordó con la oposición y el jueves 12 de febrero se tratará en Cámara de Diputados la ley penal juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.
La novedad trascendió tras una reunión entre el presidente de Diputados, Martín Menem, y los jefes de bloque. Allí se decidió dictaminar el miércoles 11 y votar el proyecto al día siguiente.
En esa reunión, también se acordó retomar las bases del dictamen emitido el 6 de mayo del año pasado, que ya perdió estado parlamentario, para no volver la negociación a foja cero.
Lo cierto es que el asesinato en Santa Fe de Jeremías Monzón a manos de menores de edad generó un sismo en la opinión pública y un golpe de efecto social que estimuló al gobierno a apretar el acelerador en esta discusión.
>>Leer más: Qué delitos cometen los menores en Santa Fe: los números detrás del debate por la imputabilidad
En un principio, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien tiene bajo su responsabilidad el diseño de la estrategia y la recolección de votos en el Senado, era partidaria de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.
Sin embargo, ese criterio fue dejado de lado. En la discusión con los otros bloques, el oficialismo no tenía los números suficientes para imponer la versión más dura del Régimen Penal Juvenil y decidió retrotraerse al estado de debate plasmado en el dictamen de mayoría alcanzado antes del recambio parlamentario.
El nuevo régimen establecerá en 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad solo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.
A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones.
El primer paso se dará el martes de la semana que viene, cuando se conformen las dos comisiones de Justicia y Familia y Niñez y Juventudes, cuya integración está pendiente y sus autoridades aún no fueron definidas. Al día siguiente, el miércoles 11, el oficialismo y la oposición dialoguista buscarán dictaminar, para llevar la iniciativa al recinto el jueves 12.
En Unión por la Patria, el principal bloque de oposición, la postura mayoritaria es de rechazo a una iniciativa que consideran “punitivista” y “demagógica” y que pretende solucionar con el Código Penal una problemática que está enraizada en las desigualdades sociales.
Sin embargo, diputados peronistas sueltos como el massista Ramiro Gutiérrez ya se desmarcaron en su momento de la posición mayoritaria del bloque cuando pusieron su firma al dictamen de mayoría del año pasado.
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