El miércoles 11 llegará el debate en el Senado con los acuerdos sobre la mesa. Los mandatarios esperan definir antes el tema fiscal. Santa Fe, al margen
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El gobierno nacional dice públicamente que tiene casi cerrada la aprobación de la reforma laboral que se dará el miércoles 11 de febrero, y que sólo resta cerrar algunas cuestiones fiscales con los gobernadores que resisten una rebaja de impuestos coparticipables.
“Nosotros tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay unos temas que discuten gobernadores, el ministro de Economía (Luis Caputo), el ministro del Interior (Diego Santilli); eso está abierto, pero hemos quedado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado”, aseguró la senadora de La libertad avanza, Patricia Bullrich, tras reunierse con representantes de las bloques de la oposición dialoguista.
Se refiere a la persistencia de algunos mandatarios por negociar el capítulo impositivo de la reforma laboral que propone recortes en los ingresos que reciben las provincias por la coparticipación de Ganancias. Para algunas provincias es una decisión fiscal que podría ahogarlos, mientras que Santa Fe dice bancarla si realmente trae mejoras al empleo.
Por eso los mandatarios, sobre todo del NOA, se reunieron en varias oportunidades con el ministro del Interior, y organizaban una reunión para este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Finalmente fue cancelada.
Aparentemente, la Casa Rosada logró desarticular la reunión y celebró porque se anticipaba como una amenaza a sus pretensiones de avanzar la semana que viene con la aprobación en el Senado del proyecto de ley.
Sin embargo, como los cambios negociados por el oficialismo durante las últimas semanas tendrán que hacerse en la sesión debido a que el proyecto ya tiene dictamen de comisión desde diciembre último, hay ciertas suspicacias respecto a que finalmente todo quede establecido en la letra del texto.
La exministra de Seguridad trató de alejar fantasmas en este sentido. “Como vamos a llegar con un acuerdo clarito, no va a haber modificaciones extras en el recinto, así que es nada más un problema de orden”, afirmó.
“Estamos ordenados para bancarnos esa modificación de la ley”, explican en Casa de Gobierno respecto al achique de la recaudación vía rebaja de Ganancias. Esta postura del gobierno santafesino confirma que confía en que la reforma laboral resolverá algunos aspectos para los empresarios y puede ser positiva para dinamizar la economía.
“Estamos más preocupados por la generación de empleo, no por la caja que está en términos aceptables. Esta ley puede ayudar a pymes a que no tengan tanto riesgo a tomar empleados", insisten. Vale recordar que según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la baja de Ganancias significaría un costo fiscal de $1,9 billones anuales (0,22 % del PBI), de los cuales corresponden unos $1,12 billones a las provincias, entre ellas Santa Fe con una reducción de $97.000 millones.
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