Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria, encabezado por Nicolás Trotta, presentó este martes un proyecto de resolución para solicitar la interpelación en la Cámara de Diputados del ministro de Economía, Luis Caputo; del flamante director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Pedro Lines; y también del ex titular del organismo, Marco Lavagna. El objetivo es que expliquen las razones por las cuales se decidió no aplicar el nuevo índice de medición de precios a partir de enero de 2026, tal como estaba previsto.
El pedido de informes al Poder Ejecutivo se conoció tras la repentina salida de Lavagna del Indec, quien habría presentado su renuncia luego de recibir presiones del gobierno para no implementar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ya estaba listo para comenzar a utilizarse desde el inicio de este año. Su desvinculación se anunció junto con la difusión del dato de inflación de enero, prevista para el próximo 10 de febrero. De acuerdo con estimaciones privadas, la inflación de ese mes habría superado el 3% si se hubiese aplicado el nuevo índice.
Según se explicó, la nueva metodología de medición refleja de manera más precisa los hábitos de consumo actuales de los argentinos, al otorgar una mayor ponderación a los servicios por sobre los bienes. Para ello, toma como referencia la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares elaborada por el Indec.
En contraste, el IPC actualmente vigente se basa en una canasta de consumo construida a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) 2004/2005, que refleja los patrones de consumo de hace más de dos décadas. En consecuencia, los hábitos de gasto que sustentan la metodología actual no representan la estructura de consumo de los hogares argentinos en la actualidad.
Analistas del sector privado coinciden en que la inflación de enero habría arrojado un registro más elevado con el nuevo índice que con el actual. No obstante, señalaron que la decisión de postergar su implementación responde a un acuerdo entre el presidente y el ministro de Economía para continuar utilizando el índice vigente hasta que se consolide el proceso de desinflación en la Argentina.
La credibilidad del Indec
Trotta, autor del proyecto de resolución, advirtió que “la utilización de un índice desactualizado puede conducir a diagnósticos erróneos y a la adopción de decisiones que profundicen aún más la pérdida de ingresos reales acumulada en los últimos años”.
El ex ministro de Educación también cuestionó que “se han priorizado decisiones y un calendario político por sobre la credibilidad de las estadísticas públicas”.
En ese sentido, subrayó que “el IPC tiene un impacto directo sobre la medición de indicadores sociales clave, como las tasas de pobreza e indigencia, y constituye una variable central para analizar la dinámica de ingresos de la economía y la evolución del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y el tipo de cambio”.
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“Además, incide en la definición de parámetros fundamentales de contratos públicos y privados, así como en el análisis e interpretación de variables fiscales, monetarias y financieras sobre las cuales se diseñan las políticas económicas. De allí la relevancia estratégica de este indicador y la importancia de garantizar la transparencia y el rigor metodológico en su cálculo”, concluyó Trotta en los fundamentos del proyecto.
El proyecto de resolución cuenta además con las firmas de los diputados nacionales Jorge Chicha, Guillermo Snopek, Cristian Andino, José Glinski y Santiago Roberto.
