La discusión sobre cómo regular la actividad de los cuidacoches marca la agenda de cada ciudad santafesina que tiene corredores comerciales pujantes da pie a una práctica informal dentro de la economía. Rosario, Santa Fe, Rafaela o Villa Gobernador Gálvez son algunas de las localidades en donde los conductores, entre el disgusto y la resignación, abonan una tarifa extra para estacionar sus vehículos. Frente a esta problemática, desde las municipalidades de Santa Fe insisten a la Legislatura para poder llevar orden a la vía pública y erradicar a los cuidacoches.
La primera en pronunciarse fue la Municipalidad de Santa Fe, que desde el 6 de mayo de 2024 tiene una ordenanza, la 12.961, que prohíbe la actividad de cuidado y limpieza de autos en la vía pública. Sin embargo, reclaman que no cuentan con los mecanismos legales para evitar por completo la presencia de cuidacoches, que según denuncian, aplican un método coercitivo o violento con los conductores. El hecho más reciente ocurrió el pasado fin de semana, cuando un hombre en la capital provincial recibió una puñalada luego de negarse a darle dinero.
En diálogo con La Capital, el secretario de Gobierno de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, recordó que la ordenanza vigente sanciona la contravención, pero “no lo transforma en un delito punible” e instantáneamente reclamó: “Buscamos un marco normativo provincial para que la Policía tenga un recurso operativo” para accionar sobre los cuidacoches.
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En la Legislatura de Santa existen dos proyectos ingresados. Uno del diputado Walter Ghione y un tercero del senador por Rosario, Ciro Seisas, pero ninguno de ellos llegó a recinto. "Necesitamos una capacidad de acción más contundente porque nosotros en este instante estamos tratando primero de sacar a los cuidacoches que generan una doble imposición. Uno paga estacionamiento medido en ciertos sectores y a la vez tienes que pagarle a un cuidacoche que te coacciona para que pagues”, subrayó Mastropaolo.
El funcionario santafesino manifestó que, con una futura norma, cada municipio decida a través de sus concejos locales incorporarla o no como medida de erradicación de esta actividad.
Detención y vuelta a la actividad
La presencia de cuidacoches en Santa Fe es similar a la de Rosario. A pesar de estar prohibido su accionar, se ubican en zonas de alta actividad económica esperando la afluencia de los vecinos. Los agentes de la Guardia de Seguridad Institucional de Santa Fe, una organización similar a los trabajadores del Área de Control de Proximidad en Rosario (ex-GUM), acompañados por efectivos de la Policía de Santa Fe, llegan a las zonas de conflicto y en primer lugar intentan disuadir para el cese del cuidado o limpieza de vehículos, si la situación se tensa, se da lugar a los efectivos de las fuerzas de seguridad. Desde la implementación de la ordenanza 12.961, en Santa Fe se detuvieron a 640 cuidacoches, de los cuales 40 tenían pedido de captura activo. Por otro lado, la norma, permitió la identificación de otros 104 trabajadores informales que, con la intervención del Estado, se reconvirtieron en trabajadores de cooperativas con vínculos con el municipio.
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Mastropaolo, que en su mandato como concejal llevó adelante el debate contra la actividad informal de los cuidacoches, remarcó que “en el peor de los casos que se tenga que detener a esa persona, por desacato a la autoridad o violencia, pueden estar hasta seis horas detenidos según el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe”.
“El cuidacoche que no llegó a una situación de violencia extrema llega a la comisaría, luego es liberado a las horas y regresa a la zona de conflicto para seguir con su actividad”, remarcó Mastropaolo. También están aquellos que alertan sobre la presencia de control urbano y la Policía de Santa Fe “y esperan que se vayan para volver al mismo lugar”.
El secretario de Gobierno de Santa Fe aseguró que la problemática ingresa en un “círculo vicioso que no se puede cortar” y se agrava cuando existen eventos deportivos: “Cuando juegan Unión o Colón, tenemos a los cuidacoches con una mayor organización y poder de barrabrava. Ahí es donde realmente queremos tener la normativa y la contundencia para poder intervenir”.
¿Qué pasa en Rosario?
En Rosario existe el artículo 300 del Código de Convivencia que dispone: “La persona que, mediante actos determinados, obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos y/o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada o parte de la misma sin autorización alguna de la autoridad, será sancionada con multa de 10 a 200 UF (equivalentes a un litro de nafta súper por unidad) y/o con la realización de tareas educativas y concientizadoras”.
La secretaria Legal y Técnica de Rosario, Juliana Conti, sumó su mirada sobre la problemática: "El artículo 300 del Código de Convivencia no da potestad para que los agentes actúen más que en el registro labrado del acta, ahora con un contexto de autonomía, se podría avanzar a facultades más profundas que tengan que ver con la aprehensión de personas y luego remitirlas a la Justicia”.
En tanto, existen siete proyectos que están en estado parlamentario en el Concejo y a punto de ser presentados de cara a un 2026 en el que varios concejales buscarán modificar el artículo 300 del Código de Convivencia en el que solo se imponen multas y tareas educativas a los cuidacoches.
Al menos dos iniciativas van por su prohibición, mientras que otra busca aplicar una modificación a la Justicia de Faltas provincial para que la policía los erradique de las calles rosarinas. Esta mirada punitiva alterna con otros proyectos en los que se pide un registro, identificación e inserción social de los trapitos.
Existe un proyecto en conjunto del exconcejal Carlos Cardozo y la actual edila Ana Laura Martínez, otro de la concejala María Fernanda Gigliani. También Federico Lifschitz presentó su idea y los flamantes ingresantes Carolina Labayru y Juan Pedro Aleart ofrecen una alternativa. La ONG Fundación Máxima Seguridad agregó su mirada y la vecinal Ernesto Sábato sumó una iniciativa.
