A más de dos años del inicio del actual gobierno, la inflación en la Argentina dejó atrás el proceso de desaceleración que marcó los primeros meses de gestión y se estabilizó en un nivel que, si bien es sensiblemente menor al heredado, sigue siendo elevado y persistente. Desde mediados de 2025, el índice de precios muestra una leve tendencia creciente y se mantiene en torno al 2% y 3% mensual, niveles similares a los registrados un año atrás, lo que configura un nuevo equilibrio inflacionario frágil, sin señales claras de una baja sostenida.
Así lo advierte el último Informe Económico Mensual del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), que analiza las razones por las cuales la inflación no logra perforar el piso actual pese al fuerte ajuste fiscal, la apertura importadora y la apreciación cambiaria. Según el trabajo, la desaceleración inicial respondió al uso simultáneo de cuatro anclas nominales —cambiaria, fiscal, salarial y monetaria— que se fueron agotando de manera progresiva, dejando al descubierto los límites del programa antiinflacionario.
El Ceso explicó que punto de partida fue la devaluación del 118% aplicada en diciembre de 2023, que llevó la inflación mensual a un pico del 25,5%. A partir de allí, y durante los primeros meses de 2024, el gobierno logró una rápida desaceleración que permitió perforar el umbral de los dos dígitos en abril de ese año. Ese proceso se apoyó en un esquema de microdevaluaciones del tipo de cambio oficial, un severo ajuste del gasto público, el congelamiento de salarios del sector público y jubilaciones, y una política monetaria que licuó los pasivos en pesos mediante tasas de interés reales negativas.
Sin embargo, entre abril de 2024 y abril de 2025 el sendero descendente se interrumpió. La inflación dejó de caer de forma sostenida y comenzó a moverse en una meseta, en simultáneo con una incipiente recuperación de la actividad económica y el desgaste de las anclas nominales. El informe del Ceso señala que el ancla cambiaria perdió efectividad a medida que se redujo la brecha entre la inflación y el ritmo de devaluación, mientras que el ajuste fiscal y salarial comenzó a mostrar límites sociales y políticos.
El quiebre definitivo se produjo a partir de abril de 2025, cuando el gobierno abandonó el esquema de crawling peg y lo reemplazó por un sistema de bandas cambiarias, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, la inflación volvió a acelerarse levemente y quedó estabilizada en torno al 2–3% mensual. Aunque el tipo de cambio dejó de funcionar formalmente como ancla, la apreciación cambiaria real y la apertura importadora siguieron operando como mecanismos de disciplinamiento de precios, junto con el sostenimiento parcial del ajuste fiscal y salarial.
Según el Ceso, esta combinación explica por qué la inflación no se dispara, pero tampoco logra bajar de manera persistente. El programa antiinflacionario perdió coordinación y consistencia: ya no actúan de manera simultánea las cuatro anclas que permitieron la desaceleración inicial, sino que el control de precios descansa en herramientas parciales y cada vez menos efectivas frente a una economía con fuerte inercia inflacionaria y mecanismos de indexación muy aceitados.
El informe también pone el foco en un elemento clave que atravesó el debate público en las últimas semanas: la medición de la inflación. La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, a días de la implementación de una nueva metodología para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), reavivó las dudas sobre la representatividad del indicador oficial. La actualización de la canasta, basada en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2017/18, preveía un aumento significativo en la ponderación de los servicios y los precios regulados, y una reducción en la de alimentos y prendas de vestir.
De haberse aplicado esa metodología, advierte el Ceso, la inflación registrada durante el gobierno libertario habría sido más alta que la informada oficialmente. En los últimos dos años, los precios de servicios clave como vivienda, tarifas, transporte, educación y salud crecieron sistemáticamente por encima del IPC general, mientras que rubros con menor ponderación futura, como alimentos y vestimenta, mostraron subas inferiores al promedio. Esto vuelve plausible que la inflación efectivamente enfrentada por los hogares haya sido mayor, así como también el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
Expectativas para la precios
De cara al futuro, el diagnóstico del centro de estudios es cauteloso. Con un régimen cambiario más volátil dentro de bandas, un ajuste fiscal que se sostiene principalmente vía recorte de obra pública y transferencias, un ancla salarial concentrada en el sector público y una apertura importadora que limita pero no elimina la remarcación de precios, la inflación tendería a estabilizarse en los niveles actuales durante un período prolongado.
Para ilustrar este escenario, el informe traza un paralelismo con la experiencia chilena de la década del ochenta. Tras salir de una inflación de tres dígitos, Chile permaneció durante años con tasas elevadas y persistentes antes de lograr una reducción sostenida recién hacia fines de esa década, cuando se introdujeron cambios estructurales profundos en el régimen monetario y cambiario. La comparación sugiere que reducir la inflación desde niveles muy altos a intermedios es relativamente más sencillo que erradicarla por completo, especialmente cuando el ancla cambiaria deja de ser sostenible.
En ese marco, el Ceso concluye que, sin una estrategia antiinflacionaria clara, consistente y coordinada en el tiempo, la economía argentina corre el riesgo de quedar atrapada en un equilibrio de inflación moderada pero crónicamente alta, un escenario que condiciona la recuperación del salario real, la inversión y el crecimiento económico de mediano plazo.
