Los gobernadores de las provincias mineras están dispuestos a brindar herramientas, recursos e infraestructura para que el sector se desarrolle en sus territorios. Durante las rondas de negocios vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi). que se realizó este miércoles en Rosario, Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Marcelo Orrego, de San Juan, coincidieron en que la actividad puede convertirse en uno de los grandes motores de la economía argentina, con impacto en el empleo, las exportaciones y las empresas proveedoras.
Jalil consideró que ese proceso requiere una articulación sostenida entre las compañías, los proveedores y el Estado. “Mantener las cuentas ordenadas y la seguridad jurídica hará que las inversiones continúen”, aseguró y remarcó que el objetivo provincial es ampliar la producción más allá del litio.
“Queremos que vengan empresas a producir cobre, porque si bien el litio es importante, el cobre y el oro tienen un efecto multiplicador muy grande”, expresó.
El mandatario también destacó el trabajo de la Mesa del Litio, que Catamarca integra junto con Jujuy y Salta, y sostuvo que el diálogo con las compañías está abriendo más espacio a los proveedores argentinos. “La prioridad es mejorar la calidad de vida de las comunidades, la educación y el trabajo conjunto”, resumió.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
El peso de la minería
En Jujuy, el peso de la minería ya se refleja en el comercio exterior. Según precisó Sadir, el sector representa el 80% de las exportaciones provinciales y posiciona al distrito como la tercera provincia minera exportadora del país.
El gobernador anticipó que las ampliaciones y los proyectos en marcha permitirán duplicar la capacidad instalada de producción de litio, de 80.000 a 160.000 toneladas en dos años. Ese crecimiento, explicó, abre oportunidades tanto para el empleo directo como para las empresas que abastecen a los establecimientos.
“Para nosotros resulta de gran relevancia porque significa trabajo y recursos para la provincia y la Nación, pero sobre todo trabajo y desarrollo para nuestra gente, que es lo primero que buscamos”, señaló.
Sadir puso especial énfasis en el papel de los proveedores locales. Explicó que los proyectos se desarrollan a unos 4.200 metros de altura, en zonas alejadas de los centros urbanos, con fuertes amplitudes térmicas y dificultades logísticas. En ese contexto, la cercanía y el conocimiento del territorio permiten resolver problemas con mayor rapidez.
También subrayó la necesidad de construir acuerdos con las comunidades originarias. “Mantenemos una relación de equilibrio entre los titulares de la tierra, las empresas, el gobierno y los proveedores para desarrollar la minería de forma coordinada”, indicó.
Para acompañar ese proceso, mencionó la capacitación a través de universidades y escuelas de oficios, así como el apoyo a las firmas locales para certificar normas y competir fuera de la provincia. “Siempre pido y busco que las empresas contribuyan a su desarrollo, porque eso representa el progreso integral para nuestra provincia y para nuestra gente”, afirmó.
Orrego, por su parte, ubicó a la minería junto con el campo y la energía entre las actividades centrales para el futuro del país. Sin embargo, advirtió que el potencial de los recursos necesita condiciones económicas y decisiones provinciales que permitan concretar las inversiones.
“Para recibir esa inversión teníamos que ir hacia un Estado eficiente, no un Estado pesado”, expresó y destacó el trabajo para agilizar las evaluaciones de impacto ambiental y dar certezas a las compañías sobre los procedimientos.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
La importancia de la infraestructura
La infraestructura ocupó un lugar central en su exposición. El gobernador de San Juan detalló un acuerdo con la empresa Vicuña por un aporte de 250 millones de dólares, no reintegrable, destinado a caminos, corredores energéticos y, a futuro, al trazado ferroviario. También mencionó una emisión de deuda por 600 millones de dólares, a una tasa del 9,5%, para financiar obras.
“Tenemos que salir a buscar la infraestructura para sacar nuestra producción y poner condiciones para que los operadores mineros puedan trabajar tranquilos”, sostuvo. Según explicó, las intervenciones viales también benefician a la agroindustria y al turismo.
Orrego destacó además la aprobación de la Ley de Desarrollo Minero provincial, que incorpora incentivos fiscales. Indicó que la intención es que más del 80% de los trabajadores de los proyectos sean locales y que el 70% de la provisión de bienes e insumos quede en manos de proveedores sanjuaninos. “El Estado debe generar el clima de negocios para que la empresa prospere, el proveedor tenga su ganancia y el gobierno genere empleo directo e indirecto”, planteó.
Por su parte, Cornejo coincidió en que la estabilidad es determinante para transformar el potencial minero en producción. “Si existen esas reglas de juego claras, hay mediano y largo plazo, y el Rigi contribuye muchísimo a eso”, afirmó.
El gobernador de Mendoza detalló que la provincia modificó su Código de Procedimiento Minero y aprobó 65 proyectos de exploración y tres de explotación con amplias mayorías legislativas. Entre ellos, destacó San Jorge, en Uspallata, una iniciativa de cobre con una inversión de más de 800 millones de dólares que, según señaló, está incorporada al Rigi.
Cornejo explicó que su cercanía a rutas y las obras para abastecerlo de electricidad le otorgan ventajas para avanzar. El mandatario ubicó el horizonte de producción hacia fines de 2027 o el primer semestre de 2028.
También mencionó al parque solar El Quemado como el primer proyecto mendocino dentro del régimen y vinculó las inversiones energéticas y mineras con las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. “Todos estos proyectos dan una oportunidad a nuestras pymes para que quede trabajo en Mendoza, pero también nos obliga a integrarnos con las pymes de otras provincias para bajar costos y ser más eficientes”, sostuvo.
Las provincias vendedoras
Los gobernadores de las provincias que buscan enganchar a sus sistemas productivos al tren del oil & gas y la minería también tuvieron su panel en el encuentro de La Fluvial.
En ese marco, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que el desarrollo del petróleo, el gas y la minería “aliviará a las provincias agroindustriales porque se va a terminar con la restricción externa”. Pero advirtio que eso “no alcanza para darle trabajo a todos los argentinos”. Señaló que en su provincia “hay muchas empresas proveedoras de Vaca Muerta”.
“Acá no hay competencia, todos somos necesarios en este desafío”, enfatizó, al tiempo que presentó demandas al gobierno nacional. Entre ellas, invertir en infraestructura y contribuir a bajar el costo del crédito. Al mismo tiempo, hizo un fuerte gesto de alineamiento: “Hay un grupo mayoritario de provincias que entendemos que este camino de estabilidad fiscal no hay que desandarlo nunca más”.
El correntino Gustavo Valdés pidió a la administración nacional “una mirada financiera que contemple a nuestras pymes” y “bajar las retenciones al campo”.
El mandatario cordobés Martín Llaryora que hay “posturas distintas” entre los gobernadores y el gobierno nacional pero subrayó la importancia de que el sector privado vea a “todos juntos” apoyando iniciativas como la de las ronda Rigi. “Apoyamos el desarrollo federal minero, lo dice alguien que está en una provincia y no en esos emiratos”.
