Una encuesta de Apyme reveló que más de la mitad de las empresas sufrió una caída de ventas y el 34% redujo su plantel de trabajadores durante el tercer trimestre. El aumento de costos y las restricciones al crédito profundizan la crisis
El 75,6% de las pymes rechaza el modelo económico actual, con caídas en ventas y resultados negativos.
Las pymes están en jaque. El modelo político y económico nacional las atraviesa de la peor forma y 43,5% de los empresarios advierte un riesgo directo de desaparición, según los resultados de una encuesta realizada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). El estudio también advierte que un 75,6% de pymes rechazan el modelo económico actual. La crisis del sector afecta a su vez el mercado de trabajo. Durante el trimestre, un 34% de las pymes se vio obligada a reducir personal
Los resultados de la encuesta sobre la coyuntura pyme, correspondiente al tercer trimestre de 2026, realizada en articulación con la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA), revelan que el 52,2% de las empresas informó un empeoramiento en su situación general, el 51,2% registró caídas en sus ventas y el 50,2% obtuvo resultados económicos negativos durante el período analizado.
El escenario sectorial es de debilidad persistente: el 52,2% de las empresas informó un empeoramiento en su situación general, el 51,2% registró caídas en sus ventas y el 50,2% obtuvo resultados económicos negativos.
Además, se menciona que la contracción del mercado interno tiene su correlato directo en la capacidad productiva: el 48,8% de las firmas opera utilizando como máximo la mitad de su capacidad instalada.
“La presión de costos es prácticamente generalizada y la energía aparece como el rubro más problemático. La apertura importadora perjudica la competitividad del 38,3% de las empresas”, detalla el estudio.
También se menciona que la crisis del sector afecta a su vez el mercado de trabajo. Durante el trimestre, un 34% de las pymes se vio obligada a reducir personal y, de cara al próximo período, un 25,8% contempla aplicar medidas de ajuste laboral como suspensiones, reducción de jornada, despidos o no renovación de contratos.
Se resalta la continuidad de aumentos de tarifas en servicios públicos e insumos: el 56,9% denunció un fuerte impacto de los costos fijos, señalando a la energía (63,2%) y los combustibles (42,6%) como los rubros más críticos, a lo que se suma el perjuicio de la apertura importadora sobre la competitividad del 38,3% de las industrias.
A modo de conclusión, Apyme destaca que el estudio expone un estrangulamiento financiero estructural que impide la recuperación. El 73,7% de las pymes debe sostenerse exclusivamente con recursos propios, mientras que el 46,9% quedó totalmente excluida del crédito en el último año y solo un 9,6% accedió a financiamiento en condiciones favorables.
Las elevadas tasas de interés (52,2%) y el riesgo de sobreendeudamiento emergen como los principales obstáculos para el financiamiento y la innovación, ante la casi nula participación de programas públicos de apoyo.
Por otra parte, se detalló que la inversión tecnológica alcanza al 43,5% de las empresas y se financia principalmente con recursos propios.
Apyme consideró que los resultados revelan una vez más un escenario de “debilidad persistente” para la mayor parte de estas empresas, sobre todo las de menor tamaño. “El conjunto de las pymes padece la continua caída de ventas a causa de la constante caída del consumo masivo en el mercado interno, por una parte, y un creciente aumento de costos, en particular de precios de la energía y combustibles. A estos factores se suma la competencia de productos importados, un nivel crítico de capacidad instalada ociosa, y por consiguiente la parálisis de la inversión", puntualizaron en un comunicado.
En ese sentido, elínea con las políticas del gobierno, plantearon que el acceso a programas públicos continúa siendo irrelevante y persiste la restricción financiera, casi la mitad de las empresas no pudo acceder al crédito durante el último año y solo una proporción reducida lo hizo en condiciones favorables, con lo cual la inversión se encuentra paralizada.
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