El proyecto sobre seguridad que envió Maximiliano Pullaro a la Legislatura elevó la tensión entre el radicalismo y el socialismo. Antes de la sesión de este jueves en Diputados, el acuerdo está lejos y el gobernador intervino en la discusión.
Los ministros Cococcioni y Bastia se reunieron con legisladores de Unidos. El gobernador planteó que necesita las herramientas. Siguen las negociaciones
Por Mariano D'Arrigo
LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia
El proyecto sobre seguridad que se tramita en Diputados eleva la tensión interna entre los principales socios de Unidos.
El proyecto sobre seguridad que envió Maximiliano Pullaro a la Legislatura elevó la tensión entre el radicalismo y el socialismo. Antes de la sesión de este jueves en Diputados, el acuerdo está lejos y el gobernador intervino en la discusión.
La iniciativa amplía facultades para fiscales y policías y genera ruidos entre los principales socios de Unidos.
Este miércoles se reunieron en Diputados. Por la UCR participaron los ministros Pablo Cococcioni (Seguridad y Justicia) y Fabián Bastia (Gobierno) y los diputados José Corral, Martín Rosúa, Silvana Di Stéfano y Dionisio Scarpin.
Por el PS, los diputados Joaquín Blanco, Lionella Cattalini, Rubén Galassi y Gisel Mahmud.
“Todos se están endureciendo. Son como dos autos que van al choque de frente”, graficó un referente oficialista al tanto de las negociaciones.
En la noche del miércoles, socialistas y radicales todavía no habían llegado a un acuerdo.
El PS pide cambios y el gobierno reclama nuevos instrumentos para enfrentar al delito. Las organizaciones criminales, advierten en la Casa Gris, están golpeadas pero no derrotadas.
Esta vez, el gobierno no parece tan dispuesto a hacer grandes concesiones a sus aliados.
El paquete habilita interrogatorios policiales, amplía los allanamientos sin orden judicial y permite a fiscales disponer restricciones con control judicial posterior. También crea zonas de intervención policial especial y un procedimiento abreviado por decreto penal para delitos menores.
Allí están los principales tironeos. El PS busca limitar facultades policiales y reforzar controles sobre las zonas especiales. También discute el interrogatorio policial y el decreto penal. La UCR acepta retoques, pero pretende conservar el núcleo de las herramientas reclamadas por el Ejecutivo.
Pullaro aplicó presión pública para que se apruebe el proyecto. “Necesitamos más herramientas”, afirmó este miércoles el gobernador durante el acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios, en la ciudad de Santa Fe.
Pullaro rechazó las críticas a la constitucionalidad del proyecto, planteó que defensores y abogados penalistas tienen intereses en la defensa de narcos y delincuentes y cuestionó al “garantismo bobo”.
El mensaje también apunta al oficialismo. En la UCR se quejan del PS. “Estiraron el debate cinco meses y citaron a distintos actores para criticar al Ejecutivo”, deslizaron en el radicalismo.
El paquete de reformas entró en mayo pasado, pero el debate recién se activó en octubre.
Por la Legislatura pasaron la Corte provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Defensa Pública. También asistieron abogados, académicos y referentes de asociaciones civiles.
Los reparos apuntaron a la constitucionalidad de algunas medidas. Ministros de la Corte advirtieron sobre la delegación de atribuciones judiciales a fiscales y policías. La Defensa Pública cuestionó las declaraciones sin un defensor presente y el riesgo de afectar el derecho a no autoincriminarse. Representantes de los abogados objetaron allanamientos y restricciones sin control judicial previo. El MPA, en cambio, respaldó la necesidad de nuevas herramientas, aunque planteó ajustes.
La demora enfrentó al presidente provisional del Senado y titular de la UCR, Felipe Michlig, con la titular de Diputados, Clara García.
Michlig se quejó en el recinto del Senado contra la Cámara baja. “Les pedimos que se pongan a aprobar los proyectos antes de estar viendo lo que hacemos o no hacemos en Senadores. Estamos esperando y el Ejecutivo lo necesita”, resaltó.
En Unidos intentaron bajar el tono. “Son discusiones típicas. Cada uno quiere que su Cámara sea la de inicio”, dijo un referente radical.
De todos modos, en el socialismo advirtieron: “El jueves sale la media sanción con cambios, como estaba previsto ya de antes de los dichos de Felipe. Y vamos a hablar en el recinto”.
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Este jueves, a las 11, está convocado un plenario de tres comisiones: Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Seguridad. El oficialismo buscará un acuerdo contrarreloj para llevar el dictamen al recinto.
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