Eduardo Basualdo: "El conflicto del agro no terminó"

Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Eduardo Basualdo, es autor de varios clásicos sobre la economía argentina. Entre ellos "El Nuevo poder terrateniente", escrito en conjunto con Miguel Khavisse en la década del 90, en el cual sostiene que las transformaciones del sector agropecuario no ocultan que la estructura propiedad del campo, en este caso el bonaerense, sigue concentrada en los tradicionales terratenientes pampeanos.

Este actor, a su juicio, fue central en el reciente conflicto agropecuario. Su hipótesis es que una fracción de la oligarquía que supo conducir al conjunto de la clase desde sus intereses en la industria, se replegó en los 90 a su lugar de origen, el agro, y desde allí busca ahora pelear su lugar de interlocución con el Estado. En ese camino, ata una novedosa alianza con una fracción del sector de pequeños y medianos productores, que busca ganar escala a través del arrendamiento en detrimento de los cededores de tierra.

Basualdo, quien viajó a Rosario para participar de una reunión de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Central de Trabajadores Argentinos, subrayó que el conflicto agropecuario "no terminó" y disparó un realineamiento de frentes sociales y políticos, cuyas consecuencias recién se empezaron a ver.

—¿Cuáles fueron los actores centrales de esta etapa del conflicto agropecuario?

—Partiría como hipótesis básica de que se trata de un conflicto que no es únicamente económico sino que involucra la proyección política de diversos sectores del agro pampeano, a partir de un horizonte de altos precios internacionales. No de 2001 para acá, sino de 2007 para acá, y en el contexto de una revolución en términos productivos del agro pampeano, que elevó sustancialmente la productividad y el área sembrada. No es únicamente un conflicto que va contra una medida. Porque si uno mira el margen bruto, ve que sin retenciones entre el promedio de 2007 y marzo de 2008 hay un incremento superior al 90%. Y con retenciones móviles, alrededor del 45%. Efectivamente todas las transformaciones del agro pampeano tuvieron un impacto muy importante en términos de economía de escala, acentuando las diferencias entre grandes y pequeños, no vía precios sino vía costos. Esto tiene mucha incidencia pero no como para hacer que un pequeño y mediano tenga un margen bruto menor que el promedio de 2007. Hay algo superior, una proyección de carácter político. Si uno analiza la estructura de la propiedad agraria en la provincia de Buenos Aires, núcleo central de la zona pampeana, lo que ve es que los grandes propietarios son los descendientes de la vieja oligarquía argentina y no los pooles de siembra. Por supuesto están los pooles de siembra, pero según el censo de 2002, el 76% de los arrendamientos son tomados por los propios propietarios. En un período en el que aumentó el arrendamiento, éste se sigue concentrando en los propios propietarios. En ese sentido, uno puede reconocer la gran propiedad jugando con un rol central en este conflicto, junto a un sector de los pequeños y medianos, que son los que arriendan. Esto es interesante. Porque nada tiene que ver este conflicto con el Grito de Alcorta. Está de por medio el arrendamiento pero hoy aparecen asociados quienes se enfrentaban en 1912. O cambió el pequeño y mediano propietario o la Federación Agraria está conducida por estos actores.

—¿Cuál de las dos es la hipótesis más plausible?

—Hay dos alternativas, no más. O efectivamente hay cambios en los pequeños y medianos que hacen que se haya transfomado su conformación y comportamiento o la Federación Agraria está conducida por una de las fracciones de este segmento, que son los arrendatarios. La derogación de la 125 en realidad perjudicó a varios de los pequeños y medianos, porque hubieran tenido retenciones más bajas con el régimen que salió de Diputados. Desde este punto de vista, me parece más plausible la segunda opción. Hoy la Federación Agraria es conducida por una fracción de los pequeños y medianos productores, que no necesariamente expresa al conjunto, pero ese conjunto no tiene organización donde plantarse.

—Esta fracción es la de los que buscan tomar tierra para ganar escala.

—Se mueven tomando tierras sobre la fase descendente de las economías de escala. Porque los costos en las economías de escala no siempre son descendentes. Hay un punto donde empiezan a aumentar. Por eso hay grandes propietarios que ceden tierras. Ceden tierras porque están buscando el punto mínimo de costo. La combinación entre producción propia y arrendamiento cedido le da un margen bruto superior al que obtendría si trabajara toda su tierra en propiedad. Buscan el punto en el que se mueve el mínimo de costo por hectárea, es decir el máximo de economía de escala.

—¿Qué papel juegan los grandes propietarios?

 —Históricamente esta fracción de la oligarquía condujo desde la industrialización al conjunto de la clase. Pero más recientemente, aquellos grupos económicos diversificados, que son grandes terratenientes pero también grandes industriales, perdieron peso notablemente en la industria. Son los que vendieron y están en la base de la extranjerización de la industria en la década del 90. No porque hayan perdido patrimonio. Vendieron a precios internacionalmente increíbles y fugaron el capital. Hablamos de holdings como Pérez Companc, Bemberg, Loma Negra o Werthein. Y hoy son conglomerados mucho más financieros y agropecuarios que industriales. En ese sentido, se podría hablar de un proceso inédito de contradicción entre el agro y la industria. Esto no se produjo antes, ni siquiera durante la sustitución de importaciones. Al contrario, este sector se consolidó durante esa etapa.

—Ahora se enfrentan a la industria a la que ellos vendieron sus empresas.

 —Sí, pero no pelean para retomar el terreno industrial sino para limitar el proceso de industrialización. Con un gobierno que tiene muchos defectos pero que tiene políticas muy definidas en materia de desarrollo industrial. Esta fracción del capital fue, durante toda la etapa de la industrialización, la interlocutora del Estado por parte de la clase. Perdió la base industrial y se está replanteando esa interlocución por el lado del agro. Uno ve que se derogó el núcleo central del conflicto, la resolución 125, pero el conflicto sigue. Y va a seguir porque tiene esta impronta. No es un conflicto sobre ciertas medidas específicas. En todo caso se van cambiando los reclamos. Otro factor que está jugando en la permanencia de este conflicto es que intervienen muy fuertemente los intereses provinciales para participar o percibir parte de la renta agropecuaria, que hoy va únicamente a manos del gobierno nacional. En esto hubo un error de apreciación sobre el Senado. Porque allí estaban todos los factores políticos que estaban en Diputados. El PJ, con sus traiciones y sus huidas correspondientes. Pero el Senado expresa mucho más cabalmente los intereses provinciales. Y donde el gobierno supuestamente tenía mayor margen, perdió. Jugó un factor, que se llama coparticipación. Que no es un eje determinante pero sí una cuestión permanente. América latina está cruzada por este problema. La relación entre Nación y provincias hace a un rasgo básico del juego democrático en la conformación de una nación.

—¿Esto lleva a identificar a los intereses provinciales con los intereses de este sector rural que estaba protestando. Hay una nueva burguesía en el interior que marca los tiempos de la política?

 —Habría que hacer un análisis más fino de los sistemas políticos provinciales. Pero lo que sí juega, por ejemplo en Santa Fe, es ese sentimiento, no sé si correcto, de estar aportando mucho a un tipo de renta, de la que se saca menos de la que habría que sacar. Esto unifica a la provincia y es el juego de complementación, más allá de que es sector de pequeños y medianos arrendatarios sea dominante y tenga expresión política provincial. El sistema político provincial lo asume como tal.