El gobierno nacional traspasó la jurisdicción de Edenor y Edesur a la ciudad y la provincia de Buenos Aires y, en ese marco, llegó a un acuerdo con las distribuidoras para saldar las deudas cruzadas entre el Estado y las compañías.
El gobierno nacional traspasó la jurisdicción de Edenor y Edesur a la ciudad y la provincia de Buenos Aires y, en ese marco, llegó a un acuerdo con las distribuidoras para saldar las deudas cruzadas entre el Estado y las compañías.
El traspaso de las distribuidoras a esos Estados subnacionales formaba parte de los acuerdos con las provincias en el marco de los consensos fiscales. Según informó el Ministerio de Hacienda, el gobierno nacional llegó también a un acuerdo con Edenor y Edesur "por las deudas acumuladas por el Estado, mayoritariamente entre los años 2006 y 2015, y traspasó su jurisdicción a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con la firma de un acta acuerdo entre las partes".
Mediante el compromiso, la provincia de Buenos Aires y Caba asumen los derechos y obligaciones de los contratos de concesión, ad referendum de la aprobación por parte de la legislatura de la ciudad y la publicación de un decreto por parte del Ejecutivo provincial.
El traspaso no tendrá costos para el Estado nacional ya que "compensará estas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales", con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante Cammesa, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta. Por encima de estas compensaciones, Edesur deberá pagar $ 3.858 millones al Estado nacional.
Asimismo, según informó la cartera que conduce Nicolás Dujovne, las compañías se comprometen en el acuerdo a realizar inversiones en obras de infraestructura para la mejora de la seguridad y confiabilidad del servicio por $ 3.000 millones en el caso de Edenor y $ 4.000 millones en el caso de Edesur. Estas inversiones, que son adicionales a las acordadas en la Reforma Tarifaria Integral (RTI) y tendrán que realizarse en un plazo de cinco años, serán supervisadas por el nuevo ente regulador.
Adicionalmente, la ciudad y la provincia de Buenos Aires acordaron la creación de un nuevo organismo de control que será denominado Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico.
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