Cómo Santa Fe le abre la puerta a Uber y qué le falta a Rosario

El debate por la legalidad de Uber en la ciudad es de larga data. Proyectos de todos los bloques políticos desfilaron por los pasillos del Concejo de Rosario y el consenso fue solo un deseo. Mientras en la ciudad sigue el tire y afloje, Santa Fe dio un contundente paso y legisló un registro que le abre la puerta a las aplicaciones como Uber, Cabify y Maxim.

La intención de llegar a una ordenanza con la aprobación de todos los sectores bajó desde la intendencia de Juan Pablo Poletti. El mandatario instruyó a sus concejales a comenzar las gestiones para que aplicaciones, taxistas, remiseros, el propio Ejecutivo y los usuarios tengan participación en la nueva norma. “Encontramos un punto de equilibrio para permitir un sistema de transporte que hoy era ilegal sea legal”, afirmó Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno de la Municipalidad, al diario UNO de Santa Fe.

Al ser considerado un servicio alternativo, en la capital provincial esperan que las aplicaciones se enlisten con el transporte tradicional. Para ella la ordenanza, entre otros puntos, obliga a los conductores de las aplicaciones a tener un Carnet D1, tener un vehículo con menos de siete años de antigüedad, seguro y ART a nivel nacional. Además, aquellos choferes de taxis y remises que deseen sumarse a una aplicación en sus horas libres lo podrán hacer. Por otro lado, el grupo de trabajadores del sistema público tendrá una tarifa máxima, pero podrá realizar viajes a un menor costo. Otro de los beneficios para este grupo es la quita de tasas y gravámenes. Además, se implementa un impuesto del uno por ciento de los viajes de aplicaciones para un Fondo de Movilidad.

Por otro lado, habrá una comisión de seguimiento integrada por tres funcionarios del Ejecutivo, dos concejales, y un representante de taxis, otro de remises y un referente de las empresas para evitar dumping de parte de las aplicaciones ofreciendo promociones, tarifas más económicas para dominar el mercado y a partir de allí imponer un precio mayor al del mercado.

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En la práctica Uber y otras aplicaciones ya funcionaban en Santa Fe, tal como sucede en Rosario. “Existen, no estaban autorizadas, pero funcionan igual”, dijo en diálogo con LT8 la presidenta del Concejo santafesino, Adriana Molina.

El cuerpo legislativo, según la edila, trabajó en la defensa del servicio de taxis y remises “para que no haya una competencia desleal”. Por otro lado, los vecinos podrán seguir utilizando las aplicaciones “con una mayor seguridad”, expresó.

Desde junio el cuerpo legislativo de Santa Fe, encabezado por la Comisión de Servicios Públicos, lleva adelante una serie de reuniones con titulares de taxis, choferes, usuarios y referentes de las aplicaciones Uber, Cabify y Maxim. Con la ordenanza firmada, a la espera de la pronta reglamentación, sólo resta saber si las empresas privadas se adecuarán a las condiciones.

En este sentido, Molina planteó la necesidad de un control por parte de la Municipalidad “porque si no es como trabajar sobre arena”.

Los taxistas santafesinos y otra postura

Hay que remontarse al último Congreso de Titulares de Taxis de la Federación Nacional realizado en Pinamar. Era noviembre del 2023 y Damián Coceres, presidente de la Sociedad Radio Taxi Santa Fe, planteó ante los presentes que en la capital provincial se iba a tomar otro camino: “Era fácil manifestarnos en contra prendiendo cubiertas, pero acá trabajamos desde adentro porque nos come la realidad”, confió a La Capital.

Los taxistas santafesinos se reunieron con el Ejecutivo y con concejales y, estudio de abogados mediante, plantearon sus necesidades para acompañar la redacción del texto. Los resultados de la ordenanza aprobada el último jueves “se verá con el tiempo”, agregó.

Su mirada tiene un correlato. El servicio de taxis en Santa Fe muchas veces es por herencia familiar. “Mi papá fue chofer, al igual que el de muchos compañeros y una situación similar pasó hace 30 años cuando llegaron los remises”. En aquella oportunidad los conductores se vieron amenazados ante la competencia y la relación se inició entre rispideces. “No podíamos cometer el mismo error desde el minuto cero”, reflexionó Coceres.

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El servicio público de Santa Fe estipula tres turnos de ocho horas. Las unidades llevan en sus parabrisas y ventanas el horario habilitado para circular. El costo de la bajada de bandera es de 980 pesos. La ficha cada 130 metros cae en 98 centavos. Hoy en la capital provincial circulan 681 vehículos, unos 200 menos que antes de la pandemia.

La ordenanza, destacó Coceres, “baja condiciones para nosotros y las eleva para las aplicaciones”. Entre ellas, la transferencia de chapa se redujo de diez Salario Mínimo Vital y Móvil a tan solo uno. También los autos del servicio público tienen una antigüedad máxima de 10 años, contra siete que el texto impone a las aplicaciones. Por otro lado, los choferes registrados de las apps no pueden superar el 50 por ciento de las chapas, entre taxis y remises, circulantes.

Por último, el referente taxistas planteó la importancia del control para consolidar la norma ya que “hasta ahora nos paraban sólo a nosotros y por al lado pasaban los Uber cargados”.

El municipio santafesino promete controles

Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno de la Municipalidad, aseguró en Uno Santa Fe “fuertes controles” por parte del Ejecutivo. En este sentido, la municipalidad -advirtió- “tiene la responsabilidad de proteger el servicio público de transporte, taxistas y remiseros son esenciales en este esquema”.

La administración de Poletti “contará con materiales y personal idóneo para controlar. Antes no podíamos controlar algo indefinido, pero ahora, con el registro y los requisitos establecidos, podremos hacerlo de manera más fehaciente”, afirmó.

Mastropaolo resaltó la importancia de la normativa para garantizar un equilibrio entre los servicios tradicionales y las nuevas aplicaciones: “Hubo muchas ciudades que generaron normativas inaplicables. No queríamos cometer ese error. Queríamos encontrar un punto donde realmente se protege a nuestros servidores y también vengan las aplicaciones o las empresas a mejorar el servicio. Es el punto al que hemos llegado, nosotros ahora nos vamos a ir contactando con todas las empresas para que cumpla los requisitos que puso la normativa y a partir de ahí generaremos esta nueva dinámica".

En Rosario hay una ordenanza, pero se sigue debatiendo

En la ciudad hace poco más de dos meses se aprobó la ordenanza N° 10.544, reglamentando el uso de tecnologías en el servicio de taxis y remises. El escrito dispone que las aplicaciones que funcionan en la ciudad de Rosario sean parte de un registro público, disponible desde el 2 de agosto y abierto para su inscripción hasta el 2 de noviembre. De esta manera, cada titular de chapa deberá contar con al menos una aplicación habilitada para el despacho de viajes.

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"Obviamente que Uber puede legalizarse sobre la base de utilizar el sistema de servicios con el despacho de viajes y la modalidad que la ciudad tiene", aclaró el intendente Pablo Javkin, e incluso adelantó que recibieron consultas de Cabify. "Mientras se adapten a la regulación de la ordenanza, las apps podrán ser legalizadas", insistió.

Sin embargo, Uber, Didi o Maxim aún siguen fuera de la normativa y se espera al cierre del registro –el 2 de noviembre- para conocer el estado de estas aplicaciones. “El mercado demuestra que hay lugar para los privados y el sistema público. El mismo avance de la tecnología te lo impone”, aseguró Carlos Cardozo, concejal del PRO.

Cardozo y el bloque PRO apuestan a legislar sin generar “una guerra en la calle”, porque "en la realidad Uber trabaja y Cabify, con domicilio en Rosario, tiene más coches de lo permitido”. El acercamiento de las partes es fundamental para el edil y recordó el cambio de mirada sobre “dos posiciones que parecían dogmáticas” como la tarifa variable, permitida a partir de la ordenanza N° 10.544 solo para viajes pedidos por plataforma, y la quita de obligatoriedad del sistema de radio taxi. “Vamos a insistir con el diálogo porque si vamos al choque, volvemos a foja cero”, esgrimió.

Tras la aprobación del Concejo santafesino, Cardozo destacó dos puntos de la ordenanza capitalina para sumar a Rosario: “Me parece bueno lo de generar un impuesto para fortalecer el sistema local y también lo del límite de unidades en 50% de la cantidad de taxis y remises”.

Otro punto, imperioso para el edil del PRO, es la seguridad del usuario: “Es un problema tener a Uber sin control. Por eso es importante tener una base atada a un registro”.

Con el objetivo de avanzar en la legalidad de las plataformas de viajes, el pasado 22 de agosto, la concejala Julia Irigoitia presentó un proyecto para crear la actividad “Servicio de transporte privado de interés público a través de plataforma electrónicas”, basadas en normativas de la provincia de Mendoza y los municipios de Escobar, Pérez y Corrientes. Si bien el proyecto tuvo aceptación de sus pares, en las comisiones debatidas acordaron esperar hasta el cierre del registro en noviembre próximo.

Ante este panorama, la edila sostuvo la “falta de decisión política” y pidió “reconocer la realidad” del funcionamiento de las aplicaciones en Rosario. Para Irigoitia el registro en cuestión “no tendrá el efecto esperado porque las plataformas no se van a adecuar”.

El proyecto de la concejala justicialista propone como requisitos para que las aplicaciones funcionen en la ciudad tener domicilio fiscal en Rosario, una facturación, pagar una alícuota especial del Derecho de Registro e Inspección (Drei), indicar la cantidad de vehículos y entrar una lista de conductores registrados. Además, limita el horario de actividad por conductor a 8 horas de corrido o 12 horas fraccionadas.

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Al igual que la iniciativa santafesina, los choferes de taxis y remises se podrán registrar en cualquier plataforma regularizada y propone un fondo, a partir del cobro de una alícuota, para las unidades afectadas al sistema público y remises de la ciudad, así como a la adquisición de equipamiento para dotarlas de mayor seguridad. El Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas tendrá una alícuota del 9% sobre lo facturado, lo que representa 3 puntos por encima de lo que paga el transporte colectivo de pasajeros, de carga y encomiendas, actualmente fijado en 6%.

En las calles de Rosario circulan alrededor de 2.000 conductores sólo de Uber, un número expuesto entre los propios taxistas que aplican en los dos servicios y un grupo de whatsapp informal. Estos datos están lejos de las esferas municipales, generando una problemática en la movilidad y las arcas de la ciudad.