Nuevo intento en el Concejo para lograr una regulación de Uber

Mientras el Concejo debate hace años la regulación de Uber, la plataforma avanzó y hoy tiene más de 2 mil conductores en conductores en Rosario. Por eso, una nueva propuesta menos ambiciosa que recién ingresó al Palacio Vasallo intenta darle un mínimo marco jurídico a la actividad, para que declare domicilio fiscal y pague tributos como cualquier actividad comercial.

Se trata de un proyecto de ordenanza para regular el transporte por plataformas electrónicas, de manera más abarcativa que Uber, pero con la clara motivación política de legislar sobre el tema teniendo en cuenta el gran crecimiento de la app en la ciudad. La idea detrás de la presentación de Julia irigoitía (PJ) es blanquear una situación que está dada, que es que hay un montón de personas manejando para esa empresa y no hay regulación al respecto.

De manera informal, desde diversos sectores aportan datos que ayudan a comprender el fenómeno: referentes de los taxistas calculan que el 13% (unos 400) de los conductores de ese servicio público también trabajan de manera clandestina con Uber. Otros creen que el número es incluso mayor. Un grupo de WhatsApp de choferes de Uber organizados tiene 1.800 integrantes. Solo entre estos dos colectivos, la app tiene 2.200 personas al volante.

Lo cierto es que muchas personas lo usan para trabajar a modo de complemento de otro ingreso fijo, y otros directamente viven de manejar un Uber. Por eso, el objetivo del texto es ordenar y mejorar el sistema de movilidad en la ciudad. De manera sintética, crea una actividad nueva, por la cual la plataforma que quiera desarrollarla en la ciudad debe habilitarse, declarar un domicilio fiscal y una facturación, pagar una alícuota especial del Derecho de Registro e Inspección (Drei), y los vehículos y choferes que trabajen para ella deben cumplir con una serie de requisitos.

A diferencia de los que presentaron en los últimos años otros ediles como María Eugenia Schmuck (UCR), Verónica Irizar (PS) o Carlos Cardozo (PRO), este se limita específicamente a la cuestión tributaria y no avanza en otros aspectos más generales que eran lo que trababan la discusión, ya que proponían una liberación casi total, o planteaban intervenciones que iban más allá del objeto de regulación específico y distorsionaban el tema. Se estima que ingrese por la comisión de Servicios Públicos, luego siga por Presupuesto y quizás termine en Gobierno.

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Regulación

La iniciativa plantea la modificación de la Ordenanza General Impositiva creando la categoría de Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas, en el marco del artículo 1 del decreto 1818/2014, que comprenderá la intermediación entre unidades de transporte privado y usuarios para la prestación de servicios de traslado en vehículos automóviles, utilitarios, camionetas y/o motovehículos.

El Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas queda entendido como el servicio prestado por plataformas a través de aplicaciones para dispositivos móviles que utilizando el sistema de posicionamiento global permite conectar a usuarios con conductores registrados, celebrando así un contrato de transporte en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.

Dentro de las alícuotas diferenciales previstas en la ordenanza, el Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas tendrá una alícuota del 9%, lo que representa 3 puntos más que la alícuota asignada al transporte colectivo de pasajeros, de carga y encomiendas, que actualmente está en 6%.

En concreto, esto implica que las plataformas que prestan este servicio de intermediación deban declarar un domicilio fiscal en la ciudad y pagar el Drei como cualquier otra actividad comercial. A su vez, se le exigirá a quienes presten estos servicios de transporte que paguen las tasas correspondientes a la revisión técnica y desinfección vehicular como lo hacen los prestadores del servicio público.

A la vez, se establecen una serie de obligaciones para las plataformas y los conductores que los ponen en pie de igualdad respecto a los servicios públicos y garantizan medidas de seguridad fundamentales para el funcionamiento.

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Órbita municipal

El proyecto fija la autoridad de aplicación en la Dirección de Habilitaciones, Comercio y Servicios dependiente de la Secretaría de Gobierno, que será la encargada de llevar un registro de las plataformas electrónicas que presten el servicio de intermediación entre choferes y usuarios para efectuar traslados.

La recaudación surgida de la alícuota se destinará al financiamiento de los costos de reparación y mantenimiento de las unidades afectadas al sistema de taxis y remises de la ciudad, así como a la adquisición de equipamiento para dotarlas de mayor seguridad.

"Esta propuesta busca superar el estancamiento en el que entró este tema y del que no puede salir por intereses políticos y sectoriales, prejuicios ideológicos y falta de capacidad para encontrar puntos de acuerdo", apuntó la autora del proyecto.

Irigoitía señaló que la responsabilidad del gobierno municipal "es garantizar la prestación del servicio de taxis y remises y brindar un marco legal adecuado a la realidad para que estas nuevas modalidades de transporte entre privados se den cumpliendo las mismas obligaciones que tiene el servicio público".

En ese sentido, entiende que la intervención "busca precisión para dar condiciones que permitan a los usuarios tener un mejor servicio y más garantías de seguridad, al gobierno municipal un mayor control con criterios claros, a los trabajadores salir de la clandestinidad y que las plataformas estén en igualdad de condiciones para complementar el servicio público".

Movilidad clandestina

Para la edil, el hecho de que las aplicaciones están funcionando sin ningún tipo de regulación "aumenta los riesgos para los usuarios y genera mayor precariedad para los trabajadores que recurren a estas alternativas buscando una fuente extra de ingresos o porque se quedaron sin sus trabajos. Lo que tenemos actualmente es el peor de los mundos posibles. No solo es competencia desleal, sino que es clandestinidad y descontrol", opinó.

El objetivo de su iniciativa, aclaró la concejal, "no es crear una regulación excesiva que avance sobre aspectos que no corresponden y termine por entorpecer y agravar aún más la situación. Por eso, ponemos el foco en el ámbito de competencia municipal, que tiene que ver con la capacidad del gobierno local para exigir que estas plataformas declaren un domicilio fiscal y paguen los tributos correspondientes".

"Nosotros ponemos en el centro a los trabajadores y a los usuarios. Y para eso es fundamental empezar por reconocer la situación, tener un buen diagnóstico y pensar creativamente una manera para encuadrar en condiciones de legalidad a quienes desarrollan esta actividad. Creemos que este es el camino para generar iniciativas que mejoren el servicio de taxis y remises. Negando la realidad, lo único que se logra es que todos estemos peor", finalizó.