¿Cómo afectaría una reforma jubilatoria a trabajadores y jubilados del Estado santafesino? Radiografía de la situación y repaso por los puntos en debate para entender el panorama
Santa Fe frente a una reforma previsional que podría tocar la edad jubilatoria.
Desde abril, en Santa Fe se habla de una posible “reforma previsional”, es decir, una modificación en la estructura del sistema de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, hasta el momento solo hay negociaciones y una sola certeza: se espera que el gobierno de Maximiliano Pullaro presente a mediados de agosto un proyecto de ley para modificar el régimen previsional santafesino.
¿De qué se trata la reforma? ¿Por qué se propone ahora? ¿Cómo influye esto a los santafesinos? ¿Afecta a las personas ya jubiladas? ¿A quiénes afecta más? ¿A quiénes favorece? ¿La Caja de Jubilaciones puede seguir sosteniéndose de la misma manera? Todas esas son las preguntas que surgen desde abril cuando se presentó el proyecto. Y la más importante: ¿cuáles serían los cambios?
La Caja de Jubilaciones es un ente de seguridad social que cubre la imposibilidad de trabajar ante tres situaciones: la vejez, la invalidez o el fallecimiento. O sea, debe proveer a todas las personas de un monto de dinero que les permita vivir dignamente cuando no puedan trabajar.
La discusión que actualmente se da en la provincia nace del planteo -principalmente del Ejecutivo- de la necesidad de reorganizar la estructura de la caja para evitar que siga acumulando déficit, es decir, gastos mayores a los ingresos. Ese déficit se acentúa y engrosa mes a mes en parte por la deuda que tiene Anses (Nación) con el gobierno provincial y por la falta de “sostenibilidad” del sistema mismo, según señalan desde el gobierno santafesino.
Actualmente, una comisión integrada por funcionarios del gobierno, senadores, diputados y representantes gremiales discute y reflexiona sobre la situación de la Caja. Este 31 de julio terminan los debates y luego deberán remitir un informe al Ejecutivo, que este podrá utilizar de insumo o no para redactar el proyecto de ley de modificación. “Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto y los legisladores lo evaluarán”, confirmó el gobernador.
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Para entender lo que se plantea como el problema actual de la Caja de Jubilaciones santafesina, es importante conocer cómo está formada y cómo se sostiene.
La Caja de Jubilaciones de Santa Fe está compuesta por unos 103.000 beneficiarios de diferentes sectores y subsectores: personal docente, administración central, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, Registro Civil, Vialidad, Personal de Salud, Gráficos, Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, ASSA, EPE, Bancarios, seguridad, trabajadores de municipalidades y comunas sin cajas propias que están adheridas a la provincial, entre otros.
Casi un 39% de los beneficiarios corresponden al sector docente y un 23% a la administración central. Luego sigue el sector de seguridad con un 16% del total de beneficiarios de la Caja y los trabajadores de municipios y comunas, EPE, Arte de Curar y Poder Legislativo.
En relación a la cantidad de dinero que se le destina a cada uno, el que más recibe es el sector docente con casi el 37%, le siguen la administración central con aproximadamente el 17% y Seguridad con un 12,5%. Pero en cuarto lugar, los miembros del Poder Judicial reciben el 11,3% del dinero de la caja. Luego vienen los trabajadores de la EPE (5,9%), los de municipios y comunas (5,2%), los legislativos (2,9%) y el resto.
En abril, la jubilación mínima era de $325.052 y la máxima de $9.443.822. En promedio la jubilación de un empleado de la administración central fue de $638.856, de un docente de $850.730 y de un empleado del Poder Judicial de $3.650.505. Todos los empleados y empleadas del Estado que están en ejercicio aportan el 14,5% de su sueldo, sin importar el monto del mismo.
Idealmente, la Caja de Jubilaciones debería sostenerse con los aportes de Anses (que desde el 10 de diciembre Nación dejó de mandar) y de los trabajadores activos. Sin embargo, el gobierno santafesino destina cerca del 30% de las Rentas Generales para financiar la Caja.
Según declaró el secretario de la Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, la Caja tuvo un déficit de unos 129.000 millones de pesos en 2023, y según el gobernador Pullaro “va a explotar” tarde o temprano. “No tengo que gobernar solamente para los empleados públicos, tengo que hacerlo para toda la sociedad. Lamentablemente, la Caja tuvo muchos defasajes porque es un ley sumamente vieja”, advirtió en relación a la necesidad de realizar modificaciones en la estructura actual del ente.
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Se estima que la deuda actual de Anses con la provincia superaría los 800 mil millones de pesos. Santa Fe es una de las 13 provincias que desde que asumió Javier Milei no reciben los fondos establecidos por el presupuesto nacional para las jubilaciones, junto a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.
Esas partidas están acordadas entre Nación y las provincias, y desde 2023 se estableció su actualización en relación a la movilidad jubilatoria. Sin embargo, hasta diciembre todas las provincias recibían las tranferencias, aunque sin actualizar el monto, algo que ya complicaba la situación de las cajas provinciales.
Pero en Santa Fe hay otro problema, además de la deuda de Nación. Desde el gobierno provincial advierten que la “tasa de sostenimiento” de la Caja de Jubilaciones santafesina es baja. Es decir, la relación entre los trabajadores activos y los jubilados y pensionados es dispar. Hasta 2023 era aproximadamente de dos activos por un pasivo y, según algunos especialistas, para que funcione relativamente bien debería ser de al menos tres activos por un pasivo.
El objetivo del gobierno provincial es generar un sistema sustentable y revertir el déficit. Para el gobernador Pullaro, ese 30% de Rentas Generales de la provincia que se destina a sostener la Caja, es dinero que “debería estar en otro lado” como por ejemplo en obras de rutas, puentes, gasoductos, patrulleros para aumentar la seguridad, etc.
Hay algunas cuestiones que ya se saben acerca de la posible reforma. En primer lugar, que la Caja de Jubilaciones va a seguir siendo competencia de la provincia. Es decir que no se va a transferir a la Nación y no se va a privatizar. Otra de las certezas hasta el momento es que el 82% móvil no se va a modificar. “No queremos joderle la jubilación a nadie, vamos a defender los derechos de los pasivos, de los jubilados y de los trabajadores”, indicó el gobernador al respecto.
A su vez, desde el gobierno provincial trajeron un poco de calma a quienes ya forman parte del sistema de jubilados y pensionados y a quienes están cerca de ser incluídos en el régimen. Aclararon que cualquier modificación se hará de manera paulatina, lo que implicará pensar en unos tres o cuatro años para adelante.
Otro de los puntos que el gobierno provincial pone en discusión es la edad jubilatoria. Algunos representantes del gobierno afirmaron que cuando se definió la edad de jubilación de varios de los sectores, la expectativa de vida era más corta. Al elevarse la cantidad de años que viven los santafesinos, se prolonga su estadía dentro del sistema previsional. Eso hace que aumente la cantidad de pasivos en relación a los activos. Por ese motivo se habla de elevar progresivamente las edades de jubilaciones.
A su vez, señalan que hay sectores que son más deficitarios. La tasa de sostenimiento del sector docente fue del 2,43, la de la Administración Central del 2,59 y la del Arte de Curar del 3,80. Mientras que la de seguridad fue de 1,5, la del Poder Judicial de 1,60 y la del Legislativo 1,80. Es por eso que la tasa de sostenimiento de cada sector es una de las cuestiones que también se pone en revisión.
Por último, todos los trabajadores de los diferentes sectores que componen la Caja santafesina aportan el mismo porcentaje: 14,5% de su salario. Esto sin importar el monto de los ingresos promedio de cada uno de los sectores. Es por eso que otra de las posibilidades de modificación del régimen previsional tiene que ver con establecer una escala diferencial de aportes de acuerdo al monto de los ingresos de cada sector: a mayor ingreso, mayor aporte.
A mediados de abril, ingresó a la Cámara de Senadores un proyecto que refería a la declaración de la “necesidad de reformar el régimen de jubilaciones y pensiones” de la provincia y a la creación de la comisión que elaborara ese proyecto de reforma.
En su paso por la Cámara de Diputados, el proyecto fue modificado. De esa manera, la comisión se formó pero con el objetivo de realizar un informe sobre el estado actual de la Caja de Jubilaciones de la provincia con diferentes actores en representación de algunos de los sectores involucrados en la discusión. La elaboración de un proyecto de reforma quedó en manos únicamente del Ejecutivo.
La comisión comenzó a funcionar el 19 de junio y finaliza sus tareas el 31 de julio. Fue conformada por seis senadores, siete diputadosk, cuatro gremios (ATE, Upcn, Amsafé y Festram) y cuatro representante del gobierno: Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social; Alicia Berzero, directora provincial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones: Malena Azario, secretaria de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía; y Julia Tonero, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica.
Una vez cerrados los debates de la comisión, deberá remitir el informe al Ejecutivo.
La idea de una reforma previsional provocó el rechazo de varios de los gremios santafesinos, que manifestaron que este contexto no es el indicado para discutir cambios en un sistema que podría impactar de lleno en la situación laboral de muchos trabajadores, que a la vez discuten sus aumentos salariales y condiciones laborales en una situación económica compleja.
Amsafé votó en asambleas su rechazo a cualquier modificación del régimen jubilatorio y sus dirigentes manifestaron su descontento en repetidas oportunidades. Sin embargo, sí aceptaron sentarse a hablar sobre la situación financiera de la Caja. Desde el gremio que representa a los docentes públicos, indicaron que no sería posible que un docente esté frente a un aula con más de 60 años. Sostuvieron que la mejor opción sería no tocar el régimen de los trabajadores de su área e informaron que realizarán un informe paralelo al de la comisión de la que forman parte.
ATE Rosario también manifestó su desacuerdo a cualquier tipo de reforma. ““El déficit fiscal se da por falta de aportes, por no ser un sistema solidario, por no tener garantizada la formalidad del trabajo en las generaciones más jóvenes, por falta de fondos nacionales adeudados que ocasionan un ajuste en los más necesitados, en una provincia con supuesto superávit, esto nos da como resultado la ecuación de la pobreza para la provincia”, expresó en un comunicado de la semana pasada.
Desde Upcn mostraron una postura no tan confrontativa y el secretario general, Jorge Molina, aseguró que con el diálogo se puede llegar a algunas alternativas que resuelvan la situación financiera de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.
Otros representantes de los trabajadores que no forman parte de la comisión pero que representan a sectores implicados en cualquier tipo de reforma previsional, también manifestaron su oposición, tal como Sadop y la CTA.
Si bien algunos gremios evidenciaron más predisposición para sentarse a discutir la cuestión presupuestaria de la Caja, la mayoría señalaron la necesidad de insistir en el reclamo de la deuda que Anses tiene con la Caja santafesina. Es decir, que antes de discutir modificaciones en el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de la provincia, hay que reclamar lo que la Nación le debe a Santa Fe.
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