Reforma previsional en Santa Fe: con los sindicatos en alerta, se armó una comisión clave

Con los sindicatos en alerta, se conformó la comisión multisectorial que tiene la espinosa tarea de analizar la situación de la caja jubilatoria de Santa Fe. El objetivo al final del camino, coinciden los diferentes actores, es avanzar hacia una reforma previsional que haga sustentable el sistema. La discusión es cómo.

El debate sobre la solidez de la caja previsional se volvió más acuciante en diciembre, tras la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar la canilla y cortar el anticipo de fondos a las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Anses.

El gobernador Maximiliano Pullaro impulsa un ordenamiento del régimen jubilatorio santafesino, en el marco de un saneamiento de las otras grandes cajas que tiene la provincia: Iapos, Aguas Santafesinas y la EPE.

En ese marco, el Senado y Diputados intercambiaron proyectos sobre la cuestión previsional. La Cámara baja se impuso en el ping pong y la comisión tiene un objetivo más acotado.

En lugar de proponer un nuevo proyecto de reforma, el cuerpo colegiado tiene la misión de analizar el régimen previsional, en función del rojo cada vez más intenso de la caja.

Finalmente, esa comisión se reunió por primera vez este miércoles, en la ciudad de Santa Fe. Tienen sillas representantes del Poder Ejecutivo, legisladores y sindicalistas.

Quiénes integran la comisión

El nuevo órgano es presidido por Rodrigo Borla, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y lo secunda Pablo Farías, quien encabeza el mismo cuerpo en Diputados.

Por el Senado participan Rubén Pirola, Alcides Calvo, Esteban Motta, Oscar Dolzani, Hugo Rasetto y Raúl Gramajo.

En tanto, por Diputados lo integran José Corral, Gisel Mahmud, Astrid Hummel, Rubén Galassi, Walter Agosto, Beatriz Brouwer y Natalia Armas Belavi.

Por la administración provincial fueron designados Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de Santa Fe; Alicia Berzero, directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones; Malena Azario, encargada de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, y Julia Tonero, secretaría Legal y Técnica de la cartera de Gobierno.

Finalmente, tienen su asiento garantizado los sindicatos con mayor cantidad de aportantes: UPCN, ATE, Amsafe y Festram.

Además, se invitará a otros sindicatos y organizaciones con intereses en el tema, como Judiciales y el Colegio de Magistrados, y se armará una grilla con las entidades que quieren participar de la discusión.

Según la ley que creó la comisión, el órgano tiene 45 días corridos para estudiar el tema y elevar su informe. Sin embargo, si las autoridades lo consideran necesario ese plazo puede estirarse.

Tiempos

Si bien la ley establece que la función del órgano es de diagnóstico, en el oficialismo no descartan que desde la comisión surjan ideas de reforma. “Se pueden recoger propuestas, aunque todavía no discutimos las características del informe final, si va a ser más resolutivo o de reporte del estado de situación”, dijo Corral a La Capital.

Para el oficialismo, el tiempo apremia. La Casa Gris pretende enviar un proyecto propio a comienzos de agosto.

“El concepto es salvar la caja, mantenerla en el ámbito provincial, no transferirla a Anses, y hacerla sustentable. Los regímenes especiales tienen que existir, pero con correcciones. La mirada es unánime, no hay salida y hay que contener la sangría”, dice un alto funcionario de la Casa Gris.

En Unidos, donde conviven distintas tribus radicales, socialistas y del PRO, además de otros partidos más pequeños, todavía no hay posición unificada. Aunque sí asoman algunos consensos.

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“El sistema tiene que ser público, de reparto y respetando el 82% móvil. El espejo es el desastre del sistema previsional nacional, que no paga ni el 50% de lo que ganan los activos en la mayoría de las actividades, y donde los jubilados ni siquiera pueden recuperarse de la inflación. Para evitar eso hay que hacer la caja sustentable”, plantea Corral.

Otro legislador de la alianza oficialista agrega: “Hay que discutir las edades, los beneficios y cómo se computan. La compra de años es insostenible”.

La posición de los sindicatos

Por lo pronto, los gremios entran al debate con la guardia alta.

“Nosotros estamos en contra de establecer topes, esa es una de las tentaciones cuando se habla de jubilaciones, a nivel nacional existe. Creemos que hay que respetar la estructura salarial que cada sector tiene y que estuvo aportando, eso no se puede afectar", indicó el titular de UPCN Santa Fe, Jorge Molina.

Respecto a la edad de jubilación, el sindicalista dejó la puerta abierta al debate: "No quisiera aventurar opiniones. Acá la premisa fundamental es que la caja sea sustentable con los acuerdos nacionales que están establecidos por ley. Desde UPCN defenderemos que la vigencia y la posibilidad de que la jubilación sea un derecho adquirido de los trabajadores que aportaron y de quienes aún están en actividad".