La principal conclusión que deja el juicio a la asociación ilícita que conduce Esteban Alvarado no tiene que ver necesariamente con los hechos que se le atribuyen. Sino en cómo fue la articulación estatal la que permitió a una organización criminal establecerse en un territorio, construir su vigor en una madeja que necesitó de hechos de sangre para expandir negocios y pese a innumerables advertencias ser viable a lo largo de mucho tiempo.
No es poca enseñanza el hecho de que la evidencia inicial que posibilitó describir la conducta de la banda de Alvarado, sus conexiones policiales, los permisos judiciales y policiales que en forma deliberada u omisiva obtuvo, provinieran de fuera de la provincia.
Adentro la prueba no se generaba no por incapacidad sino porque las fuerzas de seguridad y los actores judiciales actuaron para que no se viera. Como dice el criminólogo Matías Dewey, facilitando los permisos estatales, noción muy utilizada por los fiscales, para que la organización criminal tuviera el insumo indispensable para afianzarse: impunidad.
Desde 2012, cuando Alvarado fue detenido a requerimiento de un fiscal de afuera de la provincia de Santa Fe, hubo un sinnúmero de alertas sobre el tipo de acciones que desplegaba Alvarado en Rosario, sus socios policiales, la continuidad de sus acciones, su actividad económica fuerte (comercio de drogas) que al día de hoy en la ciudad no mereció ninguna sentencia. Eso le facilitó, al cumplir su condena en 2017, salir de la cárcel de Urdapilleta más robusto de lo que entró. Al menos, en capacidad de generar inestabilidad política con su factor de violencia y con la potencia de su logística.
Estando preso un camión de una de sus empresas fue detenido en Río Negro con media tonelada de marihuana. La Justicia Federal de Rosario ni se asomó al caso pese a que en la provincia patagónica sus socios, todos con residencia en Rosario, habían sido condenados. Recién ahora a Alvarado, después del avance de la Justicia provincial, se lo está juzgando por ese hecho.
En este juicio se vieron cosas de una apabullante transparencia que, sin embargo, no motivan hasta el día de hoy respuestas públicas de la política. Alvarado en un audio dice, antes de que lo nombren, que el futuro jefe de policía será Cristian Sola. Se advierte que antiguos jefes de Drogas Peligrosas, con conexiones más que llamativas con el principal acusado de este juicio, se refugiaron en una Jefatura de Policía articulando con dirigentes políticos. O un acontecimiento en la isla El Charigüe que sigue bajo un manto de sombra.
Y queda como momento fundamental y desconcertante del juicio la declaración de Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, como señaló por primera vez este diario hace tres años, elaboró 14 informes que mostraban cómo policías que habían investigado a Los Monos protegían o eran cómplices de Alvarado, y cómo la Justicia Federal actuante pese a la contundencia de la prueba rendida (prueba que se usó para imponer condenas en la provincia) no avanzó un tranco para poner a tiro a Alvarado.
Como consecuencia de eso, Alvarado siguió avanzando, con sangrientos efectos en el terreno urbano e insospechables alcances en el damero político.
Este juicio tiene un efecto paradójico: en audiencias a las que prácticamente no acudía nadie, que en su mayoría cuando no había testigos notorios transcurrieron sin público, se ofreció una explicación institucional de la violencia epidémica que desde 2013 puso a Rosario en la prensa de todo el mundo. La chance de empezar a sanar de ese profundo tajo narcisista fue a partir de la exposición de explicaciones y de argumentos que en este juicio tuvieron fuerza como para derrumbar un edificio. Difícilmente se encontrarán en otro lado tantas explicaciones sobre el presente que lastima a la ciudad como en el debate oral y público que tuvo su broche la mañana de este viernes.
Las instituciones de Santa Fe, más allá de algunos actos formales y valiosas voces aisladas, le siguen gambeteando a lo esencial: con determinación sin importar costos, con franqueza hasta que duela, hablar sin parar de lo que pasó en este juicio. Porque lo que dijeron los fiscales, con la validación de los jueces que impusieron condena, es que los poderes en la provincia contribuyeron, con actos que fueron descriptos, para que esta banda tuviera éxito. Quedarse con que a Alvarado le dieron prisión perpetua será no haber cambiado gran cosa.