Financista imputado por estafa fue corrido de su empresa

El empresario Sebastián Grimaldi, cuya firma cantó un "paga Dios" a principios de 2019, sigue acumulando malas noticias en los Tribunales. A poco de que en el fuero penal termine imputada su madre como coautora de delitos de estafa, ahora fue desplazado del manejo de su propia compañía. La decisión corrió por cuenta del juez Marcelo Quiroga, en el marco del concurso preventivo de la corredora Sebastián Grimaldi SA.

La medida había sido pedida por la sindicatura, que viene ejerciendo un férreo control sobre la compañía. Tal como contó oportunamente La Capital, fue la profesional a cargo del órgano la que verificó una deuda cinco veces más grandes que la original, lo que complicó los planes de Grimaldi para salir airoso del proceso.

En una nota ingresada hace ya varias semanas, la contadora Ana Taborda solicitó limitar las facultades de Grimaldi como acreedor de la firma, bajo sospecha que su continuidad en el cargo fuera a generar un perjuicio para la masa de acreedores. El juez Quiroga recogió la demanda y resolvió su desplazamiento, designando en su lugar a un perito Licenciado en Administración de Empresas.

"Se comparte la doctrina que indica su fundamento en la desconfianza de que el fallido realice actos perjudiciales para patrimonios ajenos, sumado a la circunstancia de que en el caso del inhabilitado fallido, no dispone de bienes para responder por los perjuicios que eventualmente puede ocasionar", explicó el magistrado, en un fallo que ya fue apelado por la concursada.

Quiroga fundamentó su escrito en otros aspectos. Por un lado, a la declaración de quiebra que pesa sobre Grimaldi -entendió que si se le impide disponer de sus bienes propios, es "lógico que se impida administrar bienes de otros"-. Por otro, en que la contabilidad de la empresa "no se presenta como confiable, en tanto no está actualizada". Por último, advirtió el incumplimiento del deber de información del administrador de la sociedad concursada "pese a los diversos requerimientos".

La síndica había solicitado la medida para tener un mejor control sobre 108 juicios en los que la SA reclama deudas de dinero contra diversos deudores. "Según hemos constatado hasta ahora, estos créditos conforman su único activo real (los demás bienes muebles denunciados son de escaso valor e imposible realización). Como la empresa no tiene actividad (por lo que no genera ningún gasto) ese activo necesariamente debe ser preservado", dijo oportunamente.

El pedido había sido resistido por la sociedad por entender que no se encontraban reunidos los respectivos recaudos legales, pero el juez hizo caso omiso a esas palabras.

El desplazamiento de Grimaldi se produjo con escasos días de diferencia de la presentación de la propuesta de pago, que involucra un pasivo de $1.573 millones, tal como reflejó oportunamente este medio. En el expediente, el acreedor número uno es la Administración Provincial de Impuestos (API), con un crédito total de $182 millones. Luego siguen varias empresas del rubro cerealista (Maiocco Cereales, Cofco, Cargill y Bertello) y algunos bancos (Macro y Francés).

Antecedentes

Grimaldi entró en default a principios de 2019, tras una fuerte devaluación que puso en evidencia presuntas maniobras delictivas que realizaba a través de las dos firmas del grupo (Sebastián Grimaldi SA, radicada en Rosario, y el acopio Leones Agropecuaria SRL, afincada en suelo cordobés).

En mayo de 2019, ingresó en Tribunales el pedido de convocatoria de la sociedad rosarina, que desde entonces tramita ante el juzgado civil y comercial de la 5ta. Nominación.

Mientras se estudiaban esas presuntas irregularidades fue avanzando la causa penal en Córdoba, en la que Grimaldi quedó imputado y hasta con prisión preventiva, como jefe de una asociación ilícita. Mientras tanto, en Rosario las denuncias penales parecían guardadas en un cajón, hasta que este año se motorizaron allanamientos que terminaron sirviendo para detener y luego imputar a Grimaldi por el delito de estafas.

En julio, la madre del cerealista, María del Carmen Giesenow, también fue señalada por la Fiscalía en Delitos Económicos, como coautora de los delitos de estafa. En la oportunidad, la mujer debió pagar una caución real por un millón y medio de pesos.