El empresario rosarino Sebastián Grimaldi fue imputado por estafa y no puede salir de la provincia

El empresario rosarino Sebastián Grimaldi fue imputado este miércoles por el delito de estafa por dos hechos en concurso real y en calidad de coautor, de acuerdo a la audiencia que se a través de una video conferencia.

El juez Nicolás Foppiani aceptó la imputación e hizo a lugar al acuerdo presentado el acusado y Fiscalía, disponiendo una medida cautelar no privativa de la libertad con reglas de conducta para el empresario cerealero: debe fijar un domicilio y firmar quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ); tiene prohibido salir del país, incluso de la provincia de Santa Fe, con excepción de los egresos que necesite realizar ante el Juzgado Federal de Belle Ville (donde también afronta un procesamiento judicial); y debe entregar una caución real consistente en el embargo del inmueble cuya escritura se acompañó en audiencia.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Mariano Ríos Artacho le atribuye al empresario en carácter de presidente de S.G. SA, junto a su madre la cual era directora de la firma, haber defraudado al Banco Macro S.A. el 26 de diciembre de 2018. Es que le solicitó una ampliación para girar en descubierto y respaldó ese pedido presentando en su cuenta corriente diez cheques por un total de 5.023.951,08 de pesos para aparentar solvencia, sabiendo que los mismos iban a ser rechazados por falta de fondos. Esto se debió a que los mismos habían sido librados por la empresa Leones Agropecuaria SRL –empresa que el imputado controlaba– y endosados con firmas apócrifas a favor de “S.G. SA”. Con esta maniobra produjo un perjuicio económico de 8.919.290,64 pesos al cierre del día 3 de enero de 2019.

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También se le atribuyó en carácter de presidente de “S.G. SA", junto a su madre, haber defraudado al Cofco Internacional Argentina S.A. abusando de la confianza con el gerente de originación de la empresa y de la habitualidad con la que realizaban operaciones comerciales desde el año 2016. En 2018 celebró dos contratos de compra–venta de cereal en virtud de los cuales Cofco transfirió la suma de 9.738.975,85 pesos (noviembre de 2018) a Leones Agropecuaria SRL, y en 2019 un total de 20.200.376 pesos en concepto de prefinanciación e IVA a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en el contrato. Todo ello a sabiendas de que el mismo no iban a ser cumplidos, produciendo un perjuicio económico a la víctima en la suma aproximada de 818.015,07 dólares.

La causa inició a partir de las denuncias formuladas por los representantes del Banco Macro y representantes de la empresa Cofco Internacional Argentina S.A. Conforme las mismas el imputado habría utilizado a las empresas “Leones Agropecuarias SRL” y “S.G SA” para realizar las actividades delictivas.

El imputado se valió de la confianza que generaba como así también de la existencia de un acopio propio. Las maniobras de defraudación tuvieron lugar desde el segundo semestre del año 2018 y se consolidaron en el mes de enero de 2019. En relación a los productores agropecuarios, la maniobra consistió en la captación de gran volumen de cereales , oleaginosas y su venta inmediata a través de la empresa “Leones Agropecuarias SRL” que funcionaba como remitente comercial y con la intermediación de “S.G SA” como corredor. Esto le permitía al acusado hacerse del dinero producto de las operaciones comerciales y desviarlo de las empresas, como así también del control de los productores, provocándoles un perjuicio económico por cuanto no pudieron hacer efectivas sus acreencias ni recuperar el cereal entregado al acopio.

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En relación a la empresa Cofco International Argentina SA, el imputado abusando de la confianza que gozaba con el Gerente de Originación de dicha empresa, celebró dos contratos a sabiendas que atento la situación económica en que se encontraba la empresa no iban a ser cumplidos. El 30 octubre de 2018, la operación consistió en la compra–venta de 1.500 toneladas de trigo, con entrega desde el 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019, instrumentada mediante un contrato de compra venta de cereal registrado en la bolsa de cereales de rosario.

Por el mismo, la empresa le transfirió a “S.G SA”, por mandato irrevocable según el contrato firmado la suma de 9.495.271,60 pesos en concepto de prefinanciación a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en el contrato y el IVA por la suma de 243.704,25 pesos en la cuenta de Leones Agropecuaria SA. Sólo entregó 360 de las 1.500 toneladas.

El 21 de diciembre de 2018, celebró un contrato de compra venta de 3.500 toneladas de maíz, con entrega desde el 1º de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019, instrumentada mediante contrato de compra venta de cereal, registrado en la bolsa de cereales de rosario. Por esta operación Cofco le transfirió a S.G SA, por mandato irrevocable según el contrato firmado, la suma total de 20.200.376 pesos en concepto de prefinanciación a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en el contrato.

Las dos operaciones fueron realizadas por la suma de 793.097 dólares y a los efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación, el acusado entregó además de una carta de garantía que se requiere en este tipo de contratos, una garantía personal consistente en la firma de un pagaré por la suma de 2 millones de dólares certificada ante escribano público.

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Estos hechos fueron investigados por la Justicia Federal de Bell Ville en la Provincia de Córdoba por los delitos de asociación ilícita.

Asimismo, en mayo de 2021 el Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Bell Ville solicitó ampliación de imputación penal contra el acusado, M.Á.C y H.N, ello en atención al informe técnico producido por la División de Investigación de Lavado de Dinero de la Policía Federal Argentina.

En este sentido sostiene la Fiscalía Federal que los imputados se habrían valido de la estructura de las sociedades legalmente constituidas: “S.G. SA” y Leones Agropecuaria SRL para controvertir, transferir, administrar, vender y/o gravar el total o parte de las indebidas ganancias provenientes de las sucesivas defraudaciones al fisco y a los productores agropecuarios que contrataban con las mentadas empresas, mediante la realización de distintas operaciones económicas, comerciales y financieras, con la finalidad de darle un aparente origen ilícito a esos fondos generados por dichas actividades delictivas.