Mientras su suerte en el fuero penal parece bastante compleja, la situación del corredor Sebastián Grimaldi en lo civil y comercial no parece mucho mejor. Es que en paralelo a la aceleración de la causa en la que será imputado por estafas, el concurso preventivo de su corredora (Sebastián Grimaldi SA) ingresó en una etapa definitiva, y no precisamente con buenas noticias. El juez Ezequiel Zabale acaba de ratificar el informe de la nueva síndica, en el que se certificó que la deuda es cinco veces más grande que la verificada por el síndico anterior, sospechado de connivencia con el empresario.
Tal como informó La Capital, Grimaldi entró en default a principios de 2019, tras una fuerte devaluación que puso en evidencia presuntas maniobras delictivas que realizaba a través de las dos firmas del grupo (Sebastián Grimaldi SA, radicada en Rosario, y el acopio Leones Agropecuaria SRL, afincada en suelo cordobés).
En mayo de 2019, ingresó en Tribunales el pedido de convocatoria de la sociedad rosarina, que desde entonces tramita ante el juzgado civil y comercial de la 5ta Nominación, a cargo de Ezequiel Zabale. En dicho expediente quedó como síndico el contador Aníbal Compagnucci, cuyo accionar quedó fuertemente cuestionado cuando, entre otros aspectos, rechazó gran parte de los créditos reclamados, considerando que el deudor era el acopio cordobés. Solo admitió un pasivo de $76,6 millones, cuando el denunciado superaba los $1.573 millones.
Compagnucci fue denunciado incluso por Cargill por avalar una maniobra de Grimaldi para licuar sus pasivos, consistente en negar la validez de una firma suya en diversos contratos. La agroexportadora demandó al empresario y al síndico por una connivencia defraudatoria directa.
Mientras se estudiaban esas presuntas irregularidades fue avanzando la causa penal en Córdoba, en la que Grimaldi quedó imputado y hasta con prisión preventiva, como jefe de una asociación ilícita. Mientras tanto, en Rosario las denuncias penales parecían guardadas en un cajón, hasta que esta semana motorizaron allanamientos y la detención del empresario, que será llevado a audiencia imputativa este miércoles.
El caso es que con la difusión de novedades en la vecina provincia, el juez Zabale definió dar curso a las demandas y remover al síndico, acusándolo de no cumplir con sus obligaciones. No solo eso, sino que lo inhabilitó por 6 años "por negligencia en los términos del artículo 255 de la Ley de Concursos y Quiebras".
La nueva síndica, Ana Taborda, presentó este año un nuevo informe, en el que certificó créditos por un valor cinco veces superior a su antecesor (casi $400 millones). Al momento de presentar los números, la profesional dejó claro que la corredora y el acopio formaban parte de una misma organización empresarial, y que una uso a la otra "para frustrar derechos de terceros en su propio beneficio".
"La pretensión (de Sebastian Grimaldi SA) de de no responsabilidad respecto de las operaciones celebradas con Leones Agropecuaria SRL debe ser rechazada, dado que el mismo debe responder por esas operaciones", aseveró Taborda, en un escrito que fue ratificado recientemente por el juez del concurso.
Empresa cáscara
Más allá del nuevo panorama -en principio más favorable a los acreedores-, fuentes con acceso a la causa ven un futuro complejo, en tanto y en cuanto hasta aquí no han logrado dar con bienes de la empresa que le permitan responder a su pasivo.
Con el patrocinio del abogado Marcelo Bergia, se requirió un oficio a Rosario Fiduciaria para ver qué había pasado con las unidades por las que Grimaldi se había interesado en el nuevo edificio de la Bolsa de Comercio. Sin embargo, la respuesta, incluida en el expediente, fue negativa: si bien el empresario era titular de una oficina en el quinto piso y dos cocheras, quedó desprovistas de las mismas cuando quedó excluido del fideicomiso por mora en la entrega de los fondos.
Las fuentes judiciales apelaron a la figura de "empresa cáscara" para retratar la situación de la sociedad, por cuanto en primera instancia no tiene bienes a su nombre. Una anécdota pinta la situación a las claras: recientemente la sindicatura realizó una visita a la actual sede oficial de la firma, pero al llegar encontró la casa de una jubilada. "Esto se encamina a una quiebra", indicaron a La Capital.
En caso de detectarse que se trató de una quiebra fraudulenta, para los acreedores queda la esperanza de que se libere el período de sospecha y lograr recuperar algunos bienes. En el marco de la causa penal, Fiscalía adelantó que en las jornadas siguientes a la cesación de pagos, el empresario y otros directivos de la firma (como su madre) se desapoderaron compulsivamente de propiedades y vehículos.
El API, principal damnificado
En la convocatoria, el acreedor número uno es la Administración Provincial de Impuestos (API), con un crédito total de $182 millones. Luego siguen varias empresas del rubro cerealista (Maiocco Cereales, Cofco, Cargill y Bertello) y algunos bancos (Macro y Francés).
