El Plan Bandera tuvo su acto para fortalecer el vínculo Santa Fe-Nación, y evidenció cierta disputa por colgarse el éxito. Por otro lado, el gobierno tuvo que reaccionar para contener un reclamo policial.
Por Facundo Borrego
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Cococcioni explicó cómo procedió el gobierno provincial ante el plan para atentar contra Pullaro.
El primer capítulo de la semana fue el martes bajo la verdosa sombra del Parque Independencia. Cien camionetas 0km estacionadas en fila para las fuerzas de seguridad del Plan Bandera y un intercambio de agradecimientos entre el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. “Nunca vi tantos funcionarios de todo tipo por metro cuadrado”, comentó con sarcasmo un dirigente del gobierno santafesino.
Claro, era un marco positivo que se sumaba a la serie de buenos datos que desplegó en abundancia el gobierno provincial, sobre todo tras un enero con índices bajos de homicidios, un mes siempre adverso. Como se dijo en esta columna, tomó a enero como un desafío político. La secuencia de hechos demostraría en esta misma semana de cumbre entre Pullaro y Monteoliva que los desafíos en seguridad son constantes y de distinto calibre.
Hasta allí todo normal. Más empuje al Plan Bandera, buena sintonía pública entre los gobiernos. En su intervención, Pullaro afirmó que la articulación entre Nación y Provincia permitió “lo que nadie en Argentina ni en América Latina creía posible: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe”. Según el mandatario, ese resultado fue producto de “ponerse espalda con espalda”.
Al margen de la figura, existe una disputa solapada que nadie quiere ventilar pero que carbura por instinto político: ¿Quién se queda con la medalla del éxito en seguridad del Plan Bandera? ¿Provincia o Nación? ¿50-50? ¿60-40? ¿40-60? Obviamente no solo por orgullo está latente la competencia, sino porque es un logro instrumental.
“Sería tonto como gestión dar esa discusión en este momento”, explican en la provincia y creen, lógicamente, que el peor escenario sería perder esa presencia efectiva.
Si bien las autoridades nacionales avocadas a seguridad no arman olas de merecimientos, hay otros dirigentes libertarios que no creen que sea tonto dar la discusión, al contrario, juegan.
La diputada nacional Romina Diez lo dejó explícito en su Instagram con una foto en la reunión en el Comando Unificado de Gendarmería Nacional con Monteoliva previo a la entrega de patrulleros. “Hito histórico del Presidente Milei en materia de seguridad”. En el gobierno de Santa Fe dicen no ser ingenuos y ven las intenciones de capitalizar políticamente pero no se prenden, al menos por ahora.
Igualmente creen difícil que penetre en la provincia el discurso de que Nación llegó para salvar a Rosario. Entienden que los resultados se emparentan con Pullaro. Incluso manejan encuestas en la que registran desde hace unos cuantos meses que el problema del bolsillo supera a la inseguridad como mayor preocupación después de muchos años.
Así como el peor escenario del Plan Bandera sería perder la presencia efectiva federal, más lo sería perder la de la policía provincial. Ese fue el mayor temor, y, pro consecuencia, lo que se resguardó durante el mini conflicto de los reclamos de familiares de policías en la puerta de Jefatura: mantener la operatividad. Por lo tanto, el segundo capítulo de la semana en seguridad aparece como revuelto lejos del acto esmerado en el Parque Independencia.
Se generó un escenario incómodo porque partía desde los suyos, tal como valora el gobierno a la policía. En lo urgente, buscaron actuar de manera veloz para que no se llegara a una crisis con notoria visibilidad y en su principal tema de gestión. Pero como todo este tipo de episodios fue resbaloso: una convocatoria con reclamos confusos y variados, entre mejora salarial, transporte, cobertura médica y salud mental, y con una representatividad difusa.
Cococcioni describió en conferencia de prensa que no era un grupo homogéneo y que hubo un “cambio de composición en los manifestantes”. No dijo que haya habido infiltrados, pero sí que había diferentes posturas entre un reclamo genuino -que "celebra"- y algunos que pretendían bloquear, o en simples palabras, pudrirla.
El nudo estaba en los rangos de jerarquía más bajos con sueldos de bolsillo sin extras de hasta $1.300.000 - el siguiente rango saltaba a $3.000.000-, con tareas de calle en zonas calientes, y que, como son de otras ciudades, podían perder entre 5 y 12 horas por traslados. Una mini bomba de tiempo.
Respondieron con un plan integral de mejoras económicas, cobertura integral de salud, transporte y alojamiento. Además de lo urgente, buscaron que no escale ni que crezca el germen del reclamo dentro de la fuerza para un futuro, que no sea el huevo de la serpiente. Mostrar una respuesta medianamente satisfactoria y la actitud de estar presente -más allá de que llegara tarde y fuera una reacción- trabajó en ese sentido.
En rigor, el gobierno se enfocó en dar vuelta el episodio negativo y mostrar que la solución sea parte del discurso o relato del gobierno en Seguridad. Incorporarla al plan de seguridad y no como una curita. Hubo entrega de cada uno de los puntos reclamados, pero el detalle es que no fue a regañadientes. Por eso Coccocioni reconoció sobradamente el esfuerzo policial en estos dos años, dijo que los beneficios se los dan porque se lo merecen, y hasta que es un “gusto” dárselos. "Somos una gestión pro policía", resumió.
La seguridad en la provincia tiene una complejidad en la que se puede tener la medalla de los mejores índices después de más de una década negra a un reclamo intenso proveniente de la misma fuerza con la que se logró aquella medalla.
Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos
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