El gobernador Maximiliano Pullaro se apropia de la agenda enviada por el Ejecutivo nacional al Congreso que pretende bajar la edad de punibilidad. Apuestas y reveses de un tema tabú
Por Facundo Borrego
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
Maximiliano Pullaro vuelve a poner otro ladrillo en su muro, que, como todo muro, es duro. Esta vez colocó un bloque pesado, espeso, que se pone y no se saca: la baja de edad de imputabilidad. En realidad, fue el gobierno nacional que lo puso en la agenda legislativa, pero el mandatario santafesino ya tenía un recorrido hecho y ningún prurito sobre el tema que históricamente sirvió de límite con aspecto moral.
El propio Pullaro confiesa que hasta hace menos de una década tenía otro pensamiento, más Frente Progresista, si se quiere, y que el contacto con las familias de víctimas de homicidios lo hicieron cambiar de idea. “Hablar con las madres me hizo ver otra cosa”, contó.
“Cuando empecé a hablar de la baja de imputabilidad hace unos siete años me enfrenté con todo el sistema garantista judicial y político”, narró en la semana ante la prensa. Es decir: primero intentó derrumbar una pared y ahora, con el ciclo político más adepto a ese tipo de modificaciones y una inmersión en lo más alto de la política y seguridad, intenta edificar otra.
Lo que se interpreta de lo dicho por el gobernador es que el origen tuvo un componente emocional: es más profundo el dolor que puede ocasionar un homicidio a una familia que lo que le pueda representar en un chico de 13 años una sanción penal.
El planteo es que la condena no tiene que ser por edad sino por delito. “El homicidio está sancionado culturalmente y moralmente en la sociedad desde que sos un niño. Entonces, claramente todos saben la acción negativa que están llevando adelante. Ni siquiera hablo de límites de edad, hablo de tipos de delito y de la intención del delito, del dolo, que eso pueda marcar la pena con la cual se tiene que tratar”.
El desconocimiento específico en la compleja materia es un límite en esta columna para emitir un juicio de valor. Se busca analizar políticamente el recorrido del gobernador hasta estos días de protagonismo y sus efectos. Se promueve desde aquí que el debate sea con altura y no por coyunturas o conveniencias políticas.
Al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien además asesora en el tema a Pullaro sostuvo: "No somos oportunistas. Siempre insistimos en la necesidad de rediscutir el régimen penal juvenil en la Argentina".
Hay otra cuestión más compleja que la de la baja de edad y la propone el propio gobernador: el peligro a la sociedad, lo que se conecta directamente con qué hacer con los menores más allá de la sanción penal que se les pueda aplicar.
“Si querés no discutamos la edad, pero sí qué hacemos con los inimputables. Ese es el problema, ¿qué haces con ellos?”, se preguntó el gobernador en una conversación con La Capital.
Según plantea Pullaro, el Estado no tiene ninguna medida para blindarlos y proteger a la sociedad. “El Estado debe tener herramientas para que todos los detenidos puedan recuperarse y reinsertarse. Hoy, en esa franja, no hay nada”. Por ende, están librados a la buena de Dios, tanto el menor como la sociedad.
Hoy, aquel joven menor de 16 años que cometa un crimen doloso se va a la casa o termina con soluciones fuera del circuito formal, entre una guarda alejada o el destierro. “Un pibito que genere delitos extremos, en la actualidad no lo podés parar”, agregan cerca del gobernador.
El Código Procesal Penal Juvenil provincial. En libro II - Procedimiento para adolescentes que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, en el artículo 53 establece que se puede “solicitar ante el Juez la adopción de una medida de protección personal del adolescente a los fines de preservar su integridad psíquica o física”. En el gobierno explican que no hay reformatorios en el país para eso.
Hay un hecho que por estos días, en que el tema tomó la agenda, repiten en la Casa Gris. En uno de los tantos allanamientos y derribo de búnkeres demoraron a un joven. En su declaración dijo: “Estoy a seis meses de retirarme”. El chico tenía 15 años y medio.
El ejemplo sirve para graficar una lógica de cierto sector criminal, generalmente impulsado por delincuentes adultos o bandas que buscan coartadas. También consolida ciertos estereotipos.
En el gobierno provincial se corren de eso último. “No es excusa la marginalidad, la pobreza o la vulnerabilidad para cometer delitos extremos”, advirtió el gobernador cuando un joven de 15 años mató a sangre fría al playero Bruno Bussanich en la trágica semana de marzo de 2024. Algo similar opinan sobre el comunicado de la Iglesia Católica.
La Pastoral reclamó “transformaciones profundas” para dar respuestas a la inseguridad juvenil y dijo que no se debe poner el foco solamente en la baja edad de la imputabilidad sino en “todo lo que causa que un menor cometa un delito”. Una fuente encima del tema de seguridad, suelta: “Es naif ese planteo”.
Se refiere a la urgencia del tema, no a la validez de las políticas de inclusión y prevención. Pullaro fue hábil en destacar también eso y no quedarse con el discurso más duro. “Hay 26 mil chicos en el programa Nueva Oportunidad a los que les damos una beca, les hacemos acompañamiento. Tenemos los programas Abre, Abre Familia. Los vamos a buscar para que lo hagan”.
Por lo tanto, hay dos focos planteados que no son excluyentes uno del otro: el de fondo, con un abordaje social y multidisciplinario, y otro pragmático y más urgente, controlar el riesgo inmediato de jóvenes dispuestos a cometer delitos graves. El número que representa es bajo en el total de homicidios, lo que no significa no mejorar el régimen juvenil.
A la par hay un caso de actualidad respecto de la criminalidad de menores, que es el homicidio de Jeremías Monzón. Se trata de una historia oscura en la que hay acusaciones de abusos entre menores y una aparente posterior venganza con un nivel de saña y frialdad que impacta pensarla en adolescentes de 14 años.
La decisión de establecer una posición clara también entra en la dinámica política: distanciarse del progresismo. Si bien pareciera que de esa forma le lleva la marca al gobierno en un tema complejo, en realidad es una lucha solapada en ese sentido con el mileísmo.
Ni el pullarismo ni La Libertad Avanzan (LLA) ven costos en endurecer el discurso con los menores, al contrario, dejar del otro lado al progresismo es su negocio.
"El garantismo, que tanto daño le hizo a la Argentina, es una ideología defendida por el kirchnerismo", lanzó Pullaro. El tema conduce a la polarización más cruenta.
Luego continúa: “(Los kirchneristas) entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que, por eso, no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.
Las encuestas también juegan y muestran mayor tolerancia a leyes más duras. Ya en 2024, con el mileísmo en el gobierno pero aún no consolidado y en Santa Fe todavía sin los buenos índices en seguridad, una encuesta de Innova Opinión Pública preguntó en Rosario si acordaba o no con la baja de edad de inimputabilidad.
El 72 por ciento dijo estar de acuerdo y un 26% en desacuerdo. Es decir, Pullaro y el gobierno nacional se mueven con holgura en ese tema.
Por Azul Martínez Lo Re