Industria, desarrollo y política económica: cuando la apertura reemplaza a la estrategia

La discusión sobre la industria argentina vuelve a ocupar el centro de la escena pública, pero una vez más corre el riesgo de plantearse en términos equivocados. Apertura versus protección, mercado versus Estado, eficiencia versus industria nacional. Esta simplificación no es nueva y ha sido, históricamente, uno de los principales obstáculos para construir una estrategia de desarrollo sostenida.

Desde mediados del siglo XX, la política industrial argentina se movió de manera pendular. A períodos de promoción productiva —frecuentemente incompletos o mal articulados— les siguieron etapas de apertura comercial abrupta, justificadas en nombre de la eficiencia y la disciplina del mercado. El saldo, reiterado, ha sido la pérdida de capacidades productivas, empleo calificado y densidad industrial, junto con una creciente dependencia de sectores primarios.

El actual rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei se inscribe en esta tradición. La liberalización acelerada del comercio exterior y la reducción de regulaciones parten de un diagnóstico centrado en precios relativos y eficiencia estática. Sin embargo, omiten una dimensión central del desarrollo económico: la estructura productiva real desde la cual compite la Argentina. En una economía con altos costos sistémicos, restricciones financieras crónicas y profundas asimetrías frente a los países exportadores, la apertura irrestricta no corrige ineficiencias; las expone y las amplifica.

El cruce con el CEO de Techint

La controversia reciente entre el Gobierno y el Grupo Techint, a partir de la adjudicación de contratos estratégicos a proveedores externos, funciona como un caso testigo. Más allá del episodio puntual, el debate de fondo es político: si los grandes proyectos nacionales —en particular en sectores como energía e infraestructura— deben operar como simples mecanismos de reducción de costos de corto plazo o como palancas para generar valor agregado, empleo e innovación local.

La experiencia internacional aporta claridad. Ninguno de los países que lograron consolidar un entramado industrial competitivo lo hizo renunciando a la política industrial. Corea del Sur combinó apertura selectiva con planificación estatal y exigencias estrictas de desempeño exportador. Alemania articuló Estado, empresas y sistema financiero para sostener su base manufacturera. El País Vasco en España reconvirtió su estructura productiva mediante políticas activas de clusters e innovación. China utilizó durante décadas la demanda pública estratégica y la transferencia tecnológica antes de liberalizar sectores clave. Brasil, aun con inestabilidad macroeconómica, preservó instrumentos para sostener su industria.

Estas experiencias confirman una premisa central del pensamiento desarrollista, desde Raúl Prebisch hasta Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato: el desarrollo no es un resultado espontáneo del mercado, sino un proceso político, institucional y estratégico.

Desde esta perspectiva, el problema argentino no es la integración al mundo, sino hacerlo sin estrategia. El proteccionismo permanente genera ineficiencias, pero la apertura como shock, sin gradualismo ni políticas complementarias, conduce a procesos de desindustrialización selectiva y reprimarización de la economía. La política económica, al renunciar a intervenir, no se vuelve neutral: toma partido a favor de estructuras productivas externas más competitivas.

Apertura inteligente

Superar esta dinámica exige abandonar la lógica binaria y avanzar hacia un enfoque productivista moderno. Una apertura comercial inteligente, secuenciada y diferenciada por sectores permitiría evitar impactos destructivos sobre el empleo y la producción. La utilización de mecanismos técnicos de defensa comercial —antidumping y salvaguardas—, habituales incluso en economías abiertas, reduciría la discrecionalidad política y daría previsibilidad.

Al mismo tiempo, resulta imprescindible definir sectores estratégicos donde la demanda pública y los grandes proyectos nacionales funcionen como motores de desarrollo, promoviendo contenido local y encadenamientos productivos. Esta estrategia debe complementarse con una agenda de competitividad sistémica que aborde los verdaderos obstáculos de la industria: presión tributaria distorsiva, costos logísticos y energéticos, y la ausencia de financiamiento productivo de largo plazo.

Pero, sobre todo, la política industrial requiere institucionalidad. Sin previsibilidad y sin acuerdos políticos básicos que trasciendan los ciclos electorales, la industria seguirá siendo la variable de ajuste de cada cambio de rumbo. El desarrollo exige reglas estables, coordinación público-privada y una visión de largo plazo que entienda a la producción como un activo estratégico.

La Argentina no enfrenta un dilema entre apertura o industria. Enfrenta la decisión política de repetir una historia conocida o construir, finalmente, una estrategia de desarrollo productivo sustentable. La diferencia entre ambos caminos no es solo ideológica: es histórica, empírica y profundamente política.