Una nueva resolución avala investigar a Horacio Rosatti por enriquecimiento ilícito

En sintonía con una resolución anterior del juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, el fiscal ante la Cámara federal de Apelaciones de Rosario, Oscar Fernando Arrigo, avaló que se investigue una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, al rechazar un recurso de apelación del fiscal de la ciudad de Santa Fe que entendía que corresponde el archivo de las actuaciones. Ahora, producido este dictamen, es el tribunal de alzada el que se debe pronunciar sobre la cuestión.

La denuncia en cuestión, según una resolución del juez Rodríguez a la que accedió este diario y que motivó la publicación de una nota el 15 de junio pasado, sostiene que “determinados funcionarios” de la administración municipal que encabezaba el ex intendente de Santa Fe Martín Balbarrey (período 2003-2007) “debían desprenderse de parte importante de su sueldo para afectarlo a un fondo de dinero cuyo destinatario y beneficiario” era Rosatti, que en aquellos tiempos se desempeñó como procurador general de la Nación y luego como ministro de Justicia de la Nación de la gestión presidencial de Néstor Kirchner.

Según comentaron fuentes judiciales a La Capital, una primera denuncia sobre el tema se había presentado en Buenos Aires y fue archivada. Pero luego se presentó otra en Santa Fe, a partir de que trascendiera que quien era señalado como el encargado de llevar los supuestos envíos de dinero a Rosatti, el ex chofer de Balbarrey Carlos Vera, habría sido forzado a firmar una declaración que favorecía al actual juez de la Corte en una escribanía de la capital provincial.

De acuerdo a lo escrito en la resolución de Rodríguez, Jorge Gustavo Onel, titular de la Fiscalía Federal Nº1 de la ciudad de Santa Fe, entendió que correspondía firmar el sobreseimiento por el tiempo transcurrido (13 años desde que terminó el mandato de Balbarrey hasta que se presentó la denuncia, “lapso que excede el máximo de la pena para los supuestos delitos cometidos”) y el archivo de las actuaciones.

Pero el magistrado respondió que “el archivo solicitado por el fiscal no solo resulta prematuro sino que deviene irrazonable”, al tiempo que resaltó “la necesidad de realizar una investigación seria y profunda” ante una situación que, “en caso de dilucidarse”, podría derivar en un caso de “gravedad institucional”.

El fiscal Onel apeló ante la Cámara Federal de Rosario. Pero en una resolución firmada en julio de este año, el fiscal ante el tribunal de alzada, Arrigo, dictaminó que no corresponde sostener el recurso. Si la Cámara falla en sintonía con Arrigo, las actuaciones contra Rosatti volverán a manos del juez Rodríguez, que podrá avanzar con medidas de investigación para determinar si existió el delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal Arrigo coincide con el juez en el sentido de que no hay elementos para decidir que los delitos que se le imputan a Rosatti hayan prescripto, ya que durante todo el tiempo transcurrido el hoy juez de la Corte fue funcionario público y en esa circunstancias los delitos no prescriben.