Juez federal de Santa Fe ordena investigar a Horacio Rosatti por enriquecimiento ilícito

El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez dictaminó que una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti debe ser investigada, al rechazar el dictamen del fiscal que recomendaba su archivo.

La denuncia en cuestión, según la resolución de Rodríguez, sostiene que “determinados funcionarios” de la administración municipal que encabezaba el ex intendente de Santa Fe Martín Balbarrey (período 2003-2007) “debían desprenderse de parte importante de su sueldo para afectarlo a un fondo de dinero cuyo destinatario y beneficiario” era Rosatti, que en aquellos tiempos se desempeñó como procurador general de la Nación y luego como ministro de Justicia de la Nación de la gestión presidencial de Néstor Kirchner.

Según comentaron fuentes judiciales a La Capital, una primera denuncia sobre el tema se había presentado en Buenos Aires y fue archivada. Pero luego se presentó otra en Santa Fe, a partir de que trascendiera que quien era señalado como el encargado de llevar los supuestos envíos de dinero a Rosatti, el ex chofer de Balbarrey Carlos Vera, habría sido forzado a firmar una declaración que favorecía al actual juez de la Corte en una escribanía de la capital provincial.

De acuerdo a lo escrito en la resolución de Rodríguez, Jorge Gustavo Onel, titular de la Fiscalía Federal Nº1 de la ciudad de Santa Fe, entendió que correspondía firmar el sobreseimiento por el tiempo transcurrido (13 años desde que terminó el mandato de Balbarrey hasta que se presentó la denuncia, “lapso que excede el máximo de la pena para los supuestos delitos cometidos”) y el archivo de las actuaciones.

Pero el magistrado respondió que “el archivo solicitado por el fiscal no solo resulta prematuro sino que deviene irrazonable”, al tiempo que resaltó “la necesidad de realizar una investigación seria y profunda” ante una situación que, “en caso de dilucidarse”, podría derivar en un caso de “gravedad institucional”.

Rodríguez entiende que la denuncia aporta elementos suficientes como para, al menos, citar a las personas involucradas a declarar y es en ese marco que señala que “resulta inexplicable en esta instancia preliminar el pedido de archivo de las actuaciones”.

El magistrado declara así nulo el dictamen del fiscal y ordena llevar adelante la investigación pertinente.