Por Javier Felcaro
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.
El magistrado habló sobre la lucha contra el narco y la relación con el Ejecutivo.
Apenas cerrada la reunión de la Asociación de Jueces Federal (Ajufe), que se realizó el jueves pasado en Rosario para abordar la problemática del narcotráfico, Ricardo Lorenzetti irrumpe en una oficina del primer piso de la Facultad de Derecho, se acomoda rápidamente en un sillón y asegura a La Capital: “Tampoco hay que estigmatizar a la ciudad, ocurre en todos lados. Pero hay que frenarlo ahora. Los poderes del Estado tienen que actuar”.
En un momento de alta tensión con la Casa Rosada y el oficialismo por el control del Consejo de la Magistratura y la movida reformista en marcha en el Senado nacional, el ministro —y ex presidente— de la Corte Suprema nacional también fija posición. “Hay que tratar de dar tranquilidad a la población de que las instituciones son estables. Si no nos gusta un fallo, no podemos cambiar al que lo dictó”, asevera.
—¿Qué significó la convocatoria de Rosario?
—Pensamos en armar un evento en apoyo a la Justicia federal y, obviamente, nuestro enfoque fue dar un respaldo a los magistrados de Rosario. Mi planteo es el de cambiar el camino, porque lo que se hizo hasta ahora no sirve. En 2009 la Corte dictó sentencia (fallo Arriola) extendiendo políticas de Estado, pero pasaron los años y eso no se vio en los hechos. Si el fallo se cumplía por entonces, hubiésemos evitado una tragedia humana y social. Porque hoy vivimos en un ambiente de miedo, con la percepción de que hay que encerrarse porque algo puede ocurrir. Pero también es una tragedia institucional, porque demuestra la ineficacia de lo actuado.
—¿Cómo revertir ese escenario?
—Hay dos opciones: si uno trata este problema por partes, no se logran soluciones. Y cada parte termina transmitiendo culpas a las otras, generando divisiones. Entonces, hay que evitar esa hoguera de las vanidades, un absurdo. Hay problemas que nos deben unir, porque son los problemas de la población. Por eso proponemos un enfoque integral y permanente, porque este tipo de delito no se combate únicamente con gendarmes. También está la cuestión social y hay que institucionalizar los barrios a través de los municipios, distintas organizaciones e iglesias. El Estado debe marcar presencia. Luego tenemos la educación para sacar a los chicos de la adicción y, finalmente, dos fases de represión del delito: la primera, con la policía actuando coordinadamente en procedimientos mixtos (fuerzas federales y provinciales), para que también se controlen entre si, y en un modo masivo que permita generar protección. La segunda fase es un trabajo de inteligencia con un grupo policial más sofisticado que posibilite seguir los movimientos de los narcos en los barrios, a través de distintas herramientas tecnológicas. Luego está la desarticulación de la economía del delito, sumando a la UIF, la Afip, Puertos y la Aduana, entre otros organismos. Y, finalmente, está el tema carcelario, que realmente no funciona. Ni siquiera cumple con la detención, porque las bandas siguen operando desde adentro. Esto sólo se puede concretar con un trabajo cotidiano, por eso la propuesta de creación de una agencia dedicada a esa tarea.
—Se perdió mucho tiempo.
—Desde el fallo Arriola. Aunque tampoco hay que estigmatizar a Rosario, ocurre en todos lados. Pero hay que frenarlo ahora. Hace falta una decisión seria.
—¿Cómo describe la situación en la ciudad?
—Es muy grave, muy grave. Porque, además del problema de la droga, hay delitos conexos. Nadie imaginó escuchar el término “sicario” en su ciudad, una palabra que era parte de las series de televisión, y todos nos vamos acostumbrando. Pero no hay que hacerlo. Es un momento en el que todos los poderes del Estado tienen que actuar.
—¿La Justicia federal hace autocrítica frente a esta problemática?
—Por supuesto, todos tenemos que hacer autocrítica. No funcionó el sistema. En Rosario hay un grave problema: hace 40 años que no se crea un juzgado federal. Entonces, la cantidad de delitos aumentó y el número de magistrados disminuyó. Obvio que no va a funcionar. Ahora se habla de crear más juzgados, completar vacantes y acrecentar los fiscales. Durante el encuentro todos mostraron buena voluntad, esperemos que esto siga y logremos resultados positivos. Lo que hicimos es ayudar, ahora debe conformarse una agenda local muy importante.
—¿Cree que la política tiene actitud autocrítica?
—Sí, creo que la están haciendo. La gente está muy enojada y sufriente y, si no recibe respuestas institucionales, entramos en crisis. Nuestra principal preocupación tiene que ser solucionar los problemas, y eso no está ocurriendo. Tenemos que hablar con toda sinceridad, sin echar culpas ni a los gritos, y trabajar coordinadamente. Ahora presentamos un plan que, en otros lugares, dio resultados medibles. Pero no es de un día para otro. Si hace 15 años nadie hablaba de esta problemática, entonces demos un cambio de dirección para que dentro de diez años nadie hable de la misma.
—Antes de la reunión en Derecho algunas voces de la Corte santafesina cuestionaron el desempeño de la Justicia federal en la ciudad.
—Bueno, durante el encuentro no lo hicieron. Tenemos una excelente relación y hay que trabajar en conjunto. Hubo acuerdos de cooperación. La verdad es que no tiene ningún sentido la división.
—¿Hay margen para ser optimistas?
—Fuimos muy claros sobre lo que hay que hacer. Esperemos que todos asuman sus responsabilidades. De Rosario nos llevamos muchas coincidencias, no hubo desacuerdos. Pero seamos honestos: no es inmediato.
—¿Cómo es la relación entre la Corte y el Ejecutivo nacional?
—Tenemos solamente sentencias que dictar. No existe una relación institucional constante porque no hay grandes reformas. Lo único en discusión en la actualidad está en el Congreso, pero no hay otra actividad.
—¿Cómo tomó los dichos del ministro de Justicia nacional, Martín Soria, quien lo cuestionó por mantener reuniones a escondidas en la Casa Rosada para orquestar el lawfare en la Argentina?
—Durante los quince años que llevo en la Corte hemos recibido presiones de todo tipo. Bueno, tendrán sus razones, pero nosotros seguimos un camino: aplicar la Constitución y la ley. Y punto.
—En los últimos días volvieron la marchas contra la Corte. ¿Se siente esa presión?
—No. Hubo muchísimas, las marchas están, pero debemos tener templanza y cumplir nuestro deber. Si las críticas son razonables, las escuchamos.
—El Senado nacional, en tanto, discute una reforma al máximo tribunal...
—No es un tema prioritario. Además, hace muy poco se dictó una ley. Hay que tratar de dar tranquilidad a la población de que las instituciones son estables. Si no nos gusta un fallo, no podemos cambiar al que lo dictó. Debemos llevar serenidad. Por supuesto, el Senado puede debatir esos temas, es su función. En algún momento tal vez haya diálogo de poderes y lo conversemos, no nos oponemos a las reformas.
—¿La Corte debe manejar el Consejo de la Magistratura?
—Emitimos un fallo que dice que la ley (que define la integración del organismo) es inconstitucional y que hay que dictar otra. En eso hubo unanimidad. El Congreso está trabajando y no sabemos cuál será el resultado, si saldrá o no la ley. Si está o no está la Corte, es una facultad del Congreso. Lo que existe en la actualidad es que la Corte está y es la decisión mayoritaria, que hay que respetar. De ahora en más, el Congreso podrá decidir otra cosa porque tiene sus facultades. Pero el problema no es quiénes componen el Consejo de la Magistratura sino que hace tiempo no funciona bien. Hay que trabajar también en eso. El Consejo siempre tuvo críticas y hay que tratar de mejorarlo. Es algo que tendrá que discutir el Congreso.