Se complica el frente judicial para Sain y otros ex funcionarios de Seguridad

La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, dirigida por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, solicitó para Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad provincial e imputado en una investigación sobre presuntas irregularidades en una licitación para adquirir armamento, la prohibición de salir del país y un embargo de 200 mil dólares, entre otras medidas.

Además de Sain, el pedido de los fiscales incluye al ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, al ex encargado de Finanzas de esa cartera Maximiliano Novas y al ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la Policía de Santa Fe Marcelo Correa.

“Prohibición de salida del país (con entrega del pasaporte), de acercamiento y comunicación con los denunciantes y testigos, de acercamiento a los ministerios de Seguridad y de Economía, embargo de 200 mil dólares a cada uno e inhabilitación general de bienes y prohibición de tener y portar armas”, son las medidas alternativas a la prisión preventiva formalizadas por los fiscales, en el marco de una audiencia realizada en la capital provincial.

Este viernes continuará la audiencia de cautelares con la defensa de los imputados. Luego deberá resolver el juez" Este viernes continuará la audiencia de cautelares con la defensa de los imputados. Luego deberá resolver el juez"

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes, cuando será el turno de la defensa de los imputados. Luego deberá resolver el juez Héctor Candioti.

Sobre la prohibición de tener y portar armas, los fiscales no difundieron el nombre del destinatario de la solicitud. Sólo indicaron que uno de los imputados contaba con una “gran cantidad” de esos elementos en su poder.

Días atrás, a los ex funcionarios santafesinos se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial. El monto total de la presunta adjudicación fraudulenta asciende a los 17.103.543 de dólares.

Para los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sain y los restantes ex funcionarios “buscaron generar condiciones especiales en la licitación —finalmente frenada por la Casa Gris— para que la compra de armas solamente pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente”.

“En el caso en análisis se supera ampliamente el grado de sospecha necesario para el dictado de las medidas cautelares requeridas respecto de ambas conductas típicas endilgadas: la consumación del delito de negociaciones incompatibles con el cargo y la tentativa de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta”, argumentaron los fiscales.

En ese sentido, Hernández y Jiménez añadieron: “Cabe, además, merituar que al menos uno de los imputados —Sain— es actualmente funcionario público (Ministerio de Seguridad de la Nación) y todos ellos son profesionales que trabajaron en el marco del sistema de Justicia Penal”.

“Eso implica no sólo un conocimiento diferencial acerca del funcionamiento del proceso penal y las formas de incidir ilegítimamente en su desarrollo sino la posibilidad de acceder a información sensible y, sobre todo, tener una red de relaciones que, evidentemente, cuenta con la posibilidad y la capacidad para entorpecer el procedimiento e influir en testigos”, añadieron.

La causa se inició en marzo del año pasado, a partir de una denuncia de —entre otros— los diputados provinciales Juan Cruz Cándido (UCR) y Lionella Cattalini (Partido Socialista).

“Evidentemente, esto demuestra que había funcionarios que, más que gestionar la seguridad pública, se dedicaban a otra cosa”, señaló a La Capital Cattalini.

Al respecto, la legisladora enfatizó que “hay que seguir investigando qué ocurrió con otras licitaciones, porque en su momento estos funcionarios fueron respaldados por el gobernador (Omar Perotti) y deben dar explicaciones”.

Cándido, en tanto, consideró que “se confirma que hubo corrupción en la compra de armas del gobierno provincial y que intentaron un negociado en el que el pliego fue redactado por la misma empresa proveedora”.

“La investigación expone un sistema que buscaba utilizar la seguridad pública para hacer negociados ya que estaba en marcha una compra de software a la misma proveedora de armas, y ese expediente desapareció”, concluyó el diputado.