La Cámara Federal porteño declaró este jueves la nulidad de entrecruzamientos de llamados telefónicos entre los imputados en el caso Lago Escondido, la causa judicial que se inició tras conocerse el viaje en conjunto que realizaron a ese lugar del sur del país jueces, fiscales y ex funcionarios costeado por el grupo Clarín. Además, confirmó el rechazo a tener a la Afip como querellante.
Asimismo, la Cámara Federal porteña ratificó al fiscal Federico Delgado al frente de la investigación.
En el caso del fiscal Delgado, el camarista Eduardo Farah rechazó una recusación en su contra presentada por uno de los jueces investigados, el penal económico Pablo Yaradola. Farah estimó que para “el apartamiento de un fiscal es necesario demostrar que carece de la objetividad exigida por las normas que regulan su actuación”, algo que no se verificó en el caso.
En cuanto a la medida de prueba que se había ordenado cuando el caso tramitaba en la Justicia federal de Bariloche, tendiente a identificar los llamados de los jueces, funcionarios porteños y empresarios denunciados y luego efectuar un entrecruzamiento, quedó anulada con el voto mayoritario de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. La medida se había ordenado para comunicaciones entre el 1º de septiembre y el 15 de octubre de 2022 pero no llegó a ponerse en marcha.
En cuanto a la Afip, por mayoría y con disidencia del tercer integrante de la sala Roberto Boico, Irurzun y Farah rechazaron aceptarla como querellante en la causa que tramita en la actualidad en el Juzgado federal de instrucción de Sebastián Ramos. El organismo pidió tener ese rol en base a presuntas irregularidades detectadas en la facturación del viaje en avión privado y hospedaje de jueces imputados. Pero el Tribunal de Apelaciones respondió que no se está “ante un supuesto en que la ley autorice a constituirlo como querellante”.
En disidencia, el juez Boico votó en minoría por revocar la negativa y admitir a la Afip como querella al recordar que el organismo informó haber detectado “importantes indicios de delitos tributarios, al analizar los comprobantes remitidos por los servicios facturados por Hidden Lake SA (empresa que gerencia la estancia)”.
También se verificó que la fecha de emisión de las facturas de la empresa donde se contrató el vuelo privado, 13 de octubre de 2022, “no coincide con la detallada en el sistema como fecha de autorización de los comprobantes”.
“Las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros que resulten conexos”, advirtió el organismo.
El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia de Caba, Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
También están imputados Leonardo Bergroth, ex integrante del Servicio de Inteligencia del Estado (Side); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.
La causa por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido tramitó en Bariloche pero luego pasó a los tribunales federales de Retiro por orden de la Cámara de Casación. El viaje se realizó el 13 de octubre, día en que los jueces arribaron en un vuelo privado a Bariloche y desde allí se dirigieron a la estancia, en fechas en las que también se alojaron los directivos del grupo Clarín y los funcionarios porteños.