Maximiliano Pullaro cerró la segunda crisis que atraviesa como gobernador. Otra vez, en seguridad. Pero ahora enfrentó a un adversario muy diferente, y con otros instrumentos.
El gobierno apeló a distintas herramientas para neutralizar un adversario incómodo. Las diferencias con el verano caliente de 2024 y la presión a las paritarias. El avance de Milei y la impotencia del PJ
Por Mariano D'Arrigo
Maximiliano Pullaro cerró la segunda crisis que atraviesa como gobernador. Otra vez, en seguridad. Pero ahora enfrentó a un adversario muy diferente, y con otros instrumentos.
En marzo de 2024, la amenaza eran las bandas criminales que resistían la ofensiva del Estado por recuperar el control de la calle y las cárceles. En esa pelea por la supervivencia los cabecillas apelaron a la violencia más extrema para infundir terror, y el Estado usó toda la fuerza para imponer su autoridad.
La victoria en esa prueba de fuego le dio todavía más capital político a Pullaro para encarar las reformas que vinieron después: previsional, judicial y constitucional.
Este verano el conflicto estalló en la retaguardia que el gobierno pensaba asegurada. La Casa Gris confiaba en que la verticalidad rígida de la cadena de mando y los mimos simbólicos al sector predilecto de la burocracia estatal alcanzaban para que el malestar en la base policial se mantuviera puertas adentro de los cuarteles.
“Forzamos demasiado la máquina, los llevamos al extremo”, reconocen en la mesa chica de Pullaro.
Allí ubican tres ingredientes del cóctel que encendió el conflicto. El primero es geográfico y generacional: es la disconformidad de un grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años formados durante la pandemia y a los que se les había prometido que prestarían servicio en su lugar de origen, en el norte de la provincia.
El segundo es el descabezamiento de la cúpula policial de Rosario. Según el gobierno esos sectores desplazados por corrupción habían armado un esquema que derramaba sobre los peldaños inferiores de la pirámide policial. Al cortarse ese esquema de irregularidades con la compra de combustible, señalan, también se evaporó ese plus informal que percibían algunos uniformados.
El tercero es la acción de agitadores en las redes sociales. El gobierno asegura que están vinculados tanto a la vieja guardia policial como a los nuevos sectores desplazados. “Ya se va a saber, hay investigaciones en marcha”, dicen en el gobierno.
En la guerra abierta con los capos de las organizaciones delictivas el gobierno apeló a la coacción. En este caso, combinó palos y zanahorias. Pases a disponibilidad para quienes abandonaron su puesto y mejoras en el bolsillo.
El gobierno jugó rápido la carta del programa de bienestar salarial porque ya tenía hechas las cuentas y tenía preparado el andamiaje administrativo. Pensaba anunciarlo una vez que se cerrara la ronda de paritarias con los sindicatos estatales, para evitar la escalada de pedidos de los otros gremios. El motín policial quemó los planes iniciales.
La gran diferencia es que los asesinatos al voleo de trabajadores sumieron a Rosario en un virtual estado de sitio. La ciudad se paralizó y se encerró por el miedo. En cambio, el conflicto con la policía fue focalizado. Pese al ruido, la población continuó su vida con relativa normalidad.
Con una mayoría de la tropa leal a Pullaro y el refuerzo de fuerzas federales, el gobierno pudo transmitir sensación de control porque el patrullaje es sólo una pata del plan de seguridad. El gobierno tiene otras herramientas, como el Lince para monitorear el minuto a minuto de la calle y el aislamiento de los jefes criminales, que enfrentan una serie de obstáculos para aprovechar este tipo de situaciones y golpear al gobierno donde más le duele.
Lo único que podía cambiar el escenario era que el patrullaje perforara un umbral mínimo. No sucedió y se garantizó la operatividad.
Al gobierno le jugó a favor que en esas horas críticas no se cometió ningún homicidio. Tampoco hubo un robo de impacto. Un hecho de esas características hubiera sacudido la estrategia del gobierno de jugar al desgaste de la protesta policial.
Pullaro siguió la crisis desde la sede rosarina de Gobernación. Cuentan quienes estuvieron a su lado que lo vieron tranquilo. En el núcleo más cercano estuvieron el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, su par de Gobierno, Fabián Bastia, y la mano derecha del criado en Hughes: el secretario de Comunicación de la provincia, Luis Persello. También estuvo el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, y hubo contacto fluido con la exvicegobernadora Gisela Scaglia, hoy instalada en el Congreso.
Cococcioni y el ministro de Economía, Pablo Olivares, aparecieron como los voceros de la propuesta a los sublevados para que depongan su actitud. El levantamiento de la protesta después de la conferencia de prensa de Pullaro fue una señal de autoridad y de credibilidad del gobernador frente a un grupo de policías rebeldes sin liderazgos consolidados y al que la información llegaba muchas veces distorsionada.
Durante esos días calientes Pullaro se mantuvo en comunicación permanente con otros líderes de Unidos, atentos al devenir de un conflicto que involucraba a toda la coalición. También con el ministro del Interior, Diego Santilli, la responsable de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y otros gobernadores.
En Nación y en las provincias temían un contagio en otras fuerzas de seguridad. Tanto durante la protesta como después, si los efectivos nacionales y de otros distritos veían que sus ingresos habían quedado muy rezagados respecto a sus pares santafesinos.
Aún en los momentos más calientes el gobierno se cuidó de no correrse de su narrativa pro-policial. Por convicción, pero también por conveniencia: tarde o temprano el conflicto iba a terminar y necesitaba una relación estrecha con la fuerza, un pilar de su plan de seguridad.
Para adelante, el gobierno enfrenta dos desafíos. Uno es reconstruir un método de gobernanza de la fuerza, que recomponga la cadena de mando y que a la vez tenga mayor capacidad de anticipación a los problemas.
El otro es morigerar el inevitable efecto dominó sobre la paritaria del resto de los estatales. Las reuniones de esta semana fueron un primer round de estudio, pero con los números sobre la mesa la discusión va a tomar otra temperatura.
El gobierno descarta la cláusula gatillo, pero sabe que tras la paritaria con la 9mm en la cintura que plantearon los policías se abre otro escenario. “Va a ser más difícil”, admiten en el corazón del gobierno.
La pregunta es si los gremios —sobre todo los docentes— huelen sangre para lanzarse hacia un conflicto de mayor intensidad con el gobierno o la radicalidad quedará en el plano discursivo.
En cualquier caso, Pullaro abrirá hoy el período de sesiones ordinarias de la Legislatura con la tranquilidad relativa de que desactivó un foco de incendio que amenazaba con prolongarse.
El discurso de una hora que dará frente a senadores, diputados y otros actores de poder de la provincia recorrerá los tópicos habituales del gobernador, como seguridad, educación, producción y obra pública. “No va a haber sorpresas”, dicen desde su entorno más cercano.
Aunque no será el centro del mensaje, sí se espera una voz crítica sobre el rumbo de la economía bajo la gestión de Javier Milei.
Ambos gobiernos tienen una relación ambivalente. La crisis de seguridad fue sintomática de ese doble juego: mientras Monteoliva mandaba más efectivos federales para que el conflicto no escale, la diputada nacional Romina Diez iba con los tapones de punta contra Pullaro, con vistas a 2027.
Mientras tanto, Milei disfruta un veranito político, muy productivo para los intereses libertarios. La media sanción de la reforma laboral y la ley penal juvenil muestran a un gobierno que avanza sobre el terreno que abonó el fracaso de la dirigencia política para garantizar cuestiones básicas, como estabilidad macroeconómica, empleo genuino y seguridad. Es el costo de la procrastinación: las reformas que no se hacen con bisturí se hacen con motosierra.
La reforma laboral encuentra al peronismo en el peor de los mundos. Sin liderazgo ni cohesión interna. Sin proyecto alternativo de país. Y, encima, sin capacidad de veto parlamentario o en la calle. Casi reducido a una oposición testimonial.
“Es un escenario de derrota. Exigirle a la CGT no tiene mucho sentido. No hacen paro básicamente porque no están en condiciones de garantizarlo. Existiendo Uber, ni con paro de transporte lográs que se pare todo. Van a seguir metiendo goles hasta que pierda algunos puntos en las encuestas. Aunque no la ganes, hay que hacer quilombo para que se vaya desgastando. De todas maneras, sin una alternativa clara enfrente, por ahora va a seguir vigente el ‘es lo que hay’”, diagnostica con crudeza un dirigente peronista.
El ruido que generó el ingreso por la ventana de los cambios en las licencias por enfermedades abrió una luz de esperanza a quienes resisten la reforma laboral. Más que nada, es una apuesta a ganar tiempo. Y, en el mejor de los casos, a quitarle artículos a una ley que dado el reseteo del marco laboral argentino era impensada poco tiempo atrás.
Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos
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