La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe ya está bocetada. Las comisiones temáticas ya terminaron su trabajo y el viernes pasado cerró el plazo para emitir dictámenes con las conclusiones de todo el proceso de debate.
Finalizado el plazo para debatir, las comisiones terminaron su trabajo y emitieron 105 dictámenes, de los cuales 36 son de mayoría. Desde este lunes comienza a trabajar la comisión Redactora que tendrá el trabajo de reunir todas las conclusiones
LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera
La reforma constitucional se aproxima y Santa Fe será un estado laico
La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe ya está bocetada. Las comisiones temáticas ya terminaron su trabajo y el viernes pasado cerró el plazo para emitir dictámenes con las conclusiones de todo el proceso de debate.
En total se presentaron 105 dictámenes, de los cuáles 36 son de mayoría. Desde este lunes comienza el trabajo de la Comisión Redactora que deberá reunir esas conclusiones en el texto final que será votado.
La comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías presentó 37 dictámenes sobre temas como religión; derechos a la educación, la cultura, el trabajo, la salud y el agua; la protección del ambiente y de los usuarios y consumidores; derechos digitales y de las víctimas; acciones de amparo: derecho a participar de partidos políticos, a elegir a los representantes y a ser elegido (incorporando la ficha limpia); entre otros.
La comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales presentó 14 dictámenes sobre temas como la composición de la Corte Suprema de Justicia y el funcionamiento del Ministerio Público.
La comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo presentó 12 dictámenes en los que se trata las reelecciones para los cargos de gobernador y vicegobernador y para la limitación de mandatos para los legisladores. Tambien se establecen las atribuciones para estos cargos, la composición de las Cámaras de Diputados y Senadores, los fueros para legisladores y el comienzo de las sesiones ordinarias.
La comisión de Funcionamiento del Estado presentó 26 dictámenes sobre gasto público, causa Malvinas, colegios profesionales, mecanismos de participación ciudadana, seguridad pública, servicios y políticas públicas y el regimen de seguridad social.
La comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial emitió 16 dictámenes que tratan sobre régimen municipal, recusos para los municipios, ordenamiento territorial, áreas metropolitanas, la posibilidad de dictar propias cartas orgánicas, las elecciones y el Derecho a la Ciudad.
En materia de reelección para los cargos de gobernador y vice, el dictamen de mayoría de Unidos, al que adhieren el Frente de la Esperanza y Emiliano Peralta, establece la reelección por un mandato consecutivo y el intervalo de un año para volver a ser elegido luego de cumplido los dos mandatos consecutivos.
De la misma manera, este dictamen de mayoría establece una reelección para los cargos legislativos y el descanso por un período.
El dictamen de disposiciones transitorias emitido por mayoría y firmado por Unidos, Más para Santa Fe y el Frente de la Esperanza dispone que los legisladores que se encuentren actualmente en ejercicio no son considerados como primer mandato. Pero excluye de esta cuestión al gobernador y vicegobernador en función, para quienes sí se considerará este mandato como el primero.
Emiliano Peralta y Eugenia Martínez emitieron un dictamen en el que proponen que todos las reelecciones se habiliten recién en 2027 y no para los representantes que actualmente cumplen funciones.
Con respecto a la integración de las Cámaras de Diputados y Senadores, en el dictamen de Unidos se establece una Cámara baja compuesta por 50 diputados y una alta compuesta por 19 senadores, con paridad de género. Para ser diputado el mínimo de edad es 21 años y para ser senador, 25.
Más para Santa Fe, en su dictamen de minoría, propone la misma composición pero con una edad mínima de 18 años para ser diputado.
La Libertad Avanza y la convencional Malfesi emitieron dictámenes de minoría en los que proponen una legislatura unicameral, los primeros con 70 miembros (19 por departamento y 51 por distrito único) y la segunda con 50 (19 por departamento y 31 por distrito único). También difieren las edades mínimas con Unidos.
En el dictamen de mayoría de Unidos, el Frente de la Esperanza y Peralta las sesiones ordinarias tienen fecha de inicio el 15 de febrero y de finalización el 30 de noviembre. Más para Santa Fe propone la misma fecha.
En cambio, LLA propone el 1 de febrero como fecha de inició y la convencional Malfesi el 1 de marzo como inicio y el 20 de noviembre como finalización.
En los dictámenes de la comisión se eliminan los fueros de proceso para los legisladores santafesinos, es decir, que se habilita la posibilidad de que un legislador sea investigado por la justicia. Se mantienen los fueros de opinión, que permiten que puedan expresarse libremente sin ser perseguidos. También se mantienen los fueros de arresto. “La inmunidad de arresto no implica la de proceso”, aclaran en todos los casos.
Por otro lado, no se permite arrestar a ningun legislador sin la autorización de la Cámara a la que pertenece. Unicamente puede ser detenido cuando exista una condena firme o si es sorprendido cometiedo un delito.
El dictamen de mayoría de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías sobre los artículos 29 y 30 de la Constitución establece la ficha limpia. “Ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por los delitos dolosos que determina la ley y en las condiciones que ella fije”, indica el dictamen firmado por los convencionales de Unidos y el Frente de la Esperanza. En las disposiciones transitorias aclara que entrará en vigencia cuando se apruebe la ley que reglamenta y especifica la ficha limpia en Santa Fe.
Sin embargo, hay otros tres dictámenes de minoría que establecen distintos parámetros. Más para Santa Fe aclara que se debe tratar de una “condena firme”, La Libertad Avanza sostiene que la prohibición es para quienes hayan sido “condenados al menos en dos instancias judiciales” y aclara que debe ser por los delitos contra la administración pública, de corrupción, contra el orden económico y financiero, o cualquiera que afecte el adecuado ejercicio de la función pública, delitos de lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico, lavado de activos, contra la integridad sexual y/o cualquier otro delito grave que establezca la ley. Por último, desde Somos Vida y Libertad emitieron un dictámen que establece la prohibición de presentarse a elecciones a quienes hayan sido condenados en primera y segunda instancia, asegurando el doble conforme.
Con respecto al artículo 3 de la Constitución provincial, que establece la relación de privilegio con la religión Católica Apostólica Romana, el dictamen de mayoría de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías avanza hacia un Estado laico.
Este dictamen firmado por Unidos y el Frente de la Esperanza sostiene que la provincia de Santa Fe no tiene ninguna religión oficial y asegura la distinción entre el Estado y la religión, es decir entre el orden civil y el religioso. Sin embargo, reconoce la relación entre el Estado y todas las iglesias y cultos “legalmente reconocidos” y establece pautas para esa relación que debe regirse por los principios de “autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.
Los otros dos dictámenes de minoría son de Más para Santa Fe y de La Libertad Avanza. Ambos reconocen en un lugar de privilegio a la Iglesia Católica.
El dictamen de Más para Santa Fe reconoce la libertad de culto y que la relación del Estado con las religiones se basa en los principios de autonomía y cooperación, pero a la vez reconoce “la importancia histórica de la Iglesia Católica en la construcción de la identidad colectiva”.
El dictamen de LLA reconoce en primer lugar a la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque luego sostiene que la provincia “igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público”.
El dictamen de mayoría al que adhirieron todos los bloques representados en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana busca ratificar en la Constitución santafesina la soberanía argentina de las Islas Malvinas, las reconoce como parte del territorio nacional y promueve políticas activas para la protección de los veteranos de guerra.
También busca establecer políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa sobre la causa Malvinas.
Solamente La Libertad Avanza emitió un dictamen de minoría sobre esta causa, en el que no habla de guerra de Malvinas sino de “gesta”. En los fundamentos, Candela Rodríguez y Nestor Fandos sostienen que prefieren hablar de gesta y no de guerra para referise a algo más grande que implica Malvinas y no únicamente al conflicto bélico.
En relación al sistema previsional de la provincia de Santa Fe, el dictamen de mayoría sostiene que se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público o indelegable.
Por su parte los dictámenes de minoría también marcan el carácter de indelegable del régimen, aunque Más para Santa Fe suma el caracter “intangibles, intransferibles e irreductibles”.
El dictamen de La Libertad Avanza indica que el artículo 21 correspondiente a este tema, debería quedar tal cual está redactado en la vieja Constitución.
El dictamen de mayoría de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana incorpora nuevos mecanismos de democracia directa y participación ciudadana como la iniciativa popular, los referendum, la consulta popular, la revocación de mandatos de funcionarios electivos y las audiencias públicas.
También da lugar a la creación de un consejo consultivo y asesor del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo; y reconoce a las instituciones de gestión social.
Unicamente LLA emitió un dictamen de minoría en el que reconoce a la iniciativa popular y el referendum como formas de participación ciudadana que deberían incluirse en la nueva Constitución.
El dictamen de mayoría de Unidos y el Frente de la Esperanza sostiene que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por siete miembros con paridad de género y representación territorial. Habrá un procurador general que durará cinco años en su cargo. Todas esas autoridades serán designadas por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
Además, el dictamen plantea un Ministerio Público independiente de los otros poderes, con autonomía funcional y autarquía financiera, que está integrado por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de Defensa, con un fiscal general y un defensor general designados por el Ejecutivo.
Todas las autoridades deberán cesar de su cargo a los 75 años. Quienes estén en proceso de selección terminarán el proceso y quienes estén en su cargo continuarán hasta que finalice su mandato.
Por último, el dictamen de mayoría crea el Consejo Asesor de Selección de Magistratura y el Ministerio Público y nombra a la figura de Defensor del Pueblo.
Al contrario, el dictamen de minoría de Más para Santa Fe indica el MPA y el MPD son órganos autónomos pero forman parte del Poder Judicial. Tienen una autonomía funcional, administrativa y autarquía financiera, con un piso presupuestario garantizado por ley, pero dentro de la órbita del Poder Judicial.
El dictamen de LLA, por su parte, plantea un Ministerio Público independiente de los tres poderes, pero una Corte Suprema integrada por cinco ministros y un procurador. No acepta la figura de Defensor del Pueblo.
Desde Somos Vida y Libertad proponen la creación de un Consejo Superior del Poder Judicial con 14 miembros que sea el encargado de elegir a las autoridades de la Corte y del Ministerio Público Penal, que estará bajo la órbita del Poder Judicial. De esta manera buscan garantizar “un Poder Judicial independiente del poder político de turno”.
En el dictamen de minoría de Activemos sostienen que los jueces de la Corte deben ser definidos por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, con una audiencia pública previa.
El dictamen de mayoría de Unidos declara la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Todos los municipios con más de 10 mil habitantes podrán dictar sus cartas orgánicas constituyendo previamente una convención municipal.
Habrá un intendente, un concejo municipal y un órgano de control. Las autoridades del ejecutivo y legislativo local permanecerán cuatro años en su cargo, con la posibilidad de una reelección y un período de descanso luego. Sin embargo, las elecciones y el sistema electoral seguirá a cargo de la provincia.
Los municipios que tengan más de 20 mil habitantes renovarán la mitad de sus concejales cada dos años.
En las cláusulas transitorias establecen que aquellos concejales electos en 2029 permanecerán en su cargo hasta 2031, los electos en 2025 para ciudades de más de 20 mil habitantes estarán en funciones hasta 2029 y para los que están en funciones actualmente, este mandato no se considerará como el primero.
El dictamen de Unidos también reconoce el Derecho a la Ciudad y las áreas metropolitanas, habilitando la creación de convenios entre municipios, con la provincia de Santa Fe, otras provincias y la Nación.
La provincia deberá dictar una ley de Municipios y de Coparticipación en los que detallará el funcionamiento y la repartición de recursos. Los Municipios podrán financiarse por la renta de bienes propios, la actividad económica y los servicios públicos, la coparticipación provincial y nacional, las transferencias de presupuestos, fondos especiales regulados por ley, aportes especiales no tributarios, empréstitos u operaciones de crédito público.
En su dictamen de minoría, Más para Santa Fe, sigue considerando ciudades a los municipios de más de 10 mil habitantes y comunas a los que poseen menos. Declara la autonomía municipal en orden político, administrativo, económico, financiero y de control, y aclara que solo los municipios que poseen cartas orgánicas tendrán autonomía institucional. También crea un fondo compensador equitativo para los municipios con menos recursos.
La Libertad Avanza, en su dictamen de minoría, sostiene que solo los municipios con más de 200 mil habitantes podrán tener sus cartas orgánicas. Rechaza, además, el ordenamiento territorial y el Derecho a la Ciudad, y únicamente reconoce la posibilidad de que exista asociativismo entre los municipios.
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