La Justicia federal de Río Grande (Tierra del Fuego) ordenó a dos empresas internacionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que se abstengan de iniciar o continuar obras en la zona del archipiélago.
La decisión de la magistrada federal Mariel Borruto incluye la restricción de realizar perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial de petróleo
Foto: Archivo / La Capital
La resolución alcanza a Rockhopper y Navitas y suspende las obras vinculadas al emprendimiento.
La Justicia federal de Río Grande (Tierra del Fuego) ordenó a dos empresas internacionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que se abstengan de iniciar o continuar obras en la zona del archipiélago.
Se trata de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, compañías que fueron alcanzadas por la decisión dictada por la jueza federal Mariel Borruto y que alude a perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.
La magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, en medio de las denuncias que activó el gobierno de Javier Milei contra las empresas que operan allí.
"Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras, se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución, se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento", precisa el fallo.
Acorde con la jueza, la determinación “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal".
Añadió que "las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto".
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La Justicia solicitó a las empresas que detallen cómo es la estructura societaria usada para el proyecto y que precisen las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos hechos, comprometidos o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas, los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.
También que especifiquen las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo del emprendimiento, junto a toda ampliación proyectada o incorporación de pozos vinculada con el emprendimiento.
La magistrada le pidió a la Cancillería que informe, en un plazo de diez días, si las compañías pesqueras que forman parte del proyecto “cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental”.
Además, le solicitó a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, que se encuentra bajo la orbita de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que indique si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o procedimiento de análisis de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus posibles ampliaciones por parte de alguna de las pesqueras o firmas relacionadas.
Por Gonzalo Santamaría
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