El juez Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil Nº 3 de Bariloche, ordenó el embargo preventivo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde.
Es por irregularidades en la venta de terrenos. Un magistrado de Bariloche ordenó la medida preventiva sobre la dieta y el aguinaldo de la legisladora libertaria por 40,5 millones de pesos
Foto: Archivo / La Capital.
Luego del escándalo por el caso en Estados Unidos y su banca en el Senado, Villaverde enfrenta una demanda en Río Negro.
El juez Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil Nº 3 de Bariloche, ordenó el embargo preventivo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde.
La medida se tomó en el marco de una demanda por daños y perjuicios derivada del incumplimiento en la entrega de un terreno en la costa rionegrina.
El embargo busca cubrir la suma de 40,5 millones de pesos reclamada por un damnificado que asegura haber pagado un lote mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas sin haber recibido nunca la posesión del inmueble.
La resolución judicial ya fue remitida a la Cámara de Diputados para que se mantengan las retenciones hasta cubrir la cifra indicada.
La demanda hace referencia al loteo Tajamar, ubicado en Las Grutas, donde se comercializaron terrenos en cuotas durante 2020.
En expedientes similares, Villaverde alegó que las demoras en la entrega de infraestructura fueron consecuencia de las restricciones impuestas durante la pandemia.
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Existe otro expediente en San Antonio Oeste donde se reclama un resarcimiento de 100 millones de pesos por una situación idéntica.
El reporte judicial recuerda que la legisladora debió renunciar recientemente a su banca en el Senado debido a una causa vinculada al narcotráfico que enfrentó en Estados Unidos, en 2002, además de presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, un empresario asociado a Federico "Fred" Machado.
Villaverde renunció a su banca en la Cámara alta para, según afirmó, no ser “usada” contra el gobierno. Y amagó con hacer lo mismo con su escaño en Diputados, aunque finalmente dio marcha atrás.
Por su parte, el magistrado consideró que existen condiciones legales suficientes para la medida cautelar debido al “riesgo que implicaría la demora” en el proceso.
Por Aníbal Fucaraccio
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