Juego ilegal: Peiti confesó que pagó más de 250 mil dólares a políticos

Leonardo Peiti se presentó este jueves a la audiencia judicial en la que se pedirá el aval para una condena por manejar emprendimientos de juego clandestino en distintos lugares de la provincia. Uno de los sostenes de esa sentencia es una extensa declaración, la suya, en la que reconoció haber pagado sobornos millonarios a actores de la política, a fiscales y policías para desplegar su actividad.

La revelación más resonante pasa por la confesión de haberse contactado con el entorno del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, para entregarle dinero a fin de que su grupo político hiciera lobby para conseguir que el gobierno provincial lo habilitara como concesionario en emprendimientos de salas de juego legal en la provincia. Aludió asimismo a pagos a otros senadores de la provincia con el mismo fin. En su declaración dijo haber pagado más de 250 mil dólares para tal propósito.

“Habré puesto para la campaña unos 200 mil dólares que le di a Traferri. El no me los pidió pero yo se los fui dejando para la campaña. Y él se los llevaba”, dijo Peiti en su testimonio, según lo que se volcó en la audiencia que comenzó a las 9.30. Uno de los cuatro fiscales presentes en el trámite señaló que se pudo acreditar cinco reuniones en los que Peiti decía que se iba a encontrar con Traferri. “Las antenas demuestran que tras los avisos las dos personas se juntan”, indicó.

En un testimonio extenso y detallado volcado ante una jueza el pasado 13 de septiembre, Peiti contó que su llave de acceso a este sector fue Ricardo Paulichenco, ex apoderado del PJ y secretario Legislativo de la provincia, quien lo contactó con Traferri. El lugar y modo en que conoció a Paulichenco hizo abrir los ojos a quien seguían la audiencia: fue en el Club del Orden, una institución que reúne a los círculos sociales más tradicionales y acomodados de la ciudad de Santa Fe, donde funcionó durante años algunas ruletas, que Peiti aseguró que era uno de las tantas que explotaba.

En la audiencia, los fiscales sostuvieron que el caso exponía una “trama de corrupción” entre actores del juego ilegal, del Poder Judicial y de la política.

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En su extensa declaración, recogida en video, Peiti sostuvo que se allegó a Traferri para que lo ayudara a legalizar en su favor el negocio del juego. Dijo que merced a las gestiones de este grupo, a través del empresario y ex piloto de fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri, consiguió que lo recibiera el ex gobernador Miguel Lifschitz en la Casa de Gobierno. Sostuvo que en esa ocasión Lifschitz no lo hizo pasar a él sino a Larrauri. "Nos habrá atendido diez minutos, o sea al señor Larrauri, yo no entré, quedé afuera. Y lo sacó, lo limpió en diez minutos, le dijo que el socialismo no quería apoyar el desarrollo del juego y no tuvimos ninguna clase de chance ni éxito", sostuvo.

Reveló entonces que Traferri le dijo que lo iba a ayudar a legalizar en su favor el negocio del juego digital pero que para eso tendría que ganar Omar Perotti las elecciones. Fue por eso, sostuvo, que le entregó a Traferri sumas de dinero que llegaron a los 200 mil dólares. "El dijo que tenía todo armado con Perotti, para poder apoyar a Perotti y que gane Perotti, y entonces supuestamente yo lo fui ayudando, colaborando. Habré puesto para la campaña algo más de 200.000 dólares. Lo dí en varias entregas, y quiero dejar claro que él nunca me dijo tenés que dar tanto, yo lo fui ayudando.

Afirmó haberle dado 50 mil dólares al senador por Iriondo Hugo Rasetto y que también le había aportado durante varios meses 5 mil dólares a Paulichenco en cada entrega. Afirmó que Rasetto se oponía al juego en su departamento. "La traba que teníamos era Rasetto. Pero al tener la reunión con él se llegó a un acuerdo y él dijo está bien pueden jugar y nos autorizó".

Peiti también aseguró haber estado en una reunión cuya existencia se había probado en audiencias anteriores: una en la que participaron el ex diputado provincial del peronismo Darío Scattaglini, el senador Traferri y el ex secretario Legal de Villa Gobernador Gálvez, el abogado Jorge Fernández Chemes. Sostuvo que lo que cerraron fue que de la concesión del juego legal por la que se haría lobby institucional. Calcularon que con el negocio se obtendrían 1200 millones de pesos y el 30 por ciento de lo adjudicado “quedaba para la política y así la política decidía qué hacer con ese dinero y a buen entendedor pocas palabras”.

Pero finalmente el gobierno provincial, ya con Perotti en la Casa Gris, adjudicó las licencias del juego online a otro grupo, el que controla los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué. Frente a eso la conclusión de Peiti fue que las sumas millonarias que había pagado las había malgastado porque no consiguió su propósito.

Peiti sostuvo haber entregado dinero para el senador Lisandro Enrico (UCR/General López) aunque sostuvo que cedió los fondos a Paulichenco y no personalmente al legislador radical.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron haber preguntado si el señor Enrico había recibido ese monto. “Peiti respondió no saber si había recibido ese dinero lo que sí indicó es que a partir de esa situación pudo trabajar en el ámbito de esos departamentos, no sabía si por cuestiones de azar o por alguna intervención para favorecerlo. Peiti sostuvo que había arreglado con Scattaglini apoyar a Perotti. “Esto es lo que dijo y no lo que nos consta”, observó Edery

Los fiscales señalaron que en el testimonio de Peiti respecto de los sobornos que pagó a Traferri queda validada evidencia obtenida previamente. Por ejemplo audios en los que Peiti le cuenta a su esposa que se reunió con Traferri para hacerle un pago en San Lorenzo lo que también estaba, dijeron los acusadores, validado por el impacto de los celulares de ambos en antenas de San Lorenzo a la hora en que se decía iban a encontrarse. Con el reconocimiento de Peiti de que esa cita fue para entregar dinero, sostuvieron, aquella evidencia se ratifica.

En la audiencia se leyó la transcripción de un audio de una llamada en la que Traferri dialoga con Luis Rossini, el abogado de Peiti. En ese audio el senador le dice que hablará con los dirigentes socialistas Rubén Galassi y Antonio Bonfatti “para ver si llegan a Drivet”. Su referencia es al camarista penal Matías Drivet que tenía que fallar en causas penales contra Peiti. Luego el propio Traferri, según el fiscal, les indica que habló con esos dirigentes y que no tenían llegada. "Lo que se indica es que (Traferri) alguna gestión hizo", dijo Schiappa Pietra

Por esta imputación de explotación ilegal de juego los fiscales y la defensa de Peiti acordaron para el empresario una condena de seis años de prisión reducida a tres años de pena efectiva por el aporte que Peiti realizó como imputado colaborador. También le impusieron una multa de 48 millones de pesos más otros 17 millones por lotes de terreno en el barrio Tierra de Sueños de Casilda más dos vehículos.

La condena propuesta implicó también la investigación por acciones de juego ilegal de los fiscales de Melincué, Matías Merlo, y de Rafaela Guillermo Loyola.

El juez que debe valorar si homologa el juicio abreviado propuesto es Rafael Coria. En este mismo trámite fueron detenidos y sometidos a proceso el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad. Ambos fueron acusados de recibir dinero para omitir la persecución penal contra Peiti por sus emprendimientos de juego ilegal y entregar información sobre los procedimientos en su contra. Ponce Asahad, que también hizo revelaciones de esta trama como imputado colaborador, terminó condenado a tres años de prisión.

Al trascender este acuerdo el senador Traferri denunció a los fiscales Edery y Schiappa Pietra ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura por actuar con negligencia en la búsqueda de pruebas.

“En este caso pudimos avanzar en la prisión del fiscal regional Serjal y la condena a Ponce Asahad”, sostuvo Edery.

“Entendemos que corresponde el tratamiento como imputado colaborador del señor Leonardo Peiti porque la información que fue aportando resultó muy relevante para ascender en los estamentos más jerárquicos de que este tipo de organizaciones criminales puede prosperar, estamos haciendo referencia al poder estatal. Concretamente a fiscales y al apoyo político de esta organización, que tiene que ver específicamente con la colaboración del senador Armando Traferri, lo que nos impulsó a pedir el desafuero”, sostuvo Schiappa Pietra.

Los fiscales remarcaron que la acción que posibilitó descubrir esta red que describieron fue la extracción de contenidos de un teléfono de Maximiliano Díaz, acusado de la balacera al Casino City Center que se cobró la vida de un apostador, el 11 de febrero de 2020. Allí se advirtió que Díaz mantenía conversaciones con Peiti para pedirle información de detenciones por este hecho. Allí se descubrió que Peiti se comunicaba con la fiscalía y obtenía de allí datos. Ese fue el hilo que permitió llegar a Serjal y Ponce Asahad por aportar información “para que esta empresa criminal pueda prosperar”, dijo el fiscal.